La incertidumbre por el rumbo de la economía persiste en la agenda pública como uno de los temas que más preocupa al electorado. Frente a ello, el Gobierno nacional busca articular una serie de estrategias con el objeto de reducir el potencial impacto en el escenario electoral, al tiempo que intenta, con suerte dispar, transferir algunos de los costos del ajuste a gobernadores e intendentes que también comienzan a posicionarse en el tablero de las elecciones con sus propias tácticas.

En el momento en que trasciende una supuesta intención del oficialismo de eliminar las PASO como un gesto de austeridad, el peronismo parece buscar superar obstáculos de cara a la construcción de una alternativa competitiva para el 2019 que evite la dispersión del espacio en múltiples ofertas electorales.

¿Es la economía, estúpido?

Uno de los elementos más relevantes en una campaña electoral reside en la disputa por la definición del terreno de la contienda, lo que alude a la operación consistente en estructurar el campo en el que se dirimirá la "batalla comunicacional". Siguiendo esta definición, quien aspire a ganar las elecciones deberá imponer en el escenario discursivo de la campaña los temas que más lo benefician, forzando a los rivales a discutir sobre ellos.

Cuando un presidente se presenta a elecciones en búsqueda de la reelección, arrastra consigo un peso adicional. No solo tiene que aspirar a instalar un terreno discursivo favorable, sino que además debe defender su gestión del ataque de las otras fuerzas. La economía es, en este marco, una de las variables que más desgaste generó al Gobierno de Mauricio Macri, un terreno que a priori beneficiaría ampliamente a un candidato opositor en el próximo proceso electoral. En una semana caracterizada por la nueva escalada de la divisa estadounidense, que volvió a cotizar por encima de los 40 pesos, la sensación generalizada en la sociedad es que el Gobierno nacional no está logrando controlar las variables económicas en general y el dólar en particular.

Suele afirmarse que la economía es la cuestión central que incide en las decisiones electorales. Es innegable que a los electores les preocupa su propio bienestar material y el de sus familias, pero ello no implica en absoluto que la suerte dependa exclusivamente del rumbo de la economía.

Es cierto que ella ocupa un rol protagónico en la articulación discursiva de muchas campañas electorales en todo el mundo, pero también es cierto que muchos gobiernos han perdido elecciones aun en contextos económicos favorables.

Frente a ello, la apuesta del Gobierno será repetir un escenario electoral similar al de 2017, proceso en el que logró instalar la contienda en un terreno de discusión política, instalando la dinámica del voto en torno a la idea de un "plebiscito del cambio" y eludiendo el debate sobre los cuestionados aumentos de las tarifas de los servicios básicos.

Deben recordarse otras campañas presidenciales en nuestra propia historia electoral reciente que lograron articular con éxito otros elementos discursivos, relegando a la economía a un plano secundario: las de Raúl Alfonsín (1983) y de Fernando de la Rúa (1999). La primera haciendo hincapié en la necesaria revitalización de la democracia, la Constitución y las libertades frente al pasado autoritario, y la segunda poniendo el foco en la transparencia y el republicanismo frente las prácticas corruptas identificadas con el menemismo.

Una crisis con costos compartidos: Macri y los gobernadores

La antesala de la discusión sobre el proyecto de ley del presupuesto 2019 en el Congreso se convirtió en una oportunidad para que el Gobierno nacional vuelva a sentarse en una misma mesa con los gobernadores. Desde la Casa Rosada entienden que la negociación no tiene solo el objetivo de acordar las prioridades presupuestarias de la administración nacional y la distribución de fondos a las provincias, sino que la verdadera intención de esta cumbre es garantizar la gobernabilidad.

De hecho, la sanción del presupuesto, aunque importante, no deja de ser una formalidad legal. Desde ya, siempre es saludable para la institucionalidad democrática del país que el Gobierno tenga la capacidad de consensuar con la oposición parlamentaria lo que suele considerarse la "ley de leyes". Sin embargo, es perfectamente posible gobernar sin un presupuesto aprobado por el Congreso. El antecedente más inmediato es el de 2009, donde el denominado "Grupo A", espacio integrado en Diputados por 144 legisladores de diversas fuerzas, bloqueó el proyecto de ley de presupuesto 2010 presentado por la ex presidenta Cristina Fernández. Como resultado, el Gobierno debió estructurar sus finanzas a partir de la prórroga del último presupuesto aprobado.

La estrategia del Gobierno en este plano es clara: compartir la crisis se convirtió en una oportunidad para descomprimir parte de la tensión pública que hoy se apoya, casi exclusivamente, sobre la administración nacional, buscando redistribuir alguno de los "costos" del ajuste a los gobernadores que, en muchos casos, también buscarán la reelección, al tiempo que aspirarán a hacerlo en el marco de elecciones desdobladas de las presidenciales.

