Cómo resolver el conflicto entre las manifestaciones urbanas y el derecho a la educación

Los piquetes, las manifestaciones y los cortes de calles se han vuelto parte del folclore urbano. Transitar por la Ciudad de Buenos Aires ya no es tan solo dificultoso, sino también peligroso. Por ello, la posibilidad de que el Gobierno proponga una reforma del Código Penal a los fines de limitar estas prácticas no puede ser sino calificado de auspicioso. Es claro que el Gobierno busca un equilibrio entre el derecho de protestar y el derecho de transitar. En palabras, por ejemplo, del ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro: "Hay que incluir los delitos que no existen cuando por ejemplo se arroja una piedra con la intención de dañar a otra persona".

Que un niño esté en una marcha y no en la escuela es el equivalente metafórico a tirarles piedras a su futuro. ¿O acaso no debería ser punible el hecho que en toda manifestación, piquete o corte de calle comprobamos, con horror, la presencia de menores, en lugar de estar recibiendo la educación que por ley deberían recibir?

Otras tierras, otras realidades. Días atrás leí con sorpresa, admiración, y a la vez tristeza, una nota de mayo pasado en el New York Times. Esta se ubicaba en Alemania, más precisamente en el aeropuerto de Baviera. Cada vez más familias alemanas vuelan al extranjero durante las vacaciones escolares, la tentación de comprar vuelos baratos, días antes del receso escolar, es importante por la diferencia en el precio de los pasajes una vez iniciadas las vacaciones. "Antes del comienzo y después del final de las vacaciones, podemos ver un gran aumento en los niños que se excusan como enfermos, en algunos casos, la tasa puede ser doble o triple de la usual", señaló un funcionario local.

Este hecho viola las causas que habilitan a un niño a faltar a la escuela, las cuales se establecieron mediante ley nacional, por primera vez, en 1919. Excepciones, tales como enfermedades u ocasiones especiales, deben ser justificadas con nota de un doctor o una carta de los padres, y requieren la aprobación del colegio.

¿La consecuencia? Mientras funcionarios de seguridad de los aeropuertos de todo el mundo se preocupan en identificar a los pasajeros en busca de potenciales terroristas antes de permitirles abordar un avión, la policía en Alemania busca niños en edad escolar y reporta a las familias que llevan los jóvenes de vacaciones sin autorización de las escuelas.

En la ocasión de referencia, un par de días antes del comienzo de las vacaciones de primavera de este año, la seguridad del aeropuerto de Baviera detuvo a familias que pretendían partir con sus hijos de vacaciones. Los padres fueron denunciados a las autoridades locales, lo cual puede conducir a multas que alcanzan los 1200 dólares. Es claro que para Alemania la educación es importante. Y por casa, ¿cómo andamos?

El gobierno de la provincia de Mendoza en los últimos años es digno de ejemplo. Una y otra vez sorprende con iniciativas disruptivas que privilegian el derecho de los niños a ser educados, medidas propias de un país del Primer Mundo y no de la realidad que nos hemos acostumbrado a vivir.

La legislatura de Mendoza acaba de aprobar el nuevo Código de Faltas, impulsado por el gobierno provincial, por el cual se podrá multar y hasta detener a padres que hagan faltar reiteradamente a sus hijos al colegio sin razón justificada. La multa podrá alcanzar los 14 mil pesos.

Viendo cotidianamente transitar por las calles porteñas manifestaciones con objetivos indeterminados, en los cuales encontramos niños y jóvenes en edad escolar, ¿el nuevo Código Penal no debería considerar un delito, de mayor relevancia que el impedir transitar por las calles de la ciudad, el impedir a estos niños ejercer su derecho a la educación? Yo creo que sí.

Los niños tienen el derecho a ser educados, sus padres, la obligación de respetarlo y el Estado debería tener el poder de policía para que así sea.

El autor es rector de la Universidad del CEMA y miembro de la Academia Nacional de Educación. Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA.