La capacidad de las ciudades y las áreas metropolitanas de aumentar su productividad, la prosperidad y el bienestar de sus habitantes proporcionalmente más que la informalidad, la pobreza y la desigualdad depende en forma crucial de la correcta formulación de las políticas públicas. No todas las políticas tienen los mismos efectos y es por eso que, en el momento en que se decide la asignación de recursos a ciertos programas, no debe ser suficiente que busquemos convertir nuestras ciudades en innovadoras, inteligentes y resilientes, cuando uno de los mayores desafíos radica en cómo capitalizar todas las intervenciones para que también sean inclusivas y mejoren el acceso a oportunidades de todos los habitantes.

La desigualdad en los niveles de bienestar y en el acceso a las oportunidades constituye una barrera infranqueable restringiendo la movilidad social. Sin embargo, perpetuamos una severa desigualdad en las condiciones de bienestar de los hogares según su localización en las ciudades. Las ciudades crecen en áreas donde la disponibilidad de redes de infraestructura de servicios y de transporte es precaria o extremadamente deficiente, siendo limitada la accesibilidad a los mercados de trabajo, los servicios de salud, educación e infraestructura de calidad. En promedio, las viviendas de los hogares de asentamientos informales y barrios marginales periféricos tienen menos acceso a hospitales, escuelas y parques, y a sistemas de transporte público formal que facilitan su movilidad al interior de las ciudades y a los mercados laborales. Este fenómeno se explica no solo por la localización en villas y asentamientos, sino también por la localización de la vivienda social en áreas periféricas donde el costo del suelo es menor. Así, un programa de vivienda social recientemente implementado en Rosario provocó una reducción de siete puntos porcentuales en la tasa de empleo de los beneficiarios debido a la falta de oportunidades en la zona donde se localizaron las viviendas.

Pero aquí tenemos un problema esencial a resolver con las políticas urbanas. Debemos tomar conciencia de que, tratándose de los niños que habitan en áreas vulnerables, la desigualdad de resultados en la adultez hoy responde en gran medida a las diferentes circunstancias y oportunidades que afectan la formación en los primeros años de vida. Estos niños que hoy viven en condiciones de vulnerabilidad formarán parte del gran aumento de población en edad de trabajar en las próximas décadas, ese "bono demográfico" favorable requiere mejorar hoy las oportunidades que permitan garantizarles los medios necesarios para propiciar su movilidad social. En consecuencia, nivelar el acceso a oportunidades de todos los habitantes puede permitir sustentar un proceso virtuoso de desarrollo de cada individuo y su familia.

Un análisis pormenorizado de la geografía de oportunidades de la niñez en las ciudades de Argentina debería ser un instrumento central para focalizar de manera integral las decisiones de políticas públicas. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA, 2017) visibilizan la vulnerabilidad de niños mediante una serie de mediciones alternativas y complementarias de la pobreza. Nos señalan que 6 de cada 10 niños en la Argentina tiene al menos una carencia relacionada con sus viviendas con déficit en saneamiento, son niños que habitan en hogares que no acceden al agua de red o que no tienen un inodoro con descarga de agua en su vivienda, y/o que habitan viviendas hacinadas (cuatro o más personas por cuarto para dormir) y/o en construcción de calidad muy precaria, sin acceso a teléfono, internet, libros, o computadora. Además, son niños que no fueron al médico en el último año y/o que no tienen las vacunas correspondientes a su edad, que no van a la escuela o lo hacen a una escuela de muy baja calidad.

Es decir que, a la par de discutir las políticas de educación, debemos enfatizar los aspectos de desigual distribución espacial de los múltiples recursos que proveen la ciudad y el vecindario —es decir, el acceso a oportunidades y el bienestar asociado al hábitat—, los que darán forma a las oportunidades del niño para aprender, desarrollarse y prosperar, más allá de las condiciones de su escolaridad.

Por estas razones el rol del Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, es coordinar una política integral que no solo facilite el acceso a viviendas de calidad (en propiedad o alquiler), sino que fundamentalmente propicie las mejores condiciones de accesibilidad a todos estos recursos de apoyo en su entorno, como la vivienda y el ambiente del vecindario, la salud y la escuela, la movilidad, que pueden contrarrestar o atenuar los riesgos en otro nivel.

La construcción de estadísticas e indicadores puede ayudar a guiar conversaciones sobre el alcance de las desigualdades en el contexto de la niñez, proporcionando datos rigurosos, así como representaciones visuales convincentes (mapas y gráficos) sobre la distribución espacial de las oportunidades en cada área del país. Puede proporcionar una base para discusiones de prioridades y oportunidades de acción, y también orientar a las autoridades y al sector privado para estrategias que promuevan un acceso más equitativo a los barrios con mayores niveles de oportunidad.

La desigualdad en el acceso a oportunidades es un factor clave del bienestar individual y del país, por lo tanto, identificar aquellas inequidades asociadas con la disparidad de oportunidades al interior de las ciudades debe ser un pilar esencial del abordaje integral que oriente las políticas de Estado, cuyo horizonte excede al de un gobierno en particular.

Argentina ha comenzado a fortalecer su política nacional de vivienda. En este sentido, esta debería ser especialmente cautelosa a la hora de financiar desarrollos y evaluar su localización, priorizando el concepto de accesibilidad (Goytia y Sanguinetti, 2017). La accesibilidad es un valor medida fundamental del bienestar de los hogares, que refiere a la capacidad de alcanzar las oportunidades que ofrece la ciudad (mercado laboral, bienes y servicios públicos, infraestructuras y amenidades).

La evidencia indica los beneficios de la vivienda y su localización asociados con el bienestar: además de su rol funcional como determinante fundamental del acceso a las oportunidades que brinda la ciudad, propician mejores condiciones de salud (Goytia et al. 2011) y posibilitan una mayor acumulación de habilidades, lo cual se traduce en mayores niveles de productividad para sus habitantes. Los efectos de la ubicación sobre los residentes de un hogar operan a través de, al menos, dos canales. El primero tiene que ver con el acceso que la vivienda brinda a las fuentes de trabajo. Sin embargo, la posibilidad de explotar esas ventajas se puede ver limitada para quienes habitan en zonas de escasa accesibilidad. El segundo canal de acción tiene que ver con las características del entorno. Vivir en un barrio con altos niveles de pobreza y marginación social limita las posibilidades de progreso. Esto ocurre porque, en estos contextos, las redes sociales que se forman y los modelos de conducta que se adquieren suelen ser de baja calidad. Así, la segregación económica de las áreas residenciales disminuye la movilidad social.

Es con este criterio que mejorar la localización de la vivienda y su nivel de accesibilidad a todos los servicios y bienes que proveen las ciudades son atributos importantísimos con importantes e consecuencias directas sobre el desarrollo de sus habitantes.

La autora es directora de la Maestría en Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella y del Centro de Investigaciones de Políticas Urbanas y de Vivienda (CIPUV) y Harvard University Visiting Scholar 2017.