Estados Unidos inició una campaña en Naciones Unidas a favor de los presos políticos cubanos, a la vez que denuncia la represión del régimen castrista, una encomienda que sería justo que se extendiera a todos los hombres y las mujeres que por sus convicciones democráticas se encuentren en prisión en cualquier país latinoamericano, a la que deberían sumarse activamente los gobiernos democráticos del hemisferio.

Esta campaña de solidaridad es tan significativa que es obligado preguntarse por qué no surgió antes, a la vez que es justo felicitar a los funcionarios del gobierno estadounidense por su firme respaldo a los hombres y las mujeres que por luchar por derechos universales están presos, un resultado del cual no deberíamos ser ajenos, pero que penosamente la historia recoge que ha sido así.

Por ejemplo, vemos la solidaridad que motiva el masivo éxodo de venezolanos, una realidad que debe abochornar al continente por no execrar un régimen que ha causado un desastre de tan grandes proporciones. Sin embargo, muy pocas veces se hace referencia a los numerosos presos políticos que hay en ese país. Los prisioneros políticos deberían ser un referente importante en la instrumentación de la política exterior de cualquier gobierno, en las campañas de los organismos internacionales y ONG en general, y muy particularmente en la prensa.

En la actualidad hay más de un centenar de presos políticos en Cuba, algunos llevan más de veinte años tras las rejas como Armando Sosa Fortuny y Ernesto Borges Pérez. En Venezuela, según el Foro Penal, hay más de doscientos prisioneros políticos. El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos afirma que en ese país los prisioneros políticos superan los 500, y en Bolivia, aunque el autócrata de Evo Morales lo niega, hay numerosos presos políticos según organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Los regímenes que se sostienen en la represión y el encarcelamiento de los que disienten deben ser repudiados y sus víctimas, apoyadas en todas las instancias. Sin dudas es justo evocar, nunca será suficiente, a los que sufrieron en los campos de exterminio nazi y en los gulag soviéticos, pero lo correcto habría sido el respaldo material y moral a quienes padecieron aquellos horrores cuando estaban ocurriendo, un deber que en el presente es mucho más factible cumplir.

La declaración universal de los derechos humanos, documento fundamental de Naciones Unidas, expresa: "Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión", manifiesta un apoyo explícito a quienes en defensa de sus derechos y los de la sociedad combaten una tiranía, y esa ha sido la conducta de quienes por sesenta años han enfrentado el castrismo y combaten en América sus nefastas secuelas.

Otro párrafo del preámbulo de la declaración dice: "Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre… Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso", enunciados que ha sido obviados de forma sistemática por la mayoría de los países miembros, entre ellos los gobiernos latinoamericanos que, con muy pocas excepciones, han pasado por alto este, al igual que otros muchos aspectos de la declaración, por apatía o simple complicidad.

Por décadas la dictadura dinástica cubana en contubernio con sus pares ideológicos, paradójicamente también con el respaldo de algunos de sus enemigos más acérrimos como las dictaduras militares y los gobiernos democráticamente elegidos, ha ejercido un férreo control sobre el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (Ecosoc). Tal control impidió en muchas ocasiones que organizaciones como Reporteros sin Fronteras y diferentes personalidades denunciaran en foros internacionales los crímenes del castrismo, por eso es de mucha satisfacción que esta campaña impulsada por la embajadora Kelley Currie, representante de Washington ante ese organismo, rompa el monopolio castrista con una propuesta que defiende los derechos de los más oprimidos del continente, los prisioneros políticos.

El autor es cubano. Periodista. Vivió en Venezuela por doce años. Preside actualmente el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo.