El 31 de agosto ingresó a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un nuevo proyecto de creación de la UniCABA. Reemplaza al que fue anunciado, de forma inconsulta y arbitraria, por la ministra Soledad Acuña el 22 de noviembre de 2017. Las comunidades educativas de los 29 Institutos de Formación Docente entraron en un inédito proceso de movilización y debate. Asimismo, especialistas de diferentes extracciones y los sindicatos se expresaron en contra.

El nuevo proyecto, en rigor, solo introduce dos modificaciones. La primera, puramente cosmética: la UniCABA deja de llamarse "Universidad de Formación Docente", el proyecto la nombra como "Universidad de la CABA". En segundo lugar, la nueva institución no absorbe a los 29 institutos de formación docente, tal como queda implícito en el artículo 3. Sin embargo, quedan expuestas algunas ambigüedades que relativizan este "triunfo".

Superposición de la oferta

El artículo 16.e del proyecto plantea que la UniCABA tendrá por objeto "implementar cursos y acciones de formación docente inicial": ofrecerá carreras de formación docente, como los IFD. Este punto entabla una competencia entre el sistema formador actual, que no tendría ningún sentido si el objetivo general fuera mejorar la formación docente. ¿Por qué no destinar presupuesto y personal a mejorar el funcionamiento de los profesorados, en vez de crear una institución nueva que compita con ellos? ¿No sería duplicar presupuesto, en un contexto de crisis fiscal? ¿O el objetivo de fondo es apostar a una muerte lenta de los profesorados, por medio de acciones futuras que boicoteen las cursadas en los IFD y una brutal promoción marketinera de la UniCABA?

La persistencia de este inciso da la certeza de que esta última pregunta es la línea seguida por Horacio Rodríguez Larreta: la eliminación gradual de los institutos de formación docente.

No se garantiza la autonomía de los IFD

Los IFD de CABA tienen Consejos Directivos elegidos democráticamente entre sus claustros. Sin embargo, los planes curriculares, que fueron actualizados por última vez entre 2014 y 2015 y aún no tienen egresados, son jurisdiccionales, es decir que las carreras están aprobadas por el Ministerio de Educación de CABA y el Consejo Federal de Educación. La autonomía permite organizar la oferta educativa en función de la demanda, promoviendo líneas de innovación educativa de acuerdo con sus prioridades, sin depender de funcionarios ministeriales que, en el caso del PRO, parecen desconocer por completo el funcionamiento de los profesorados.

El artículo 6 plantea la centralización de "información y gestión administrativa y académica" de los IFD en el Ministerio de Educación, de manera que no explicitar claramente el respeto a la autonomía actual deja abierta una puerta que puede terminar aniquilándola.

¿Quién evalúa a los IFD?

Los artículos 7 a 13 plantean la función indelegable del Ministerio de Educación de CABA de evaluar a los profesorados. El artículo 9 es muy detallado al respecto, y el 10 incluye la instancia de una "evaluación externa" de los IFD. ¿Quién realizaría esa evaluación y con base en qué criterios? El artículo 13.e nos da una pista: es el Ministerio el que elabora los instrumentos y la metodología, en fin, los criterios de esa evaluación, y en ninguna parte se menciona la participación de los IFD en esa instancia.

La evaluación de las instituciones educativas con autonomía siempre debe realizarse con la participación genuina —y no meramente testimonial— de esas instituciones. La definición de los criterios, los instrumentos y las metodologías de la evaluación debe hacerse de forma conjunta con los profesorados —y no de forma adicional a la "autoevaluación" que se menciona.

Dejar abierto este frente implica aceptar a cualquier internacional, ni siquiera educativo (¿El Banco Mundial? ¿El FMI? ¿La OCDE? ¿Qué saben de la formación docente en la CABA?), que evalúe a los IFD con el objetivo concreto de destruirlos.

¿De dónde sale el presupuesto?

El artículo 19 prevé que inicialmente el Poder Ejecutivo de CABA puede realizar modificaciones presupuestarias para dotar a la UniCABA de los recursos necesarios. ¿No habilita esto a que Rodríguez Larreta, a sola firma, desarme a los IFD reduciendo su presupuesto para transferírselo a la UniCABA? ¿O a que toque cualquier nivel del sistema educativo porteño para eso? En la jurisdicción más rica del país, debe quedar rotundamente explícito que ninguna partida destinada a educación, salud, seguridad ni transporte se verá afectada para habilitar la existencia de la UniCABA.

Por fuera de estos cuatro puntos, resta un interrogante central. Desde el oficialismo sostienen que el GCBA está en "buen estado financiero" para abrir la UniCABA sin restar presupuesto a otras áreas. Cabe preguntar entonces, ¿por qué Rodríguez Larreta y Acuña se niegan a reabrir la mísera paritaria docente para ofrecer un salario digno? Ese, y no otro, es el primerísimo primer paso para jerarquizar la profesión docente.

El autor es profesor de Historia por el ISP Dr. Joaquín V. González y magíster en Historia (Unsam). Docente en los niveles medio y terciario de la Ciudad de Buenos Aires. Autor del blog fuelapluma.com, donde aborda diferentes aspectos de la problemática educativa.