Nunca hubo tantos políticos corruptos presos en la Historia nacional. La impresionante lista de los 16 imputados que están en la cárcel por habérseles dictado prisión preventiva, y que incluye a un vicepresidente de la nación, dos ministros y al primo hermano del ex presidente Kirchner, Carlos, acaba de incorporar al primer condenado: Julio De Vido, convicto a 5 años y 8 meses de prisión por la masacre de Once. Hablemos de pacto de impunidad: Cristina, Máximo y Florencia irán a juicio oral por lavado de dinero en la causa Los Sauces; está confirmado su procesamiento en la causa Hotesur, acaban de citar a Máximo para que declare ante Claudio Bonadio dado que José López lo involucró, el fiscal Germán Moldes acaba de pedir la detención de Cristina y el doctor Ricardo Lorenzetti, supuesto garante de todos los pactos, ha dejado de ser presidente de la Corte Suprema de Justicia después de 11 años.

¿Sigo? Están hoy presos Amado Boudou, Julio De Vido, Héctor Timerman (excarcelado por su estado de salud), César Milani, Milagro Sala, Ricardo Jaime, José López, Roberto Baratta, Víctor Manzanares (contador de la familia Kirchner), José María Olazagasti, Juan Pablo Schiavi, Walter Fagyas (ex titular de Enarsa), Nelson Lazarte (ex secretario de Baratta), Fabián García Ramón (ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética), Hernán Gómez (ex asesor de De Vido) y Rafael Llorens (ex secretario Legal de Planificación). A los que habría que agregarles sindicalistas como el Caballo Suárez y el Pata Medina, empresarios como Cristóbal López, Gerardo Ferreyra y Lázaro Báez, o delincuentes comunes como Fernando Esteche. No solo nunca hubo tantos corruptos presos en la Historia nacional. Hay probablemente más corruptos presos hoy en las cárceles argentinas que en toda la Historia nacional en conjunto. Y las razones son, básicamente, dos. La primera es obvia: jamás, en la larga saga de un país cuya Historia se entreteje con la historia de la corrupción de su clase política desde los tiempos de la colonia… jamás, decía, se robó tanto como en los 12 años en que una mafia disfrazada de gobierno se dedicó a saquear el país y el Estado.

La segunda razón es menos obvia para algunos: lejos de propiciar un pacto de impunidad, la gestión de Cambiemos desató las cuerdas que ataban las manos de la Justicia, liberándola para que cumpliera sus obligaciones, y la dotó de mejores instrumentos, como la ley del arrepentido, gracias a la cual 23 acusados se han acogido a la figura de imputados colaboradores. Es por sus declaraciones que pudimos comprobar que los 12 años de trasiego de bolsos cargados con billetes de 500 euros no fueron fruto de la imaginación febril de un remisero sino el producto del mayor y más extendido episodio de corrupción de la historia del país y, acaso, del mundo entero. Al menos, durante el período moderno.

No fue magia, fue mafia. No fue corrupción sino un plan sistemático de saqueo ejecutado desde una asociación delictiva cuyo principal objetivo en el Poder fue quedarse con lo nuestro. Y el Congreso, esa institución descrita por Alexis de Tocqueville como "corazón palpitante de la democracia" y despreciada por los dictadores militares y los gobernantes populistas que arruinaron la Argentina, realizó una contribución decisiva a través de esa ley y varias otras que la complementaron, a lo que puede terminar siendo, si la Justicia aprovecha la oportunidad de redimirse, un Nunca Más de la corrupción en Argentina.

