La tutela de las víctimas de delitos es una política de Estado

Por María Luciana Carrasco

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En nuestro país existía una deuda pendiente con las víctimas de delitos, quienes generalmente debían experimentar el destrato y abandono por parte del Estado. Habitualmente eran excluidas durante la investigación del hecho y se convertían en espectadoras, sin poder asumir ningún tipo de intervención. Las víctimas miraban desde afuera.

A causa de ello, el Estado Argentino, junto con un grupo de víctimas, sancionó la Ley 27.372 que promueve y garantiza los derechos de toda persona víctima -directa o indirecta- de delitos.

La norma creó el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) a través de la red nacional de Centros de Acceso a la Justicia. Con el CENAVID, el Estado apoya a las víctimas, atendiéndolas de manera inmediata —durante las 24 horas del día a través del número de teléfono 149—, garantizando su seguridad en los casos que corresponda, brindando hospedaje temporal y alimentos cuando sea necesario y otorgando atención médica, psicológica y jurídica para evitar la revictimización.

Asimismo, la ley establece la figura del Defensor Público de Víctimas, cuyos primeros candidatos están a consideración ciudadana, y cuya misión es asistir legalmente a las víctimas en situación de vulnerabilidad.

Ahora bien, en el marco de una política de Estado que tiene como fundamento la participación ciudadana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, creó el Observatorio de Víctimas de Delitos, que tiene por objeto el seguimiento y la evaluación de la implementación de la Ley de Víctimas.

El Observatorio está integrado por víctimas de todo el país que vienen trabajando ad honorem, par a par con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el comienzo de la gestión. No obstante, participan activamente víctimas de todo el país que están dispuestas a arremangarse y dejar todo, y solo tienen como objetivo mejorar las cosas, sin peleas por protagonismos o estrellatos.

Además, a través de la plataforma online de Justicia 2020, todos los ciudadanos que quieran colaborar pueden hacerlo de manera sencilla y directa; y así también podrán están informados de todas las actividades. Ejemplo de ello, es la próxima reunión de trabajo de la iniciativa de "Implementación del Centro de Asistencia de Víctimas de Delitos (CENAVID)", que se realizará el miércoles 26 de septiembre a las 11 en Sarmiento 329, sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Desde el Observatorio de Víctimas actualmente estamos trabajando en distintos ejes: el primero es la conformación de la Red de Observatorios Federal, para replicar el Observatorio Nacional en cada provincia del país; cuenta con la particularidad de que, además de cumplir funciones de monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito y la ley, pueda producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de política pública de víctimas del delito.

Y el segundo de ellos está vinculado con la capacitación. Entendemos que es a través de la educación que se mejoran las cosas, y las universidades son el semillero de los próximos protagonistas del sistema. Por ello, presentaremos a las Universidades una asignatura vinculada con la tutela de los derechos de las víctimas para que la incorporen a sus programas de estudios.

En esa línea, estamos recorriendo todas las provincias difundiendo los principios, los alcances y el funcionamiento de la Ley N° 27.372. Así, buscamos que los actores del sistema judicial y las áreas de protección provinciales y locales incorporen la perspectiva y el enfoque de protección y asistencia a la víctima.

Somos conscientes del gran trabajo que nos queda por delante. También sabemos que las políticas de Estado serias –como la tutela efectiva de los derechos de las víctimas de delitos- requieren un proyecto y un tiempo de desarrollo. Las soluciones mágicas no existen, solo el compromiso de dar cada día todo para cambiar las cosas y que esos cambios perduren en el tiempo.

*La autora es coordinadora del Observatorio de Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación