La difícil Justicia

"Nunca es bueno que se pida la detención o se detenga preventivamente a un ex presidente", sostuvo el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en diálogo radial con El Destape, y se desató el pandemonio. Un día después, Menem fue sobreseído por la Cámara Nacional de Casación Penal por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia a pesar de que había sido condenado a siete años de prisión, de la que lo protegieron sus fueros. Sabida es la reacción de la doctora Carrió: un pedido de juicio político al Ministro. Ahora bien, ¿se equivoca Carrió o se equivocó Garavano?

Los errores del ministro Garavano son manifiestos, y él mismo lo ha reconocido. Primero de todos: otorgar una entrevista a un medio cuyo director -Roberto Navarro- es el emblema mayor de la cloaca en que el kirchnerismo convirtió a cada uno de los medios periodísticos bajo su control y financiación. Basta escuchar la nota entera para observar que la frase usada como título formaba parte de una serie de afirmaciones técnicas generales y no era reducible a casos específicos. Segundo error del Ministro: olvidar que una manifestación técnica (las prisiones preventivas deben ser, en efecto, excepcionales) y general (no es bueno para la imagen de ningún país, en efecto, que sus ex presidentes estén presos) puesta en boca de un ministro del Gobierno de un país en el que está en curso una revolución judicial sin precedentes es, inevitablemente, una declaración política específica; ni general ni técnica.

¿Significa esto que esté en marcha un complot gubernamental para consagrar la impunidad de Menem y Cristina Kirchner, como parece pensar Carrió? No parece. En primer lugar, porque las operaciones de la política sobre el Poder Judicial se han hecho siempre entre bambalinas y no a plena luz del día. En segundo lugar, porque dejarle las manos libres a la Justicia para que actúe independientemente, sin impulsar acciones ni frenarlas, ha sido uno de los mayores aciertos de este Gobierno. Los resultados están a la vista: nunca ha habido tantos funcionarios corruptos presos ni jamás los más poderosos empresarios del país han tenido que someterse a la Justicia como lo hacen hoy. En ambos casos, los procesos han tocado a personas sensibles para el Gobierno, como el primo hermano del Presidente, Angelo Calcaterra, o la diputada de la UCR Aída Ayala, sin que el Gobierno haya movido un dedo para garantizar la impunidad de nadie; lo que hace poco creíble una interferencia a favor de Menem o Cristina, sus adversarios políticos.

En tercer lugar, porque esta revolución de la Justicia que amenaza convertirse en un Nunca Más de la corrupción ha sucedido con el doctor Garavano como ministro, quien ha cumplido además un papel clave en la sanción del dispositivo legal que abrió la caja de Pandora: la ley del arrepentido, presentada ante el Congreso Nacional por Garavano. Finalmente, si la intención de Garavano hubiera sido la de presionar a favor de la liberación de Menem habría hecho esas declaraciones mucho tiempo antes y no con una sentencia ya escrita. Por el contrario, la sucesión inmediata entre declaración y fallo (un solo día) demuestra que Garavano no midió las consecuencias políticas de lo que decía y terminó pagando un costo fácil de evitar diciendo lo que dijo la semana sucesiva.

Lo sé. Muchos creen que Cristina libre es la garantía de que el kirchnerismo no se una al peronismo y Macri reelija en 2019. Muchos lo dicen, pero, ¿es creíble? Desde luego, resulta indiscutible que todos los actores políticos hacen ya sus cálculos y planean estrategias para el 2019, y que la prisión de Cristina es un elemento imprescindible de todos ellos. Pero de allí no se desprende que el Gobierno esté operando en la Justicia ni que una eventual prisión de Cristina le sea necesariamente desfavorable; con lo que la teoría del complot de impunidad encabezado por Garavano se cae. La prisión de Cristina, por ejemplo, no impediría que presentara su candidatura y mantuviera desunidos al peronismo y el kirchnerismo. ¿Para qué obstaculizar su prisión, entonces? Por el contrario, acaso esa prisión potenciaría sus posibilidades electorales, permitiéndole victimizarse e invisibilizar la corrupción de la que fue parte presentándola como una persecución política de Cambiemos. ¿Parece razonable facilitarle esta estratagema a la candidata opositora con más votos? Tampoco. Aún más, existe un proyecto para que Cristina no pueda presentarse como candidata: el de "ficha limpia" presentado por la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli y firmado por varios diputados del PRO (Wolff, Enríquez, López Koenig, etc.) entre los que me encuentro. ¿Por qué habríamos de apoyarlo si existiera un complot gubernamental para que Cristina sea candidata? Tampoco se entiende.