Es en este marco en el que debe entenderse la transferencia del pago de subsidios al transporte, monto que hasta ahora era absorbido en su totalidad por el Gobierno nacional. Macri identificó que, para alcanzar su ansiado déficit cero, gesto de confianza con el FMI en medio de la discusión por nuevos acuerdos económicos, cada provincia o municipio debería asumir el costo de mantener un subsidio al trasporte público. Si estas decidiesen eliminarlo, aumentarían las tarifas y pagarían un inevitable costo en términos de opinión pública.

Sea cual fuese el caso, el Gobierno nacional se correría del eje de la polémica. A esta idea seductora, sobre todo en medio de diversas tormentas simultáneas, se suma el visto bueno de algunos gobernadores peronistas.

Quien pagaría los costos más altos sería María Eugenia Vidal, dado que la provincia tiene la red de transporte público más extensa del país. Además, al ser intermunicipales los recorridos urbanos, el costo del subsidio no caería sobre los intendentes, sino directamente sobre la gobernación. Para el arco político opositor a Vidal, la medida parece ser capaz de horadar la imagen de la gobernadora.

En Córdoba, por otro lado, el gobernador Juan Schiaretti también apoyaría la medida. En este caso, los mayores costos no los pagaría él, sino uno de sus principales opositores provinciales, el intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre. El dirigente radical debería absorber todos los subsidios que el transporte público realiza. Para Schiaretti, la medida es beneficiosa, sobre todo en una coyuntura electoral en la que su principal adversario, que al no poder ir por la reelección tal vez busque una candidatura provincial, deberá recurrir a las finanzas públicas locales para sostener el subsidio o pagar el costo político de aumentar los pasajes.

La disputa en el Conurbano: Vidal y los intendentes

Los intendentes del Conurbano se van instalando progresivamente como actores centrales de la disputa electoral de 2019. En este escenario, y frente a la actitud más negociadora de los gobernadores peronistas, los jefes distritales asumen una actitud más confrontativa con el Gobierno nacional y María Eugenia Vidal.

La figura de la gobernadora comenzó a mostrar algunos signos de desgaste a partir de las denuncias por los aportantes de su campaña de 2015. Si bien las vicisitudes de la economía nacional lograron diluir este tema de la agenda pública y la gobernadora aún conserva importantes niveles de aceptación, los intendentes del Conurbano comienzan a ver en ella a un adversario posible.

El escenario de la campaña de 2017, en el que los intendentes optaban por no confrontar abiertamente con Vidal sino directamente con las políticas nacionales, cambió considerablemente. El electorado comenzó a atribuirle responsabilidades a la mandataria provincial que antes solo eran asociadas a Macri, lo que seguramente se profundizará al calor del ajuste. Por ello, los intendentes peronistas, sobre todo los de la primera y la tercera sección electoral, se muestran hoy dispuestos a disputarle terreno a Vidal.

El reclamo generalizado de los intendentes a Macri, que también impacta a Vidal, se concentra en el recientemente cancelado Fondo Solidario de la Soja que los municipios destinaban a la realización de obras de infraestructura básica. Si bien se trató de una decisión tomada por Macri, Vidal es identificada por los intendentes como una adversaria a la cual es posible reclamarle por su falta de reacción frente al recorte de 600 millones de pesos que pierden los municipios bonaerenses. No solo por ser la interlocutora institucional entre el Presidente y los municipios, sino por pertenecer a Cambiemos y el reducido número de actores con los que Macri dialoga a diario.

PASO, unidad y peronismo

En los últimos días trascendió el rumor en torno a la supuesta intención del oficialismo de cambiar algunos procedimientos electorales vigentes, fundamentalmente en lo que respecta a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Como es sabido, ningún diseño electoral —fórmula que traduce los votos en cargos— es ingenuo ni neutro. Por ello, la disputa que se genera en torno a ellos es a quién beneficia y a quién perjudica.

Los detractores de las PASO, creadas por el kirchnerismo tras la derrota legislativa de 2009, señalan que es un derroche de recursos —alrededor de 6 mil millones de pesos—, dado que, al final de cuentas, la mayoría de los partidos no presenten diversas opciones electorales en pugna.

En un escenario de ajuste que recae sobre los sectores más vulnerables, será díficil defender las PASO de cara a una opinión pública sensible a indignarse frente a los "costos" de la política. Se trata de una decisión que beneficiaría a un gobierno que encarará el proceso electoral nacional con candidatos ya definidos, y perjudicaría a un peronismo que transita un camino de unidad sembrado de obstáculos, para el cual las PASO podrían ser un recurso interesante para dirimir la interna y evitar la dispersión electoral.

Más allá de estas especulaciones, el peronismo, que se siente en las puertas de una posibilidad impensada tras las elecciones de 2017, parece ser consciente de la importancia de dar señales de unidad y apura una foto que preocupa al Gobierno, aquella que mostrará sentados en una misma mesa a Sergio Massa, al senador Miguel Ángel Pichetto y a los gobernadores Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti.

El autor es sociólogo, consultor político y autor de "Gustar, ganar y gobernar" (Aguilar, 2017),