Para ganarles a los criminales se necesitan herramientas modernas: la importancia de la extinción de dominio

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Los tribunales de Comodoro Py (Nicolás Aboaf)
Los tribunales de Comodoro Py (Nicolás Aboaf)

Por Sebastián Garat (*)

Los cuadernos relatan la estructura de la corrupción y exhiben los millones en juego, desnudando la impunidad con la que el negocio del delito se desarrolló en nuestro país frente a instituciones degradadas.

Las ostentosas imágenes de mansiones, yates, aviones, autos, bolsos y cuevas en las que pesaban el dinero o la lujosa vida de muchas personas imputadas de la comisión de graves delitos, generan indignación y sensación de impunidad en la gente, desmotivando el cumplimiento de la ley.

Son también impactantes las balas con las que los sicarios atentan contra los jueces que en un nuevo contexto comienzan a avanzar hacia la condena de organizaciones narcocriminales.

Resulta imprescindible proteger y apoyar a la Justicia en el camino de la reconstrucción institucional y la renovación de las esperanzas, instrumentando, con la participación de todos los poderes, políticas de estado efectivas y permanentes para lograr el recupero de activos y bienes de origen ilícito.

Asimismo, resulta fundamental otorgarles un fin social, que beneficie directamente a la población, transformándolos en escuelas, hospitales, rutas y mayor seguridad.

La extinción de dominio fue una iniciativa que el Gobierno impulsó desde el principio de la gestión y en la apertura de sesiones de este año el Presidente volvió a pedirle al Congreso que la transforme en ley.

Es una acción judicial novedosa para nuestra cultura jurídica, un potente instrumento para la prevención y lucha contra peligrosas organizaciones criminales dedicadas a graves delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, y con capacidad para corromper a las autoridades, por la que se ataca su poderío económico quitándoles rápidamente sus bienes para que no puedan continuar organizando su empresa delictiva. En países como Colombia e Irlanda permitió recuperar montos millonarios provenientes de actividades ilícitas.

Toda vez que es una herramienta de política criminal, es un resorte de competencia del Ministerio Público Fiscal que debe impulsar la acción.

Para generar resultados, debe tramitarse y resolverse ágilmente. El desapoderamiento debe ser inmediato y los bienes deben subastarse, no pueden esperarse los más de 10 años que en promedio demoran las causas penales complejas porque se deterioran, pierden valor y generan gastos, lo que perjudica tanto al Poder Judicial como a los dueños de los bienes. La venta anticipada los transforma en dinero, que genera intereses y permite la eventual recompra de un bien similar, en caso que corresponda, o facilita su inversión en servicios de utilidad pública.

La extinción de domino no es una especie de decomiso, no está en juego la responsabilidad penal del dueño sino que es una discusión de naturaleza patrimonial, por lo que los jueces con especialidad en la materia no son los penales sino los del fuero civil y comercial.

Siendo una demanda civil, no rige la presunción de inocencia y se reduce la exigencia probatoria, debiendo el Estado demostrar que existen indicios contundentes de que el bien proviene del delito y, en contraposición, el dueño debe acreditar su origen lícito. El juez decide en función de la preponderancia de las pruebas y los argumentos presentados por cada parte, encontrándose garantizado el derecho de defensa.

No falta razón a quienes advierten que los abusos en este ámbito podrían violentar el derecho constitucional de propiedad. Sin embargo, no puede ganarse la batalla contra las poderosas organizaciones criminales que cuentan con capacidad para comprar impunidad, si no se pelea con armas modernas.

Resulta imprescindible que el Congreso diseñe un instrumento eficaz y delimite adecuadamente las excepcionales condiciones en las que la extinción de dominio puede ser aplicada.

* Sebastián Garat es jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia