Libros sí, y alpargatas también

Leonardo Grosso

La universidad no es un privilegio del que solo puedan gozar aquellos con capacidad de pagarlo. La educación es un derecho, como lo es trabajar, comer adecuadamente, tener acceso a la salud. Los genios del marketing cambiemita no podrán ocultar la marcha que este jueves harán las comunidades de las 57 universidades nacionales cuyos recursos no solo se vienen achicando al compás de la inflación —exorbitante—, sino también con las tijeras del ajuste presupuestario.

Más allá de la paupérrima oferta de aumento salarial que ofreció el gobierno nacional a docentes y no docentes —15% en tres cuotas—, en el fondo del reclamo universitario se encuentra la subejecución y el recorte del presupuesto. De acuerdo con la ley de presupuesto votada en 2018, las universidades nacionales contaban con 107,6 mil millones de pesos, pero en el primer semestre ya se recortaron 1056,4 millones de pesos. Además el nivel de subejecución, superior al de los tres años anteriores de Gobierno, hace que los montos exigibles por las universidades en junio de este año alcanzaran los 23 millones de pesos (datos de Conadu).

Resulta difícil creer en los globos amarillos, cuando están claras las prioridades con solo mirar los gastos del gobierno. El Banco Central subasta dólares todos los días, dólares que se fugan del país, (y con los que tampoco logran controlar a la divisa). Las reservas cayeron 4 mil millones de dólares en julio, en junio se habían fugado 3074 millones; en mayo, 4616; en abril, 3939. La tendencia es clara.

Y sin embargo no en todas las praderas las vacas son flacas. En esta Argentina donde los gobernantes ricos piden austeridad a su pueblo, hay sectores que siguen discutiendo mejoras. Por ejemplo, en esa línea de pensamiento que nos gobierna, se asegura que restar presión impositiva a los agroexportadores de soja nos beneficia a todos. Así que acá estamos, cocinando guiso de nada, y apoyando a esos que ganan en dólares y necesitan muy poca mano de obra para producir. Así fue que el ministro patrón Luis Etchevehere "consensuó" con el sector del que es parte, que ya no se reducirían las retenciones, pero se eliminaría el Fondo Sojero, que debía repartir 35 mil millones de pesos hasta 2019, afectando a las obras públicas de los municipios.

El sentido que el Gobierno de Mauricio Macri le imprime al Estado puede corroborarse en cada decisión presupuestaria. Esa subejecución y recorte de los compromisos asumidos con las universidades también puede apreciarse hasta el absurdo en el caso de la Universidad de San Martín, donde asisten más de 18 mil estudiantes del Conurbano, un 85% primera generación de universitarios de sus familias.

Esta semana nos enteramos de que la Agencia de Administración de Bienes del Estado le quitaba parte del predio de la Unsam —12 mil metros cuadrados— para asignarlos a Nuevo Central Argentino, que es una empresa de transporte, cuyo propietario es Aceitera General Deheza, vinculados a los titulares de la UIA, que dispone de recursos. Por eso los estudiantes de la Unsam convocan mañana a un masivo abrazo para defender la educación pública.

El objetivo del Gobierno es aprovechar su cercanía con la autopista General Paz para montar un playón de carga y descarga de camiones, en vez de continuar con las obras para una escuela secundaria técnica pública que depende de la universidad, un laboratorio de nanotecnología y un área de deportes. Quieren privatizar un pedazo de la universidad para poder disponer del actual espacio donde la empresa tiene el playón, en el barrio porteño de Colegiales, para montar un negocio inmobiliario.

Los beneficiados por el modelo cambiemita son un puñado de familias. No solo los y las trabajadores de la economía popular, no solo el sector asalariado lo padece. Los empresarios de las pequeñas y medianas industrias no pueden saber sus costos, porque no pueden calcular cómo los afectan los tarifazos y la inflación, y además la apertura indiscriminada de las importaciones los deja sin posibilidades de competir, y el mercado interno está desplomado.

Por eso el jueves vamos a marchar con los universitarios, porque en nuestra Argentina no queremos que gasten un centavo más en marketing: una democracia no es ser electo y después reinar. Si las oficinas públicas solo tienen oídos para unas pocas familias, somos las mayorías las que tenemos que reclamar en las calles lo que nos corresponde: una educación pública, gratuita, integradora y de calidad.

El autor es diputado nacional, presidente del Interbloque Peronismo para la Victoria/Libres del Sur.

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