Otra vez, viviendo de la emergencia impositiva

No queda claro en qué se ahorrarán 0,4 puntos del PBI en 2019 entre gastos corrientes, remuneraciones y gastos operativos. Estamos hablando $73.680 millones de acuerdo al PBI que dieron a conocer para 2019.

De todas maneras, de los 2,6 puntos del PBI que van a bajar el déficit fiscal, el 65% se explica por aumentos de impuestos (los nuevos derechos de exportación de monto fijo y por postergar por un año el aumento del mínimo no imponible) y otros 0,5% de ahorros en subsidios económicos que en rigor es trasladarle al sector privado la baja del gasto público vía mayores tarifas. Lo que antes se pagaba con impuestos ahora se pagará en las facturas de los servicios públicos.

Ahora bien, algo que uno no puedo entender es que gente que viene del mundo empresarial siga con la costumbre de aplicar impuestos de emergencia, porque se trata de una situación que luego se convierte en permanente en la Argentina.

De emergencia a permanencia

1) Impuesto a las Ganancias comenzó como transitorio en 1932 con el nombre de Impuesto a los Réditos. Se tornó vitalicio: "llevamos 86 años en emergencia".

2) IVA en  1995, por el Efecto Tequila la alícuota tuvo un aumento de emergencia del 18% al 21% por 8 meses, desde abril a diciembre de ese año. Lleva 23 años de emergencia.

3) Impuesto al cheque se estableció en 2001 como transitorio hasta diciembre de 2002. Acumula 17 años de emergencia.

4) Retenciones a las exportaciones resurgieron en 2002 como una emergencia y ya llevamos 16 años de vigencia.

5) Ahora nos informan un impuesto de monto fijo a las
exportaciones de $3 a $4 por dólar, dependiendo del producto, con lo cual
nuevamente estamos en emergencia.

Explicaciones falaces

Con el argumento que no se puede tocar el gasto público porque estalla el país, o se viene la conflictividad social y otras justificaciones por  el estilo, la realidad es que seguimos teniendo un gasto público que ahoga el crecimiento económico.

Por eso es errado el razonamiento que con el crecimiento económico el gasto público va a terminar licuándose sobre el PBI. La realidad es que el PBI no puede crecer en forma sostenida mientras no haya inversiones y no habrá inversiones con esta carga impositiva confiscatoria, la que a su vez es consecuencia del nivel de gasto público.

Tampoco es cierto que el 2017 veníamos creciendo bien en forma genuina. Buena parte de ese aumento de la actividad agregada estuvo sustentado en obra pública financiada con deuda externa que se terminó cuando se cortó el financiamiento externo.

Se puede entender que a menos de un año de las PASO ya no quede demasiado margen para aplicar un plan económico consistente, aunque habrá que ver si las medidas anunciadas alcanzan para llegar sin desbordes a agosto del año que viene.

Pérdida de oportunidades

Ahora, si bien queda escaso margen para aplicar medidas estructurales de cara a las elecciones, también es cierto que se desperdiciaron dos grandes oportunidades en el pasado: 1) el 10 de diciembre de 2015, y 2) luego de las elecciones de medio término en 2017.

Esto hace dudar de la verdadera vocación de cambios estructurales que puede haber en el Gobierno. Porque si no hay convicción que el problema no es solamente el déficit fiscal, sino fundamentalmente el nivel de gasto público, nunca van a avanzar en el sentido de bajar el gasto para reducir el déficit fiscal.

Cuando Cambiemos asumió el Gobierno, seguramente sabía que el nivel de gasto público que heredaba del kirchnerismo se traducía en una feroz carga impositiva que, junto con la inseguridad jurídica y el cepo cambiario, impedían toda posibilidad de crecer. Los desafíos que tenía por delante eran gigantescos y nadie pedía solucionar todo lo heredado en cuatro años de mandato, pero sí cambiar el rumbo.

El cambio de rumbo no consistía solamente en eliminar el cepo cambiario, implicaba comenzar a cambiar los valores que imperan en nuestra sociedad que son los que establecen la calidad de nuestras instituciones, es decir las normas, leyes, códigos y costumbres que regulan las relaciones entre los particulares entre sí y los particulares con el Estado.

Es decir, terminar con la cultura de la dádiva y reimplantar la cultura del trabajo. Sin embargo, desde que asumieron en 2015, varios funcionarios de Cambiemos viven compitiendo con el kirchnerismo para ver quién otorgó más planes sociales.

Macri dice que quiere que midan su gestión por la reducción de la pobreza. En todo caso sería mejor medir el éxito de su gestión por la menor cantidad de planes sociales que tiene que otorgar el Gobierno porque eso va a significar que las familias pueden mantenerse gracias al fruto de su trabajo y no del trabajo ajeno.

¿Qué tipo de sociedad competitiva puede construirse, considerando los cambios tecnológicos que vemos que llegan como un tsunami, si hay generaciones que viven viendo como sus padres no trabajan y viven del plan social? Ese es el primer gran cambio cultural que tiene que impulsar Cambiemos para poder iniciar una senda de crecimiento basada en las inversiones para poder incrementar la productividad y bajar la pobreza. Todo eso no se logra con más impuestazos.

Es probable que con el aumento del tipo de cambio mejoren las exportaciones y se produzca cierto grado de sustitución de importaciones, pero como en tantas otras oportunidades, las exportaciones no mejorarán por mayor competitividad, sino por esconder, transitoriamente, las ineficiencias estructurales detrás de un tipo de cambio más alto. Esto lo hemos visto en infinidad de oportunidades, hasta que se licua el tipo de cambio real y volvemos a los problemas del sector externo.

Insisto, si las medidas anunciadas son para llegar a las elecciones de 2019 sin estallidos económicos, se entiende aunque habremos perdido 4 años más de nuestras vidas en financiar un Estado ineficiente.

Ahora, si creen que se construye una política económica de largo plazo con este nivel de gasto público, esta carga tributaria y esta cultura de la dádiva, seguimos en el mismo problema que nos hizo entrar en esta larga senda de decadencia populista que ya lleva, por lo menos, 70 años. Mientras tanto, seguimos aumentando nuestra emergencia impositiva.