Vuelve a la carga el Frente Amplio por el voto en el extranjero para Uruguay. Ya perdió un plebiscito en 2009, cuando reconoció que precisaban dos tercios de votos para consagrarlo (por ser materia electoral) y se lanzó a la consulta popular. La gente votó en contra. Solo el 37% los acompañó. Como nada le arredra en su afán electoralista, ahora cada día mayor por su temor a perder, vota un adefesio jurídico. Es una ley que crea una comisión para elaborar una ley que requeriría en cualquier caso esa mayoría especial. Nunca se vio que por ley se nombre una comisión para elaborar otra ley.

En el terreno formal (y constitucional también) cabe agregar que la tramposa ley prevista se abre con una declaración de interpretación a la Constitución, que dice que "el hecho de residir fuera del país no obsta al ejercicio de derecho y obligaciones inherentes a la ciudadanía". De ese modo oblicuo se pretende legitimar el voto en el exterior, cuando el voto está precisamente regulado por las leyes electorales del país. Ellas no prevén esa posibilidad, en acuerdo con la clara intención constitucional. Cualquier modificación al ejercicio del voto tiene que ser por ley, aprobada por dos tercios de votos de la Asamblea General. La peregrina tesis de que cambiar el Registro Cívico e incorporar miles de personas no es modificar una ley electoral resulta realmente risible.

En cuanto al fondo de la cuestión, de nuevo hemos de reiterar nuestro punto de vista:

1.La Constitución define a nuestra república como la "asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio" (artículo 1º). Está claro que son solo los "habitantes". El criterio se ratifica cuando establece que pueden ser considerados ciudadanos "naturales los hijos o padre madre orientales, por el hecho de avecinarse en el país es inscribirse en el Registro Cívico" (artículo 74º). O sea que si no vienen a vivir al Uruguay, no adquieren la ciudadanía natural. El criterio vuelve a repetirse cuando (artículo 78°) le reconoce el derecho a votar, aunque no sea ciudadano legal, al extranjero que se ha afincado por 15 años en el país. El criterio es siempre el mismo: requiere arraigo.

2.En el plano político, la experiencia internacional dice que los ciudadanos votan con el clima del país en que viven y no del suyo de origen. En Chile, en la última elección, Alejandro Guillier ganó en todos los países del extranjero (incluido el Uruguay) y perdió en su país ante Sebastián Piñera. En Perú, la última elección de Pedro Pablo Kuczynski fue clarísima: le ganó a Keiko Fujimori por 0,5% de votos en Perú, pero esta entró tercera en la votación en el exterior. En la elección anterior había ocurrido algo parecido: ganó Humala en Perú, pero Lourdes Flores y Alan García lo superaron en Argentina por amplio margen. Ni hablemos de Berlusconi, que en 2006 ganó en Italia, pero perdió en el extranjero y fue decisiva la votación en Argentina. Podríamos seguir acumulando ejemplos. Lo importante es que habilitar esa votación en el extranjero es desvirtuar la inclinación de los ciudadanos del país, introducir un factor de distorsión en la elección de las autoridades.

3.En lo ético es aún más claro. Suele decirse que ese 16% de ciudadanos uruguayos que vive en el exterior tiene derecho a votar. No lo tienen porque la Constitución no se les atribuye. Pero, además, lo importante es el otro 84% de votantes, que vive en el país y asumirá las consecuencias de su voto. El ciudadano que reside en Miami o Barcelona por cierto merece todo el respeto de nuestro Estado y hasta la obligación de velar por él. Pero no puede ser que decida la suerte del país a distancia y no viva las consecuencias de su voto.

Razones jurídicas, políticas y morales cuestionan, entonces, ese reiterado intento frentista de abrir el Registro Cívico a esos ciudadanos. Que muchos países lo reconozcan podrá ser una buena razón para ellos, pero no para nosotros, sociedad de aluvión que desde sus inicios como república se sostuvo con quienes se afincan en su territorio.

Más allá de ese debate, una vez más, aflora ese irrespeto por la Constitución que es nota permanente de los parlamentarios del Frente Amplio. Una y otra vez lo intentaron y, en el caso, volverán a cosechar otro fracaso. Estamos ante otro atropello y aun quienes puedan pensar distinto sobre el tema tienen que reconocer que por esta vía oblicua y fraudulenta no se puede bajo ningún concepto cambiar las reglas de juego de unas elecciones cuya regularidad ha sido sagrada para nuestra democracia.