La importancia de la figura del arrepentido

María Gabriela Burgos

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Estos últimos días venimos siendo testigos de cómo empresarios y exfuncionarios del Gobierno nacional anterior se adhirieron a la figura del arrepentido, y probablemente otros también lo harán, en el marco de la investigación sobre un presunto sistema de corrupción enorme vinculado con la obra pública en los 12 años que el kirchnerismo encabezaba el Poder Ejecutivo. Este hecho nos permitirá corroborar lo que todos los argentinos sospechábamos, al ver cómo se robaba, en bolsos y valijas, el dinero público para llenar las arcas y las bóvedas de los poderosos.

La figura del arrepentido fue una de las primeras iniciativas penales que impulsó el Gobierno de Cambiemos, en conjunto con las técnicas especiales de investigación y el juicio especial de flagrancia. A comienzos del 2016 comenzamos el tratamiento del proyecto en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación. A pesar de los cuestionamientos y la resistencia del bloque FPV, obtuvo la media sanción y luego fue modificado en el Senado y convertido en ley en octubre del mismo año.

Acogerse al beneficio de esta ley implica una reducción de la pena para aquel autor o partícipe de determinados delitos complejos (corrupción, trata de personas, narcotráfico, etcétera) que brinde en la Justicia información o datos precisos, comprobables y verosímiles, con el fin de evitar o impedir un delito, esclarecer una investigación o revelar la identidad de otros autores o partícipes.

Es importante destacar que la ley prevé una pena de prisión de 4 a 10 años para quien proporcionare maliciosamente información falsa o datos inexactos, además de la pérdida del beneficio de reducción de pena. Recordemos que países vecinos como Chile y Brasil también cuentan con esta norma y la utilizan con éxito en casos graves de corrupción estatal.

Que no nos sorprenda que quienes quieren entorpecer la labor de la Justicia cuestionen la aplicación de esta herramienta puesta a disposición de magistrados. Hoy podemos decir con orgullo que fue un acierto del Congreso crear esta figura que significa una herramienta más para que el Poder Judicial pueda esclarecer y avanzar en causas de gran sensibilidad social como los de corrupción.

La autora es diputada nacional por Jujuy (UCR), presidente de la Comisión Legislación Penal.