¿Cómo será la política exterior del nuevo Gobierno mexicano?

El presidente electo de México ha señalado durante la campaña electoral que la política exterior de su gobierno estará fundada en valores históricos, destacando, entre otros, la no intervención en los asuntos internos, la solución pacífica de las controversias, y la solidaridad y la cooperación entre pueblos y países. Una formulación de principios que obedece a la tradición diplomática de México desde la doctrina del canciller Genaro Estrada en 1930. Esta posición, que puso fin a la antítesis de la doctrina Tobar, supone que ningún gobierno requiere del reconocimiento de otras naciones para asumir su propia soberanía y, por lo tanto, es considerada como un rechazo explícito a cualquier intervención en los asuntos internos de otro Estado.

No obstante, en las últimas décadas hubo una evolución de ese paradigma y, por ejemplo, la acción colectiva prevista en la Carta Democrática Interamericana no se consideró que violentaba a la doctrina Estrada. Lo mismo la renovada participación de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o en Misiones de Paz de Naciones Unidas. También en lo que hace a las votaciones en organismos multilaterales sobre violaciones a los derechos humanos, en particular desde que el canciller Jorge Castañeda, en el 2000, comenzó a criticar abiertamente a Cuba. En este contexto, el Gobierno mexicano saliente ha sido un integrante destacado del Grupo de Lima, que no reconoce las elecciones presidenciales de mayo en Venezuela por considerar que no cumplieron las garantías democráticas mínimas y exige el retoro de la democracia.

Durante la campaña, el futuro presidente evitó toda alusión a Venezuela, Cuba o los gobiernos de la Alianza Bolivariana. De hecho, nunca confrontó con la política exterior del presidente Enrique Peña Nieto respecto a Venezuela o Nicaragua. Sin embargo, el candidato a futuro canciller, Marcelo Ebrard, ha insistido que la postura general será la que surge de la doctrina Estrada y ha señalado que recurrir a la OEA a denunciar asuntos de otras naciones es intervención. Si ese enfoque prevaleciera, podría significar el alejamiento de México a los propósitos que impulsa el Grupo de Lima y, de alguna forma, hasta podría interpretarse como un desconocimiento de la Carta Democrática Interamericana que prevé una respuesta hemisférica en el caso que en un Estado miembro se produzca una alteración constitucional que afecte gravemente el orden democrático. Lo mismo ocurriría con otros instrumentos internacionales de características similares de los cuales México es parte.

Si bien el principio de no intervención merece el mayor de los respetos y ha sido central en los conflictos de la Guerra Fría del siglo XX, resultaría irónico que la doctrina Estrada, que en definitiva se basa en el respeto al principio de autodeterminación de los pueblos, sea un escudo de protección de gobiernos antidemocráticos surgidos de procedimientos extrajurídicos. La cuestión plantea, en definitiva, no solo un debate de política exterior sino uno de alcance moral sobre la obligación de la comunidad latinoamericana de defender valores internacionalmente reconocidos ante situaciones extraordinarias.

Es de esperar que la próxima administración del presidente, Andrés López Obrador, siga participando del Grupo de Lima y continúe armonizando el importante trabajo responsable que realizan principalmente los países del eje del Pacífico y del Atlántico en la defensa de la democracia y de las libertades individuales en la región. En esas cuestiones urgentes, América Latina toda debería seguir comprometida con la justicia social y la soberanía popular, y no debería mantenerse neutral ni cerrar los ojos ante urgencias humanitarias o quienes violan normas universales de derechos humanos.