Dos imágenes contrastantes recientes dan cuenta de la tensión social creciente: el lunes 24 por la tarde una multitudinaria movilización aglutinó a los movimientos sociales y a gran parte del arco sindical más combativo en la Plaza de Mayo y sus alrededores; el martes 25 esas mismas calles estaban desiertas producto del paro general convocado por la CGT. Las imágenes, dos formas de la acción colectiva, son paradójicamente expresiones de un mismo malestar progresivo y acumulativo.

El contexto es muy elocuente, si bien las condiciones generales de la economía y del mercado de trabajo se venían deteriorando, en los últimos meses se produjo un agravamiento significativo en todos los indicadores, como muestra un reciente informe del CETyD/Unsam: el desempleo alcanzó el valor más alto desde 2006, llegando casi a dos dígitos (9,6%); el empleo no registrado también creció hasta llegar al 34,3%, debido a que casi el 90% de los nuevos puestos de trabajo creados en el último año fueron informales o por cuenta propia, es decir, precarios. Entre los asalariados formales, además del escenario de despidos y suspensiones que se conocen a diario, la caída del poder adquisitivo parece no tener piso, dibujando una curva de sentido inverso a la inflación, que sigue sin techo. Varias proyecciones ubican esa mengua en el 11% entre diciembre 2017 y diciembre 2018, si no se producen nuevas subas salariales. Los empleados públicos, dentro de este universo formal, son uno de sus eslabones más débiles, agravado por un horizonte de déficit cero en que están incluidos sus salarios y sus puestos de trabajo. La degradación del Ministerio de Trabajo, entre otros, al rango de secretaría es otra muestra del lugar otorgado a los trabajadores en las prioridades gubernamentales.

En los sectores informales, la crisis económica, la inflación (que impacta sustancialmente en los bienes de la canasta básica) y las tarifas golpean aún con más fuerza. La consecuente suba significativa de la pobreza es un dato oficial.

En el marco del acuerdo renovado con el FMI, la única respuesta del Gobierno de cara a un futuro de corto y mediano plazo es más ajuste y empeoramiento de las condiciones generales de vida de los sectores populares, agudizando previsiblemente la conflictividad.

El sindicalismo que viene de atravesar una enorme fragmentación que superó la trazada históricamente por las distintas tradiciones, concepciones y prácticas que lo habitan, comienza a tejer nuevamente algunas tramas deshilachadas durante los últimos años del Gobierno anterior (y otras novedosas como el movimiento de mujeres sindicalistas). La magnitud de la pérdida va conformando un campo allanado para acercamientos y alianzas difíciles de imaginar poco tiempo atrás, algunas que ensayan desandar fracturas que se remontan a la etapa menemista. El multiforme y heterogéneo mundo del trabajo que reconoce situaciones de desigualdad creciente encuentra un punto de unificación y sutura frente a un gobierno que solo le ofrece sacrificios.

El paro, corolario y mojón de un proceso ascendente de movilización y protesta social, vuelve a evidenciar la capacidad de respuesta del movimiento sindical argentino (muchas veces tardía) y del potencial que tiene su necesaria articulación con los movimientos sociales, de cara a la reconstitución de un sujeto social capaz no solo de oponer límites a un modelo regresivo, sino también de formar parte central de un proyecto alternativo.

El autor es docente e investigador del Idaes/Unsam-Conicet.