El ex juez Norberto Oyarbide admitió  esta semana haber recibido presiones para sobreseer al matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito
El ex juez Norberto Oyarbide admitió  esta semana haber recibido presiones para sobreseer al matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito

La corrupción posee una prolífica manera de manifestarse. Sobra explayarse sobre todo lo deletéreo que implica las tramas o las alianzas que se tejen sobre acuerdos y lógica preexistente; se traducen en lealtades, jerarquías, intercambio de favores, ramificación del contexto de relaciones, promesas de remuneraciones futuras ilegales con la marcada finalidad de acrecentar capital y que desembocan en un país donde existen rutas que no conducen a ningún lado y son facturadas como autopistas europeas, donde las monjas no son monjas y los monasterios operan como bóvedas.

Sin embargo, creo que es prudente deslindar, en lo que al juzgamiento se refiere, el ancho campo que existe entre un indudable derecho de linaje constitucional —como es la estabilidad de la cosa juzgada— y otro muy distinto, que es la espuria utilización de la jurisdicción judicial para otorgarle al delincuente una carta de indemnidad.

El proceso no debe ser desvirtuado ni utilizado para "blanquear" a quien delinque. La ley autoriza la comparecencia de cualquier sujeto ante el órgano que debe dirimir un pleito, pero es una desnaturalización de las relaciones procesales elementales que la contienda tenga como simiente una deliberada actitud de denunciar o demandar a un tercero a sabiendas de que ese reclamo no va a prosperar, generando la reivindicación anómala del perseguido.

En condiciones de asepsia política, solo pretendemos abordar el marco conceptual del instituto o perfil teórico, sin penetrar en el buceo de algunas investigaciones que se le superponen, presentes hoy en los medios masivos de comunicación. Para ello, tal como lo recuerdan Daray y sus colaboradores en el reciente Código Procesal Penal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha hecho una excepción al principio de doble persecución, descalificando con severidad los pronunciamientos cuya semilla florece a la sombra de la cosa juzgada fraudulenta. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Nadege Dorzema vs República Dominicana ha determinado que carece de valor o pierde eficacia la decisión cuando el procedimiento y las resoluciones judiciales no pretenden esclarecer los hechos, sino simplemente la absolución de los imputados.

Lleva la razón Federico Morgenstern, en su obra Cosa juzgada fraudulenta, cuando alude a que si el Estado juzga una y otra vez al acusado hasta lograr su condena, se percibirá justificadamente la insistencia estatal como una instancia de abuso de poder. No tiene sentido allí hablar de la supuesta intangibilidad de la cosa juzgada. Las sentencias firmes o los sobreseimientos son, como regla, inmutables, pero una excepción a ellos es justamente la cosa juzgada fraudulenta. Esta última se devora a la primera. Un mundo sin cosa juzgada sería invivible, pero la relativización de la cosa juzgada no es equivalente a una distopía. La única distopía es el desprecio a la desnaturalización de los fines del proceso penal.

Recordemos que Bidart Campos enseñaba que destronar a la cosa juzgada mala o írrita es una de las batallas procesales y constitucionales más elocuentes. Sería de un ritualismo fatuo apegarse y aferrarse a la vacía autoridad de cosa juzgada en una sentencia viciada de nulidad.

Augusto M. Morello predicaba que no puede hablarse de cosa juzgada, preclusión, ni siquiera de sentencia si se prueba que tal pieza esencial del pleito emana no del recto administrar de justicia, sino del compromiso y de la obsecuencia, la imposición, el fraude, el peculado, el prevaricato o de cualquier otra irregularidad que despojan al juez del augusto carácter de tal para convertirlo en instrumento espurio de gobernantes.

No deseo generar hastío en el lector efectuando una ciclópea reseña de los pronunciamientos vernáculos que han despuntado el instituto. Solo hemos de mencionar que nuestra Corte Federal, en el caso "Campbell Davidson c/ Provincia de Buenos Aires", entre muchos otros y en sintonía con lo resuelto por la Corte de Suprema de los Estados Unidos en el precedente "Bracy vs Gramley", disecó algunas de las condiciones para que los procesos y las sentencias judiciales puedan gozar de estabilidad. Sentó jurisprudencia afirmando que donde no hay más que un remedo de juicio, no hay acto jurisdiccional válido, destacándose su considerando 11 en cuanto alude a la sentencia dictada bajo la influencia del cohecho, violencia u otra maquinación, instituto ya previsto en el derecho romano, en el que se admitían acciones de revisión cuando aquella era emitida con base en sobornos de testigos, colusión u actividades dolosas.

Ahora bien, no es una creación de nuestra entelequia afirmar que, en más de una oportunidad, se ha utilizado la jurisdicción judicial para desviar el objeto del proceso con la sola finalidad de manipular su esencia o consagrar la impunidad de diversos sucesos delictivos.

Los actos de corrupción, que no dudamos en criticar, se han valido, en más de una oportunidad, de dicho método para escapar al castigo, opacando al órgano jurisdiccional el cual debe emular más al poema que nuestro genial Jorge Luis Borges le dedicara a Susana Bombal, con las recordadas frases "alta, altiva y alabada", que en un aquelarre donde solo se tiende a beneficiar a algunos funcionarios públicos o particulares quienes procuran ventajas, generalmente económicas, pero no limitadas a estas, para ellos o para los individuos con quienes contratan o quienes han sido contratados, con un efecto distorsivo, que no es otro que convertir a la ley en un recurso de acceso diferencial.

La manipulación, en tal sentido, instala la calígine en el marco de la aplicación de la norma, haciendo añicos el principio de legalidad, generándose un derecho de dos velocidades en el que los marginados no poseen la disponibilidad del marco normativo abstracto y general y sí la logran ciertos bandidos que "armiñan" su actividad en función de un entramado espurio de relaciones cosechadas al amparo de las tinieblas.

El autor es  juez de Cámara en el Poder Judicial de la Nación, por ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 4. Doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales, magíster en Mercado de Capitales y en Derecho Económico. Especialista en Finanzas y Derecho Tributario. Doctorando en Ciencia Política.