Cuando Ulises y sus hombres cruzan el estrecho de Mesina, ven un acantilado cuya cumbre está cubierta de nubes negras perennes. Más abajo hay una cueva, de donde irrumpe Escila, una criatura de seis cabezas de serpiente, con tres hileras de dientes, que devora a seis de ellos. Tras otro acantilado más pequeño, coronado por una higuera de gran follaje, espera Caribdis, un remolino que tres veces al día sume el agua del estrecho y luego la expulsa furiosamente, destruyendo las naves y criaturas a su alcance. Tanto en La Ilíada como en La Odisea, frente a la estatura heroica de Aquiles, Ulises resulta ser un personaje calculador, engañoso, contradictorio, pero de carne y hueso. Ulises sabe, por ejemplo, de Escila y Caribdis porque lo previene la hechicera Circe, pero no se lo cuenta a sus compañeros, para que la misión siga adelante. Es que debe navegar aguas procelosas e imprevenibles, con cartografía insuficiente y víctimas propiciatorias, y calibrar el riesgo de hablar y hacer de más, demasiado poco y de ser atacado con artería. Así es la tarea del líder político.

La Argentina no mejora y no solamente porque el trámite de su economía es casi siempre muy malo y el de su política, aun peor. No se ve la luz al final del túnel y la baja calidad de los dirigentes no da margen ni para la complacencia ni para más de lo mismo.

Que un grupo de delincuentes abusara del poder de 2003 a 2015 no explica que, pasados tres años, el contribuyente nacional o el inversor extranjero no puedan contar con información fehaciente, exhaustiva, en línea y rubro por rubro, del estado de situación hasta y desde el 10 de diciembre de 2015. Se necesita un punto único de información, como el del recuperado Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) pero mucho más ambicioso, mejor ilustrado y de fácil comprensión.

Un grupo de tecnócratas, de reconocida experiencia en el sector privado y en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde 2007 y de la provincia de Buenos Aires y la Nación desde 2015, nos instó a creer que habíamos dejado atrás la improvisación y la incapacidad de respuesta. Como está claro que la realidad los sorprendió desprevenidos, están remontando la cuesta de la credibilidad como Sísifo su roca. Sus perspectivas de éxito se miden, inexorablemente, a precio dólar y en tiempo real.

El Gobierno se preocupa por informar, pero el esfuerzo de comunicación es insuficiente. Por ejemplo, el apartamiento de miembros importantes del equipo de gobierno se resolvió, una y otra vez, sin explicaciones convincentes para la opinión pública. Como mostrar buenas maneras no fue una preocupación, solo fue una sorpresa para el Gobierno que, al volver a ser convocados, algunos no sintieran ningún prurito en divulgar su negativa a través de los medios de difusión.

Por decisión presidencial, el jefe de gabinete de ministros ejerce autoridad delegada de supervisión, control y casación sobre todas las áreas de poder. Sin embargo, como establece el artículo 100 de la Constitución Nacional desde la reforma de 1994, el jefe de gabinete es responsable políticamente ante el Congreso de la Nación. Cómo se dirima esta divergencia institucional —el principal operador político del Presidente ocupa una función constitucional creada para que el Parlamento limite la discrecionalidad del Ejecutivo— tendrá incidencia en cómo se transitará el camino de alianzas y negociaciones de los próximos meses.

Al Presidente le cuesta cada vez más aligerar el costo político acumulado por los errores de sus agentes y los suyos propios. Sus limitadas dotes de comunicador no convencen y hasta crean problemas. Debería contar, durante los próximos meses de ajuste peraltado, con un vocero experimentado.

Perdida por impericia la oportunidad de fijar líneas rectoras duraderas, la administración de crisis no da margen más que para anuncios de agenda. Una política exterior bienintencionada, luego de tanto desmadre filochavista, parece resumirse en poco más que proyectar a la Ciudad de Buenos Aires como sede de megaeventos. Ya nadie espera de la cumbre del G20, a principios de diciembre, más que incomodidades.

No siempre fue así. Bernardino Rivadavia, Vicente López y Planes y Roque Sáenz Peña, antes de ser jefes de Estado, acometieron políticas exteriores de alto voltaje. En 1902, el canciller Luis María Drago condenó erga omnes el uso de la fuerza armada contra países soberanos por sus incumplimientos financieros, en momentos en que la Argentina era el segundo destino en el mundo de las inversiones de uno de los agresores. Fue por iniciativa del canciller José María Cantilo que la Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de Naciones en 1939, tras invadir Finlandia a resultas del pacto Molotov-Von Ribbentrop. El canciller Juan Atilio Bramuglia, cuando presidió la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reunidos en París, en 1948, con el mero peso de su personalidad obligó a rusos y estadounidenses a llegar a una solución negociada al bloqueo de Berlín. En tiempos de hiperinflación, el canciller Guido Di Tella desmalvinizó las relaciones con Gran Bretaña, concentrando la atención en la resolución de los diferendos limítrofes pendientes con Chile.

La política y economía argentinas, sujetas como están a compromisos multilaterales y bilaterales mayúsculos, no pueden desconocer lo complejo e incomplejo de las decisiones en cierne. Afortunadamente, la coalición de Gobierno cuenta, dentro de sus propias filas, con talento idóneo para pilotear las tormentas que acechan a la nación. Economizar en errores evitará frustraciones, especialmente en la selección de los mejores para cada responsabilidad.

El autor es profesor de Economía y Gobernanza Internacionales, Escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales de Ginebra.