Si hay un modelo de política pública efectiva en términos de reducir la demanda de drogas, no caben dudas de que esta es la del tabaco. Restricción de fumar en ámbitos públicos, control de los puntos de venta, incremento en los gravámenes para aumentar el precio, empaquetado neutro y prohibición absoluta de estimular el consumo desde el marketing son algunas de las medidas adoptadas por la mayoría de los países del mundo para frenar lo que hasta no hace mucho era un verdadero problema de salud pública global.

El Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT-OMS), con vigencia desde comienzos del 2005, representó un verdadero cambio de paradigma en el desarrollo de una estrategia de reglamentación para abordar el problema de las sustancias psicoactivas legales, con eje en la reducción de la demanda y el control del suministro. Hoy, en la mayoría de los países, las tasas de tabaquismo son más bajas que hace 15 años. ¿Y si aplicamos el mismo plan para resolver el problema del alcohol? Pareciera que el mundo se encamina en el mismo sentido.

La última Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas dejó como resultado una importante declaración política de los Estados miembro para tomar medidas contra las enfermedades no transmisibles, la mayoría provocadas por el tabaquismo, el alcoholismo y los alimentos altos en azúcar. En lo que algunos denominan una "declaración de guerra al alcohol, el tabaco y el azúcar", los jefes de Estado asumieron el compromiso de adoptar trece nuevas medidas para combatir enfermedades como el cáncer, la diabetes, la cirrosis y la hipertensión. La limitación de la publicidad de las bebidas alcohólicas, la prohibición de fumar en determinados espacios y los impuestos a las bebidas azucaradas son alguna de ellas.

El último informe de la Organización Mundial de la Salud puso cifras y cuantificó la epidemia: cada año se producen 3,3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol. Dicho de otro modo, una de cada veinte muertes en el mundo. Y en el grupo etario de 20 a 39 años, un 25% de las defunciones son atribuibles a esta droga. El consumo nocivo no solo tiene consecuencias sanitarias, como trastornos mentales y comportamentales, enfermedades no transmisibles, traumatismos, lesiones o enfermedades infecciosas o de transmisión sexual. Repercute en pérdidas sociales y económicas importantes, tanto para las personas como para la sociedad en su conjunto, que no son cubiertas por los impuestos que las bebidas alcohólicas tributan.

Recientemente, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington (IHME, por sus siglas en inglés) publicó en la revista médica The Lancet un estudio que recoge la mayor base de evidencia científica hasta la fecha en torno a los efectos del alcohol sobre la salud, y que incluso quiebra el romanticismo en torno al consumo saludable o beneficioso. En este sentido, cada vez existe mayor coincidencia en la comunidad científica internacional de que no existe un umbral de consumo seguro de alcohol que permita eliminar los riesgos. Según establece el trabajo, que utilizó 694 fuentes de datos sobre el consumo de alcohol a nivel individual y de la población junto con 592 estudios prospectivos y retrospectivos, tomar una bebida al día aumenta al año el riesgo de padecer un problema de salud en un 0,5 por ciento. Si el consumo es de dos bebidas diarias, el riesgo anual sube al 7 por ciento. Y si esta ingesta se eleva a cinco tragos, las posibilidades de enfermar se disparan al 37 por ciento. El informe concluye que nos encontramos ante un problema de salud global colosal, que requiere medidas de control similares a las aplicadas con el tabaco. Argentina no está exenta: según datos del 2016, en nuestro país fallecieron 7700 hombres y 4700 mujeres a causa del alcohol.

El año pasado, la Asociación Médica Mundial (AMM) emitió una declaración sobre el alcohol con una batería de propuestas muy similares a las aplicadas con el tabaco que incluyen políticas de precio (impuestos basados en la graduación alcohólica y precios mínimos por unidad); control de la disponibilidad (edades mínimas para el consumo y limitación en la cantidad, ubicación y horarios de los comercios autorizados con licencia para la venta); etiquetado obligatorio (contenido de alcohol por unidad y advertencias sanitarias); campañas de comunicación perdurables (información sobre el consumo nocivo de alcohol, los efectos de la ingesta de alcohol entre menores de edad y los riesgos de la conducción bajo los efectos del alcohol); capacitación de los profesionales de la salud (detección temprana y abordaje breve en casos de consumidores de alto riesgo); medidas disuasivas contra la conducción bajo los efectos del alcohol (control de alcoholemia aleatorio e intervenciones legales para los conductores reincidentes); freno al lobby de la industria del alcohol en la elaboración de políticas públicas. La declaración también propone considerar seriamente la posibilidad de avanzar hacia un convenio marco para el control del alcohol, similar al vigente con el tabaco.

A pesar de todo lo dicho, la principal barrera a vencer pareciera ser la percepción social sobre la problemática. Aún no existe verdadera conciencia sobre el enorme daño socio-sanitario del alcohol. En este sentido, los medios de comunicación juegan un rol fundamental no solamente en la conformación de las creencias, las intenciones, las actitudes y los imaginarios de una sociedad en un momento determinado. También son determinantes en moldear qué es un problema, qué debe estar en agenda pública, y sobre qué temáticas un gobierno debería intervenir para diseñar políticas activas e integrales. La principal diferencia entre el alcohol y el cigarrillo es que hoy nadie discute que fumar sea perjudicial para la salud. Pero el alcohol, a diferencia del tabaco, aún goza a su favor de una temible herramienta de manipulación masiva: la publicidad.