Estamos sufriendo los estragos de la corrupción K

Creíamos haberlo visto todo, en particular luego del tan difundido episodio, que parecía un mal Almodóvar, protagonizado por Josecito López tirando bolsos llenos de billetes a un convento. Sin embargo, un chófer minucioso, una mujer despechada y un sigiloso periodista de investigación nos sorprenderían con una saga que no se detiene en su dosis diaria de revelaciones. Situaciones que nos llevan a recordar el genio de Greenaway cuando, en 1989, se estrenaba su inolvidable film El Cocinero, El Ladrón, su esposa y su Amante. Claro, aquello era una fiesta cruel en el marco de un angustiante expresionismo que nos retrotraía a las peores páginas de los regímenes autocráticas de la primera mitad del siglo pasado. Pues bien, con sus diferencias, el trágico culebrón y el dramático saqueo que hemos vivido en Argentina durante 12 años de la mano de los Kirchner y sus secuaces no se queda atrás, me animo a arriesgar que tal vez supera a las geniales creaciones de los cineastas que hemos recordado.

Seguimos sufriendo los estragos cometidos por una banda que no ha dejado de cometer el mayor latrocinio de toda nuestra historia desde la cumbre del poder. Este diabólico accionar que por ahora comprende a empresarios y a políticos empieza a salpicar a jueces y pienso que pronto se van a sumar los sindicalistas. Si las monjitas que esperaban a Josecito no eran las únicas que se dedicaban a cocinar escones, esto podría trepar a otros estamentos de la Iglesia Católica. Pongo el acento en la enumeración de los protagonistas, pues que, por primera vez, no solo se están investigando a los corrompidos (políticos), sino también a los corruptores (empresarios). Estamos frente a una novedad, ya que, insistimos, por primera vez se pone a los empresarios en el banquillo de los acusados. Este "destapar de ollas" que no deja de crecer nos enfrenta con una Argentina que intuíamos pero no queríamos ver. Hoy ya no nos sorprende que un juez como Melazo hubiese formado parte de una peligrosa gavilla junto a policías, fuerzas de seguridad y barras bravas. Cualquier similitud con El Marginal es mera coincidencia. Este episodio brutal pone en escena a otra pata de la historia, los magistrados y demás integrantes del Poder Judicial, ya que sin ellos resultaría imposible la comisión de semejantes delitos.

La fuerza de las revelaciones que presentan los cuadernos Gloria ha sido tal, que, independientemente de que gran parte de la sociedad ya fuera consciente de lo que sucedía durante las administraciones Kirchner, los hechos que allí se relatan, parecen salidos de una película negra, y han logrado sacudirla de tal manera que tal vez estén marcando el fin de una época.

¿Cómo se pudo consumar el saqueo del Estado de parte de quienes decían protegerlo? ¿Cómo estuvieron ausentes los controles que debieron impedir que se extendiera durante más de una década? ¿Qué hacían los jueces y los fiscales frente a tantas denuncias y procesos contra funcionarios del más alto nivel sin que ninguno llegase a buen puerto? Es posible que se lleven a cabo episodios tan vergonzosos sin que actúe el Consejo de la Magistratura, que es el responsable de la acusación de los jueces federales y de asegurar la administración y el buen funcionamiento de la Justicia. Hemos vivido en el marco de la más repugnante impunidad. La mirada complaciente que tuvo una parte importante de la sociedad durante la era K de ningún modo justifica la actitud de los magistrados y de los integrantes del Ministerio Público, encargados de la aplicación del Código Penal y de velar por la defensa de la integridad del patrimonio del Estado. La actuación de gran parte de ellos ha sido vergonzosa, en muchos casos se ha tratado del más burdo encubrimiento, en otros, del incumplimiento manifiesto de los deberes de un juez, tal vez, en otros, el producto del miedo que imperó contra todo aquel que se animaba a afectar los interesas de la "cleptocracia" que gobernó a la Argentina durante tanto tiempo.

Vemos con optimismo que muchos son los argentinos que salen a las calles para pedir que se sancione una ley de extinción de dominio, que la ex Presidente sea desaforada, que los jueces corruptos sean juzgados, que se dicte un Código Penal que ponga la mirada sobre la víctima y no sobre el victimario, que la selección de los magistrados privilegio a los probos y sobre todo independientes. El derecho de peticionar a las autoridades es una herramienta que nos reconoce la Constitución y de la que somos titulares todos los habitantes de una democracia, su ejercicio debe ser pacífico pero enérgico. Habla de la madurez de una sociedad que ha decidido exigirles a sus gobernantes que como mandatarios deben rendir cuentas. En fin, plantear en la escena pública demandas justas que, si se concretan, harán de la Argentina un país con controles en el que sea premiado quien cumple con la ley y condenado quien la viola. Algo tan simple y lógico que de su concreción depende la revalorización de lo público que nos permita salir de la frustración y de la zozobra.

El autor es constitucionalista.