La realidad nos dice que, más allá de las características personales de cada uno, lo que importa es el propio Frente Amplio y sus estructuras de poder, que mantienen vivos los prejuicios ideológicos de los años 60, como si no se hubiera caído el Muro de Berlín. Naturalmente, en los hechos, no hay modo de hacer revolución alguna mientras yacen en la necrópolis de los eslóganes, los clásicos sobre la reforma agraria, el "no pagar la deuda externa" y la nacionalización de la banca y del comercio exterior, entre tantos otros. Pero se administra la economía de mercado pensando que es un régimen oprobioso —y al que se desea transitorio— y se juega en la democracia liberal sin respeto para la Constitución. Es algo así como jugar al fútbol pero interpretar sus reglas como si fueran de básquetbol.

De allí que Venezuela no sea una dictadura para la coalición de gobierno y apenas haya merecido alguna expresión de preocupación la farsa publicitaria del intento de atentado contra Nicolás Maduro.

Por supuesto, la globalización es mirada con rechazo, como si fuera una conjura de las multinacionales y no la consecuencia inevitable del desarrollo científico y la economía capitalista, tal cual lo previó el propio Marx. Ese es el origen de ese extraño prejuicio en contra de los acuerdos de libre comercio, que postergó dos años la aprobación del tratado firmado con Chile. Finalmente, ese acuerdo se produjo más por resignación que por convicción, al punto que el propio ex presidente José Mujica dijo que "no movía la aguja" y no pagaba la pena mantener viva una discusión sobre la cuestión. Es obvia la necesidad de un acuerdo con China, el gran comprador de alimentos, donde competimos en desventaja con nuestros competidores directos, exonerados de los aranceles que recargan, por ejemplo, la carne y la leche uruguayas. Mientras seguimos atados a un obsoleto "más y mejor Mercosur".

Las políticas sociales han sido un fracaso. Hoy lo reconoce también Mujica, nada menos, y basta salir a la calle para advertir el aumento de los sin techo o la situación de barrios enteros transformados en guetos donde se enseñorea el delito. Han tenido un valor clientelístico, eso sí, distribuyendo dinero con discutibles criterios y subordinando gente pobre al beneficio oficial que se da o se quita. La propia ministra Marina Arismendi, en contra de las normas vigentes, sostiene que la asignación familiar no se debe condicionar al envío de los niños a la escuela, como es la tradición nacional, desde 1943, en que se crearon durante el gobierno del presidente Juan José Amézaga.

En el terreno educativo, es evidente la subordinación de las autoridades oficiales a las disposiciones de los gremios, siempre reacios a cualquier cambio progresista. Como se sabe, el intento de cambio que hizo el presidente Tabaré Vázquez naufragó rápidamente y tuvieron que renunciar los dos técnicos que él había designado en el Ministerio de Educación y Cultura para promover un proceso reformista. Luego de la ley de educación de 2008, el poder real está en las estructuras corporativas y no en las autoridades designadas oficialmente.

Ni hablemos del intríngulis psicológico con el que el Gobierno frentista aborda la situación de seguridad pública. Como bien se sabe, cualquier política requiere prevención, represión y rehabilitación. El segundo término de la ecuación le produce los escozores propios de los tiempos en que la Policía era el enemigo, con el que se enfrentaban con las armas en la mano o en violentos disturbios estudiantiles que tantos pesares produjeron. Más allá de cualquier enfoque técnico, es evidente que en esta materia lo que está faltando es actitud, liderazgo, un gobierno cuyas figuras principales estén en la vanguardia, y no un ministro que, cada vez que ocurre un episodio trágico, arroja culpas sobre el policía o la víctima.

En lo que hace al Estado de derecho, baste observar el atropello que acaban de perpetrar votando una ley que, sin la mayoría de dos tercios exigida por la Constitución para cualquier norma electoral, incluso las de naturaleza interpretativa, otorga el voto a los ciudadanos residentes en el extranjero. Si hay algo que está en el corazón de nuestro sistema democrático, es el respeto a esas normas electorales, que ahora se intentan violar sin ningún miramiento, como ya ha pasado en ocasiones similares.

Con esto concluimos que el problema es el Frente Amplio y no las personas concretas, las cuales pueden terminar tan cercadas como notoriamente lo están los ministros Danilo Astori y Rodolfo Nin Novoa, a estas alturas expertos en el arte del esquive o el juego de las escondidas. Muchas veces el ciudadano tiende a personalizar las elecciones, pensando que importa más el candidato que su partido. Ello puede ser verdad en muchos lugares y situaciones, pero no en el Uruguay frentista, porque el "plenario" comanda y la corporación sindical veta todo lo que no se ajusta a su concepción clasista de la sociedad.