La educación sexual y los derechos inalienables

Salvo excepciones horrendas, los padres son los mejores y más interesados educadores de los hijos. Nadie en el mundo tiene más amor e interés que una madre y un padre por sus hijos. Los hijos son, para la mayoría de las mamás y los papás emocionalmente sanos, el proyecto más importante de sus vidas. Ninguna ley puede cambiar esa realidad. Se trata de algo relativo, pero no porque mute en el tiempo, sino porque se involucra la relación padres–hijos, la cual no puede reemplazarse desde afuera del núcleo familiar por más que se manipule o promulgue una ley. Ni en el caso de que una pareja no continúe la relación como tal deja de tener el mayor amor por sus hijos.

Por otra parte, los hijos tienen el derecho a ser defendidos por sus padres conforme a una responsabilidad tan racional como natural, ya que se arraiga en los más profundos sentimientos paternos.

Nuestro país está ingresando en un totalitarismo orquestado por organizaciones que se arrogan el derecho a imponer su visión de la vida y la sociedad como si tuvieran el conocimiento absoluto, conocimiento este que nadie posee, pues la ignorancia humana es infinitamente mayor a cualquier certeza o saber provisorio. Todo aquel que crea en la peligrosa idea de tener un conocimiento absoluto asume una posición totalitaria, porque tal certeza asfixia el espacio a cualquier otra posición, idea o razonamiento y es en esa actitud que se cultiva el germen de la imposición a como dé lugar, incluida una legislación que obligue el cambio de las relaciones humanas.

El intento por derogar el artículo 5 de la ley 26150 denominada "Programa Nacional de Educación Sexual Integral" (y otras leyes provinciales semejantes) llama a la sociedad a asumir una posición clara que, desde el respeto a la libertad de las decisiones individuales, rechace la agresión totalitaria de quienes pretenden utilizar al Estado —última ratio del fundamentalismo de la ideología de género— para imponer una antojada visión sin fundamento científico último (ya que la ciencia es por definición falible). Otra vez, sin certeza absoluta, dado que no hay verdades definitivas en el conocimiento humano.

Las escuelas privadas elegidas por mamás y papás deben ser libres de enseñar temas polémicos conforme a la visión que pudiera tener la propuesta educativa integral de cada establecimiento. En ese orden de ideas, son los padres quienes deciden qué oferta educativa desean para sus hijos. En las escuelas públicas financiadas totalmente por los impuestos de todos, es decir, por personas de diversas formas de pensar, no deberían tratarse temas polémicos que colisionen con las múltiples aproximaciones que podrían existir en el seno de la sociedad. Esto debería ser así aun cuando las mayorías desearan imponer su propia y única teoría en temas tan sensibles como la educación sexual. Aunque aceptar la educación sexual en escuelas de financiamiento y programa estatal sería ceder en una cuestión de indubitable potestad compartida solo entre mamás y papás, no se puede admitir que los padres sean ignorados en el diseño de las metodologías y los límites a los temas que los docentes abordarían. Fue con ese espíritu que el legislador se inspiró para incluir el artículo 5 de la ley 26150 que se pretende derogar.

Cuando una facción busca forzar al resto de la sociedad a hacer su voluntad por medio de la ley, toda la comunidad corre peligro en este y otros asuntos. Hoy podrá ser una cuestión que resulte relevante a algunos, pero mañana la misma estrategia podría obligar a todos a ser lo que no somos sino lo que otros quieren que seamos. Si aceptamos que se avasallen derechos indubitables, será cuestión de tiempo para que las libertades y los derechos conquistados a lo largo de siglos se escurran por el drenaje rápidamente.

El autor es periodista, licenciado en Ciencias Políticas y magíster en Economía y Ciencias Políticas.