Contra los senadores que siguen protegiendo a ladrones

Los constantes escándalos y denuncias por corrupción en Argentina en los últimos años han dañado la credibilidad en las instituciones. En la marcha del 21A fuimos testigos de un sentimiento general de desilusión pública frente a un Senado cómplice y sordo que protege al que delinque y desampara a la víctima.

La Argentina viene de muchos años de deterioro en la calidad institucional, con organismos de control inexistentes, utilizados por el gobierno como un arma de persecución a opositores, quienes no adherían al proyecto y era un instrumento de encubrimiento a las prácticas delictivas de socios, testaferros y funcionarios públicos enriquecidos.

Se suelen pensar los delitos de corrupción como algo lejano, sin mirar la vinculación que tienen con la vulneración de derechos. Vemos diariamente noticias donde nos hablan de miles de millones de pesos en coimas, en lavado de dinero, en delitos donde participan funcionarios públicos enriquecidos. Es un torbellino que a veces nos agobia y terminamos olvidando. Pero tenemos que entender que la corrupción es uno de los mayores obstáculos para que el Estado cumpla con su obligación de proteger a los derechos de las personas.

Podemos citar varios ejemplos de como nos afecta la corrupción: las personas no tienen acceso a la Justicia, se sienten inseguras y no pueden proteger sus medios de subsistencia; los funcionarios prestan mayor atención a los sobornos que a la ley; las familias pobres no alcanzan a alimentarse porque los programas sociales son corruptos o porque son desviados; las escuelas no pueden ofrecer a sus estudiantes una educación sólida porque han sustraído del presupuesto asignado a la educación.

Como conclusión de la marcha del 21A rescato a una sociedad que comprendió que la corrupción está íntimamente vinculada a los derechos humanos. Y se sintieron poderosos para reclamos legítimos, exigir sus derechos y obligar a los senadores que respeten y cumplan con la constitución nacional.

Miles de personas pidiendo lo obvio: que se aplique la máxima constitucional de igualdad ante la ley. Miles de personas exigiendo al Senado que se aplique la ley a una ex presidenta procesada e investigada por graves hechos de corrupción sin distinciones ni privilegios. Reclamando que no sean cómplices ni sordos.

La autora es abogada, denunciante en causas de corrupción. Asesora de Margarita Stolbizer.