(Presidencia Uruguay)
(Presidencia Uruguay)

Nadie puede ignorar lo que está ocurriendo con las Fuerzas Armadas uruguayas. Están prácticamente condenadas al hambre. Un soldado entra con un sueldo de 15 mil pesos, que es la mitad del que recibe un policía (cuyo sueldo de entrada equivale a un teniente 2º del Ejército). No se trata de que la policía gane de más, porque no es así. Simplemente constatar que siempre hubo una cierta equivalencia y este actual desnivel ha marcado, claramente, la animosidad del Frente Amplio hacia a unas fuerzas militares a las que, 33 años después de la restauración democrática, les sigue pasando la factura de un golpe de Estado del que no queda hoy ni el rastro en los actuales integrantes.

Curiosamente, quienes más rencorosos lucen contra esa institución del Estado no son los que las enfrentaron con las armas sino los panfletarios, hijos de eslóganes, que ahora, cuando no hay riesgo, sacan pecho como héroes de cartón. Es notorio que Eleuterio Fernández Huidobro, cuando fue ministro, había asumido una actitud de defensa de la institución y que ello hizo que esta ley de retiros, que castiga severamente al personal de tropa, fuera detenida durante tiempo.

Da la impresión, ahora, que la situación electoral compleja lleva al Gobierno a asumir esta actitud de aparente ejercicio severo de la autoridad. Hay muchas críticas internas al Presidente, las hay también al ministro de Economía, hay unanimidad nacional en contra del ministro del Interior, y ya nadie discute que las políticas sociales experimentan un formidable fracaso, como lo ha reconocido el ex presidente José Mujica.

En ese contexto, asumir un acto de autoridad frente al Ejército pretende encalmar los cuestionamientos de los sectores más a la izquierda y tratar de embretar a algún parlamentario díscolo, como el doctor Darío Pérez. En una palabra, la interna frentista llega a este escenario del Estado que debiera manejarse con otros rigores.

El ministro de Defensa, que es un hombre generalmente sereno, señala que el comandante en jefe había ya transgredido muchas veces sus márgenes de actuación. O sea, que habría perdido la confianza del mando superior. Si esto es así, y reiteradamente como se dice, debió entonces relevarlo lisa y llanamente. El Poder Ejecutivo tiene todas las facultades para hacerlo. Pero esto de arrestar 30 días a la jerarquía máxima del Ejército y encerrarlo en una pieza tiene todo el acento de la humillación. No se está ante un subordinado cualquiera, sino al jerarca que más efectivos tiene a su mando.

Pensemos en el terreno civil, que ni siquiera es tan formal. Un jerarca puede observar y suspender a un subordinado. Si en vez de la vía administrativa normal, lo hace a los gritos delante de toda la oficina, se está excediendo y humillando al funcionario. ¿Cree el Gobierno que así afirma su autoridad? Podrán aplaudirlo algunas de sus bases, pero la ciudadanía sensata advierte un manejo peligroso de la delicada relación con las Fuerzas Armadas. Y un uso de política interna que no es sano por definición.

En un caso análogo, de hace pocos meses, que comprometía a la máxima jerarquía de la Policía, no se dijo nada, pese a que el inspector Mario Layera sostuviera que nadie hace nada para que se cumpla la ley, que la Policía está desbordaba y que vamos camino a El Salvador y Guatemala. Allí no hubo ni sanción ni remoción y sus comentarios eran un reconocimiento del fracaso del gobierno todo.

Al comandante en jefe lo hemos criticado algunas veces por algunas actitudes que, a nuestro juicio, cuestionaban la laicidad, pero en este caso lo vemos dentro de sus márgenes: simplemente está defendiendo a sus subordinados, está diciendo la verdad respetuosamente, reconociendo la buena fe del ministro Ernesto Murro, pero señalándole lo que, a su juicio, es un error. Y lo es porque hay un severo castigo a los más pobres del Ejército, a quienes se les retacea la pasividad futura y se les reclama más años de servicio. Algunos incluso quedan excluidos del sistema.

No nos duelen prendas, entonces, con el general Guido Manini. Pero hoy lo entendemos y respetamos en su actitud. Y quien primero debiera entenderlo es el Gobierno, cuando está hiriendo a servidores fundamentales en la preservación de la soberanía nacional y la seguridad civil ante catástrofes y accidentes que estoicamente enfrentan a cada momento.