La inseguridad, factor clave de la victoria de Bolsonaro

La contundente victoria en primera vuelta del candidato Jair Bolsonaro por poco más del 46% en las elecciones del pasado domingo 7 de octubre ha generado todo tipo de reflexiones y análisis. Desde ya, se enfatizó en el impacto que los escándalos de corrupción han tenido sobre la estructura del PT. Lo cual derivó en la peor elección de su historia. Su piso histórico fue en 1998, con 31% de los votos, frente a los 29% de esta oportunidad. Ni que decir del 46% obtenido por Lula da Silva en su reelección del 2006.

También se ha destacado el perfil de político poco convencional y por afuera de los partidos tradicionales que ha sabido explotar Bolsonaro. Pero, junto a estos temas, con igual o más fuerza aun, cabe mencionar el de la inseguridad y su impacto en la vida cotidiana de los brasileños, y en especial de las grandes ciudades del centro y sureste del país, donde los márgenes de victoria del capitán retirado sobrepasaron el 53 por ciento. Para ello cabría recordar que, en promedio, la violencia ligada al narcotráfico ha producido más de sesenta mil muertes anuales.

La militarización de las grandes ciudades fue ampliada y sistematizada durante los gobiernos del PT, en especial a medida que se acercaban dos grandes eventos internacionales como fueron el mundial de fútbol y las olimpíadas. Para ello, en el año 2004, el Gobierno de Lula autorizó a las Fuerzas Armadas la realización de inteligencia en el terreno de los puntos más calientes de las grandes ciudades para poder actuar de manera clara y directa cuando llegase el momento. En el 2008, ya durante su segundo mandado del ex líder del PT, no dudó en calificar muchas de las acciones armadas del narcotráfico como propias de grupos terroristas. Sin olvidar la existencia en el Brasil de la ley de derribo de aviones civiles usados por los narcotraficantes. El creciente poder territorial, económico y proyección regional de organizaciones narcotraficantes como el PCC con origen en San Pablo ha llevado a diversos especialistas a denominarlo como el grupo más poderoso que opera y operará en Sudamérica en los próximos años. El más reciente capítulo fue la intervención federal y militar de Río de Janeiro, en momentos en que el desmadre de la violencia alcanzó niveles nunca antes vistos. Frente a este panorama, una mirada y análisis de la propuesta de Bolsonaro y de su rival Haddad en materia de seguridad quizás sea también un buen indicador para entender lo que pasó el domingo y la razón de la amplitud de la victoria.

La agenda de seguridad en la campaña electoral de Haddad está a cargo del diputado federal Carlos Zarattini, ex afiliado al Partido Comunista y luego pasado al PT. Este legislador no contaría con una histórica u especial relación con temas de seguridad y de defensa. Los puntos más destacados y de fuerte tinte garantista se basan en: moderar la superpoblación carcelaria liberando bajo ciertas condiciones a los delincuentes con penas menores, reforzar aún más los controles y los límites a la venta de armas a particulares, avanzar en la desmilitarización de las policías militares, reforzar la Policía Federal, federalizar la lucha contra el crimen organizado, y revisar y poner en cuestión la base de datos unificada sobre delitos que está desarrollando el actual gobierno.

Las propuestas de Bolsonaro fueron preparadas por el general retirado Augusto Heleno, oficial del Ejército de gran renombre y que, entre otros destinos, fue comandante de la Operación de Paz en Haití al mando de más de seis mil efectivos, en su mayoría de Brasil, Argentina y Chile. Entre algunos puntos, destaca rechazar la liberación de presos, impulsar mecanismos para que, con los debidos controles, los ciudadanos puedan acceder a armas de uso personal, continuar y perfeccionar una base unificada sobre el delitos en el país, darles más capacidad al Estado y sus fuerzas para operar en zonas calientes de frontera y reservas indígenas que son aprovechadas por el narcotráfico. El general Heleno fue también comandante en la zona amazónica y fue un duro crítico de la política del PT en esa región, caracterizada por darles más y más poder a las ONG nacionales y extranjeras y a grupos indígenas. También propone darle marcos jurídicos a la policía para poder usar fuerza letal en casos en donde los delincuentes y narcos hagan ostentación de armamento, brindarles también más garantías legales a los militares que operan por pedido del poder político en la lucha contra el narcotráfico y reglamentar los mandatos de búsqueda y captura colectivos de suma utilidad en las operaciones de pacificación en favelas y otras áreas controladas por el narcotráfico y sus milicias.

Tanto Bolsonaro como Heleno destacan las cifras de respetados centros de estudios nacionales y extranjeros que puntualiza un promedio de 60 a 65 mil asesinatos anuales ligados a la violencia y en especial al narcotráfico. Llegando a un millón de civiles muertos desde 2003 hasta la fecha. El perfil de la persona a cargo de la plataforma de seguridad del candidato vencedor de la primera vuelta, así como su contenido, parecen más ligadas a un país asolado por la violencia y con algunas de sus principales ciudades militarizadas por orden de los gobiernos civiles que a lo largo de las últimas décadas no han podido o sabido enfrentar este desafío. Cabe tener muy en claro que Brasil no se militarizará a partir de comienzos de enero 2019, cuando todo indica que asumirá Bolsonaro, sino que ese fenómeno viene de antes y que parte sustancial de su plexo normativo se desarrolló durante los casi cuatro mandatos o gobiernos del PT.

Este escenario es la oportunidad para que el gobierno argentino le otorgue un contenido estratégico y de largo plazo en materia de seguridad entre los dos países. Frente a amenazas transnacionales, solo caben mayores niveles de coordinación y de cooperación. La relación bilateral nació como un proyecto geopolítico y no meramente como un tema comercial y económico. En este último aspecto, desde ya que es fundamental salir del statu quo en que ha caído el Mercosur. Buscando espacios compartidos para actuar frente a fenómenos de gran impacto como el ascenso económico, comercial y financiero de China, así como estar mejor parados en escenarios de tensiones comerciales de los Estados Unidos con esa potencia asiática o también con la Unión Europea. A la mayor y mejor lucha coordinada contra el narcotráfico y terrorismo, cabe agregarle el siempre clave y sensible sector nuclear. Donde ambos países, desde 1987, han dado grandes pasos en materia de medidas de confianza mutua, lo que representa un verdadero ejemplo para el sistema internacional.

Pero estos logros no implican que no haya que seguir perfeccionando, adecuando y ampliando lo hecho. Las crecientes presiones internacionales para la adhesión al Protocolo Adicional en Materia de Salvaguardias Nucleares deben ser hechas de manera realista y consensuada entre Buenos Aires y Brasilia. Asimismo, la adaptación de los instrumentos tan útiles y elogiados a las nuevas realidades como el avance del programa del submarino nuclear de Brasil y en materia de enriquecimiento de uranio. Un salto de enorme significancia estratégica sería que los gobiernos de nuestros dos países sumen esfuerzos y tecnologías en la prosecución del submarino nuclear. Las fortalezas de la Argentina en materia de tecnologías ligadas a reactores nucleares pequeños, así como civiles y militares con años de estudios en estos campos, podrían hacer una excelente sinergia con sus pares de Brasil. Desde ya este paso significaría dejar a un costado egos nacionales o espasmos de la política de competencia e inercias de juegos de suma cero que existían entre nuestros dos países hasta el proceso de acercamiento que comenzó con los gobiernos militares en 1979, y que luego fue ampliado y profundizado durante las gestiones de Alfonsín y Sarney, y Menem con Collor y luego con Fernando Henrique Cardoso.