Pero es solo el comienzo. Que los fueros no establezcan privilegios medievales a favor de nadie, que los juicios conviertan las prisiones preventivas en condenas efectivas en el menor plazo posible y que los bienes que fueron substraídos a las arcas del Estado, y por lo tanto, al patrimonio que nos pertenece a todos, constituyen los tres objetivos inmediatamente sucesivos de un proceso verdaderamente legítimo de Justicia. Condenar, sí, pero reparar, también. Y no habrá reparación completa si los bienes que se llevaron no aparecen para volver a sus legítimos poseedores, los ciudadanos, en forma de frenos para los trenes del Sarmiento, obras cloacales para La Plata, autovías que reemplacen a las rutas de la muerte en las que fallecen cada año miles de argentinos, y en los hospitales y las escuelas que se llevaron en bolsos y valijas.

Con la esperanza de colaborar en el proceso, acabo de presentar un proyecto de aumento de las recompensas para quienes aporten a la identificación y recuperación de bienes obtenidos mediante actos de corrupción o fraude contra la administración pública. Tuve el honor de que me acompañaran en la iniciativa el presidente del bloque del PRO, Nicolás Massot, el del Interbloque de Cambiemos, Mario Negri, e integrantes de los tres partidos que lo integran de reconocida trayectoria en la lucha por la corrupción, como Paula Oliveto, Graciela Ocaña, Pablo Tonelli, Silvia Lospennato, Hernán Berisso, Eduardo Cáceres, Juan Manuel López y Diego Mestre.

La idea de la ley propuesta es simple: quienes arriesgan sus vidas y las de sus familias ofreciendo información acerca del paradero de bienes obtenidos mediante actos de corrupción merecen recibir una recompensa acorde y participar del programa de protección de testigos. La fijada por una reglamentación reciente del Ministerio de Seguridad, para la Causa de los Cuadernos, establece un porcentaje relativamente bajo (hasta el 5%) limitado por un máximo aún más insatisfactorio (dos millones de pesos). Además, el dinero surge de un fondo estatal y es el Poder Ejecutivo el encargado de fijar la cuantía, lo que deja abierta la sospecha de arbitrariedad y favoritismo en el proceso. No fue una mala idea en su momento, pero debe perfeccionarse y adquirir el valor legal de una ley. Por eso mi propuesta eleva el porcentaje total a entre un 5% y un 10% de los bienes, sin máximo; adjudica al juez de la causa la determinación del monto a ser entregado en concepto de recompensa y lo hace efectivo una vez recuperados y liquidados los bienes en cuestión, con lo que se evita todo riesgo de pérdida patrimonial para el Estado. Con ese objetivo, el proyecto establece los criterios que el juez debe considerar al decidir si la suma se acercará más al 5% o al 10%, entre los cuales el principal es el mérito de la información y su aporte concreto al hallazgo y la recuperación de los bienes.

Desde luego, ni los funcionarios públicos (quienes tienen la obligación de denunciar todo ilícito del que tengan conocimiento), ni quienes han participado de alguna forma en los delitos relacionados, tienen derecho a recompensa ninguna; ya que constituiría una flagrante anomalía que quien robó se lleve parte del botín con la complacencia de la Justicia. ¿Cómo estimular, entonces, la denuncia del paradero de los bienes robados si quienes han sido partícipes y cómplices quedan fuera de los beneficios? Y bien, complementariamente a esta ley estamos estudiando el mejor método legal para que quienes se acojan a la figura de imputados colaboradores deban testimoniar todo lo que conozcan acerca de la ruta del dinero y el paradero de los bienes ilícitos; bajo pena, si no lo hicieran, de perder los beneficios previstos por la ley del arrepentido.

Mayores recompensas y mejor protección a quienes brinden información fehaciente deberían redundar en un mayor volumen de los bienes recuperados y en una mayor celeridad del proceso. Ojalá lo entiendan así, sin distinción de partidos, todos los miembros de la Comisión de Legislación Penal en la que se tramitará el proyecto. Será un buen momento, en todo caso, para observar con mayor precisión quiénes están a favor de la impunidad y quiénes han hecho de la lucha contra la corrupción una parte inescindible de la agenda del Gobierno y de su labor política y legislativa.