No es todo. La libertad de Cristina podría ser negativa para la imagen electoral de Cambiemos, y Cristina presa podría ser -en cambio- una formidable bandera electoral del cambio, especialmente útil en un momento en que la situación económica será peor que la proyectada originalmente. Y si la candidatura de Cristina se debilitase por esa prisión o un candidato sustituto débil debiese ocupar su lugar, no necesariamente sería una buena noticia para el Gobierno. En especial, porque los votos del kirchnerismo no irían a Cambiemos sino al rival más peligroso de Cambiemos: el peronismo que se dice no cristinista. ¿De dónde sacan entonces los consultores y perionistas varios que la prisión de Cristina perjudicaría inevitablemente las chances electorales de Cambiemos? Y si así fuera o así lo pensara Durán Barba, ¿justificaría esta idea una operación judicial encabezada por el Ministro de Justicia para garantizarle impunidad, operación que podría devastar la adhesión del propio electorado y dinamitar la alianza de Gobierno en un momento de dificultades económicas?

Como se ve, no solo no hay prueba visible de ningún tipo de complot sino que tampoco parece una estrategia razonable desde un punto de vista maquiavélico. Es por eso que tampoco me parece acertado el pedido de juicio político propuesto por Carrió. Quien exige, con razón, que el ministro tenga en consideración las consecuencias políticas de sus declaraciones debería hacer lo mismo con las propias. No había pasado un día desde los dichos de Garavano que Eduardo Menem, el hermano, declaraba también ante Navarro: "Carrió prendió la mecha para que explote el Gobierno". Los deseos imaginarios del peronismo. Pero aunque esto esté muy lejos de ocurrir, la utilización política de lo sucedido constituye ya un daño irreparable. Gracias a él, el peronismo de todos los colores intenta ocultar estos hechos: es peronista el presidente que vendió las armas ilegalmente, fueron elegidos por Ejecutivos peronistas y por un Senado con mayoría peronista los jueces que demoraron su causa por casi un cuarto de siglo, fue ese Senado peronista el que protegió sus fueros (y los de Cristina) y es peronista el Presidente de la Corte Suprema que ordenó un doble conforme de la condena y envió la causa a la sala que dictó la liberación de Menem.

La Justicia es siempre difícil, pero lo es más en escenarios de transición entre la Dictadura y la Democracia, como el de 1983; o entre el populismo y la República, como ahora. Por eso, las prisiones preventivas deben ser excepcionales, sí; pero están perfectamente justificadas en el caso de De Vido y de Cristina, cuyas operaciones de obstrucción a la Justicia han sido públicas y notorias por años. Dicho esto, sería bueno que los jueces se movieran con rigurosidad pero también con presteza. Una Justicia tardía no es justa. Por más culpables que sean, no queremos imputados en las cárceles a la espera de ser juzgados. Queremos la verdad, el fin de la impunidad y la recuperación de los bienes. Ojalá tomen nota los fiscales y jueces que heredamos de un cuarto de siglo de hegemonía peronista y destrucción de las instituciones. Es lo que hay, y tiene que ser suficiente para acabar con la impunidad. Y rápido.

También es sano y republicano que una aliada del Gobierno sea capaz de criticar públicamente a un ministro del Gobierno; sobre todo, cuando la crítica está justificada. No somos verticalistas ni tenemos jefes como ellos. Pero un juicio político es una herramienta extrema que solo debería usarse en casos extremos de incompetencia o culpabilidad delictuosas. "Por mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes", dice el artículo 53º de la Constitución Nacional que los regula. No parece ser el caso de Garavano, y una eventual votación en la Cámara para aprobar su enjuiciamiento tampoco es el mejor escenario para la unidad de Cambiemos. Especialmente, frente a una oposición cada vez más dispuesta a todo a medida que se aproxima el juicio de sus dirigentes. Una declaración fuerte, en el mejor estilo de Carrió, hubiera bastado. Pero la libertad es libre, y las virtudes y méritos de la doctora Carrió siguen superando, por mucho, sus defectos.