La Justicia debe frenar la lógica redistributiva del populismo

En días donde sale a la luz la corrupción existencial del Estado argentino, viene a mi mente en forma recurrente la expresión "la dama buena que regala lo ajeno" con la que José Ignacio García Hamilton se refería a Eva Perón. En sencillas palabras, José ponía el acento en la esencia del comportamiento populista: hacer caridad con el dinero de otro, no del propio.

Esta frase tan simple, y sabia a la vez, describe la lógica redistributiva de las democracias que carecen de un sistema de límites al accionar de los gobernantes. En países más desarrollados institucionalmente, los primeros mandatarios ejercen un rol similar al que ejercen los administradores de un edificio (que no es de ellos) y son considerados servidores públicos, que deben responder por sus actos ante los demás poderes, especialmente ante el Judicial, pero también el Poder Legislativo. Los políticos se encuentran maniatados para desarrollar políticas populistas, redistributivas y corruptas, que podrían aumentar el apoyo entre los beneficiarios de tales beneficios, condenando al resto de la sociedad a pagar los costos de la perversa fiesta.

La ausencia de límites al comportamiento del Poder Ejecutivo (en el caso argentino, de nuestros presidentes) es una combinación peligrosa que suele culminar en finales económicamente explosivos y socialmente devastadores. En un contexto donde el presidente o la presidenta son todopoderosos: ¿Por qué no repartir lo que no es de ellos? ¿Por qué no elevar la presión impositiva hasta el punto de asfixiar a los sectores que sí producen? Vilfredo Pareto, asesor de Il Duce Mussolini, le recomendaba sacar recursos a los pocos más ricos y dárselos a los muchos más pobres. De esa forma, perdería el 20% del apoyo, pero ganaría el 80% del apoyo popular.

Por ello es tan fundamental el rol de la Justicia para frenar esta tendencia redistributiva. El funcionamiento de una Justicia rápida, efectiva y sin temores es un pilar fundamental para el desarrollo de una democracia con límites y no una democracia mayoritaria, populista e impredecible. No resulta esperable que un país sea atractivo para inversiones de largo plazo sin la existencia de un soporte institucional sólido. El buen funcionamiento de la Justicia es uno de los cimientos que diferencia a los países desarrollados de los no desarrollados, que, como consecuencia de su imprevisibilidad, estarán condenados a atraer inversiones oportunistas de plazos cortos y a una eterna dependencia de productos con poco valor agregado.

Argentina es una república desde lo formal, pero no desde lo real. La división de poderes aún no se ha afianzado en nuestro país adolescente. Solo el real funcionamiento de la división de poderes y el federalismo (que debería hacer responsable a cada provincia de administrar su realidad) posibilitará terminar con esta madeja de intereses cruzados, muchas veces disfrazados de ideología.

Ojalá estemos ante el despertar de instituciones que permanecieron sedadas por mucho tiempo que impidan que los políticos continúen haciendo caridad con el fruto del esfuerzo de la ciudadanía que abraza el camino de la productividad.