Una marcha en Brasil por el Lava Jato (REUTERS/Ricardo Moraes)
Una marcha en Brasil por el Lava Jato (REUTERS/Ricardo Moraes)

Era el año 1984 y Brasil comenzaba a pensar en el regreso de la democracia, pero la forma de elección presidencial era por la vía indirecta: la población elegía delegados que se encargaban de determinar quién sería el Presidente de la República.

La gente salió espontáneamente a las calles (observar que en esa época no había internet y mucho menos redes sociales) y la ley fue cambiada. Ese movimiento se denominó "Diretas ja" (Elección directa, ahora)

La población brasileña pudo determinar por el voto directo a su propio candidato.

En el año 1992, el entonces presidente Fernando Collor de Mello, fue denunciado por haber tomado un préstamo sin declarar por U$S 5 millones de una empresa de Uruguay, y fue la sociedad, sobre todo joven, que con las caras pintadas con la bandera de Brasil, presionaron al Congreso Nacional para que inicie el Juicio Político.

Collor de Mello renunció en el preciso momento en que una de las mayores marchas de la historia se llevaba a cabo en diversas ciudades del país.

En los meses de Junio y Julio del 2013, la gente salió nuevamente a la calle para pedir que no se aumente el boleto del transporte público y el reclamo tomo proporciones impensadas al incluir en las reivindicaciones que se pare con el robo en la obra pública por la construcción de los estadios que eran necesarios para la realización del Mundial del Fútbol del año siguiente.

La presión social generó la aprobación por parte de la entonces presidente Dilma Rousseff de dos leyes que serían clave para el inicio del Lava Jato: la Ley del Arrepentido para casos de corrupción y de la Ley de "Leniencia" (unión de la Ley de Extinción de Dominio y de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial).

El 17 de marzo del 2014, se iniciaba la operación Lava Jato.

Durante el año 2015 y 2016 la población brasileña salió nuevamente a la calle a pedir por el Juicio Político de la expresidente Dilma Rousseff y el día en que la Cámara de Diputados votó por su salida, más de 3 millones de brasileños salieron en varias ciudades del país a presionar al Congreso y fue aprobada su destitución.

En el mismo año 2016, la sociedad civil se manifestó en diversas oportunidades, siempre en forma pacífica, y la Corte Suprema de Brasil determinó que luego de una sentencia efectiva en la segunda instancia judicial, el cumplimiento de la pena de prisión sería efectiva (Esto explica por qué el expresidente Lula da Silva se encuentra preso. Fue sentenciado por la segunda instancia a la pena de 12 años y un mes de prisión)

Sin manifestaciones en las calles pero con enorme presión en las redes sociales, el actual candidato a la presidencia, Senador Alvaro Dias, propuso la extinción de los fueros privilegiados de Senadores y Diputados. Y la misma Corte Suprema, determinó el ultimo 3 de marzo, el retiro de los fueros privilegiados de los 513 Diputados de la Nación y de los 81 Senadores Federales, manteniendo solo el fuero privilegiado para el Presidente de la República, para el Presidente del Senado y de la Cámara de Diputados.

Los demás Diputados y Senadores, pueden ser investigados, procesados y eventualmente sentenciados y presos por la justicia de la primera instancia, que es definitivamente más rápida que las investigaciones de la Corte Suprema (quien hasta este momento, investigaba a los políticos con fueros privilegiados).

En función de la presión popular, el Congreso Nacional de Brasil legisla mirando siempre a sus electores y cómo estos se manifiestan en las calles.

Es importante explicar que el actual presidente Michel Temer, se mantiene en el poder a pesar de su escasa popularidad -no superior al 3%- precisamente porque no hay manifestaciones populares pidiendo su salida.

Los fueros en Argentina

La Constitución Nacional, en su Artículo 68 determina que "ninguno de los miembros del Congreso Nacional puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado, por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador".

Esto no es considerado como un elemento de bloqueo para que el Legislador sea investigado judicialmente, sino como una protección para su función legislativa.

De hecho se conoce este privilegio como "inmunidad de opinión".

La misma Constitución Federal en su Artículo 69, establece otro privilegio que es la "inmunidad de arresto".

Dice el Artículo 69: "Ningún Diputado o Senador, puede ser arrestado desde el día de su elección hasta el del cese de su mandato".

Ante la falta de una legislación clara a este respecto, el propio Congreso Nacional, sancionó la Ley 25.320 en el año 2000, en la que determinó que cuando se abra una causa penal en la que se le impute algún delito penal a algún legislador el trámite judicial continuará su curso, y en el momento en que eventualmente se emita el pedido de detención el juez deberá pedir previamente el desafuero del legislador. Solo será posible su detención cuando el legislador haya sido desaforado. 

Los fueros parlamentarios no impiden que el legislador sea llamado a indagatoria, ni su procesamiento ni la eventual elevación a juicio oral.

Esta medida que está prevista en Ley y en la misma Constitución Nacional, en lugar de servir para proteger las ideas de Senadores y Diputados, ha sido útil para evitar el cumplimiento efectivo de penas en procesos penales, como en el caso del Senador Carlos Menem.

Da la sensación, en función de la marcha organizada para la tarde de hoy, frente al Congreso de la Nación, que la población se cansó de sentir que los políticos gozan de impunidad, amparados en leyes y jurisprudencias que evitan su eventual paso a prisión.

Tanto Diputados como Senadores son representantes de la población, elegidos por los ciudadanos y que tienen como labor principal, ser la voz de la sociedad en el ámbito parlamentario.

Cuando se hace necesario que la población se manifieste públicamente en las calles de un país expresando su inconformismo con la acción de sus representantes parlamentarios, se observa que la relación entre los ciudadanos y sus representantes en el Congreso no está en el mejor de los momentos.

En Brasil las manifestaciones cambiaron la historia y empujaron a los corruptos a la cárcel.

Estamos en el momento oportuno para descubrir si la población argentina conseguirá cambiar el rumbo de la historia en la lucha contra la corrupción o si los fueros de quienes buscan ser elegidos para evadir la acción de la justicia consiguen hablar más alto.

(*) Socio de Center Group