La ley de educación sexual integral fue sancionada en la Argentina en 2006. A pesar de que han pasado 12 años, su aplicación en las escuelas es escasa y parcial.
Parece mentira tener que explicar la importancia de este tipo de educación para la vida de las personas y el futuro de las próximas generaciones en el 2018, pero, a la vista de la situación, me veo obligada a hacerlo. La educación sexual integral previene enfermedades y embarazos no deseados. Al informar a los niños y los jóvenes sobre el funcionamiento de su cuerpo, los sistemas reproductivos y los métodos de prevención, tenemos parte de la batalla ganada contra epidemias y embarazos no deseados que muchas veces terminan en abortos clandestinos.
En la Argentina, el 15% de los nacimientos son de madres adolescentes, dato que se mantiene estable desde los últimos 25 años. En provincias como Chaco, Formosa y Misiones, uno de cada cuatros nacimientos es de madres adolescentes. De manera sostenida, unos tres mil nacimientos al año corresponden a madres menores de 15 años. Un informe de la Organización Mundial de la Salud en 2017 indicó que las complicaciones del embarazo son la principal causa de muerte entre las niñas de 15 a 19 años.
En tanto, la Argentina es el país con más casos de VIH en América Latina. Nueve de cada diez contagios se dieron por no usar preservativo. En el mismo sentido, los casos de sífilis se triplicaron entre el 2011 y el 2017. Ambas enfermedades, como todos deberíamos saber, se previenen con el uso del condón, como todas las afecciones de transmisión sexual que amenazan la vida de los argentinos.
La educación sexual integral se implementa de modo irregular a lo largo del país. Más que como contenido transversal en todos los niveles de enseñanza (según lo establece la ley 26150), esta asume una modalidad intermitente y su abordaje tiende a ser de corte biologicista, desatendiendo la integralidad de la propuesta.
Los contenidos que deben enseñarse en las escuelas fueron confeccionados por el Consejo Federal de Educación, con el asesoramiento de una comisión interdisciplinaria de especialistas en la materia. Sin embargo, sectores no educativos han bloqueado su enseñanza en los colegios, especialmente en los confesionales.
En la Cámara de Diputados estamos trabajando en una modificación de la ley de educación sexual integral para que esta sea de orden público, o sea, que sea obligatoria en todas las instituciones educativas del país, sean públicas o privadas, independientemente de su ideario institucional o las convicciones de sus miembros.
Por otra parte, las jurisdicciones no podrán contradecir o desconocer los contenidos establecidos por el Consejo Federal de la Educación en el Programa Nacional de Educación Sexual integral, que son de base científica y laica. También, se deberá asegurar la igualdad de trato y oportunidades, la no discriminación y el acceso igualitario a la educación sexual integral para las diversas identidades de género y orientaciones sexuales.
Estos cambios son necesarios para asegurar que todos los estudiantes argentinos reciban educación sexual. Aprender a cuidar nuestros cuerpos y a vivir nuestra sexualidad sanamente es primordial para el futuro de nuestra sociedad. Debería ser, a esta altura de la historia, una obviedad.
La autora es diputada UCR-Córdoba.