El 22 de noviembre de 2005, en la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción, presidida por Carlos Wagner, el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, sorprendió al auditorio con una advertencia sobre la existencia de una "cartelización de la obra pública". El estupor de sus azorados oyentes obligó al vicepresidente de la CAC, Benito Roggio, quien oficiaba de coordinador del evento, a salirse del protocolo para manifestar su discrepancia con las afirmaciones del orador: "No estoy de acuerdo con todos los conceptos que formuló el ministro".

Una semana después, Lavagna renunció al Ministerio de Economía y fue reemplazado por Felisa Micheli, una funcionaria a la que hoy tal vez correspondería otorgar el título de precursora, porque a raíz una denuncia periodística fue obligada a renunciar a su cargo por guardar en el baño de su despacho ministerial una bolsa repleta dólares. La intempestiva salida de Lavagna confirió al ministro de Infraestructura, Julio De Vido, una amplia discrecionalidad en el manejo de la obra pública.

Este episodio, que tuvo en su momento vasta repercusión periodística, sirve para corroborar que las revelaciones desatadas a partir de los cuadernos del sargento Ángel Centeno no son sino la comprobación procesal de una historia ampliamente conocida desde hace años en el mundillo político, empresario y periodístico de la Argentina, sobre la que existe una amplia y documentada bibliografía, iniciada probablemente con el libro publicado por Jorge Asís con el premonitorio título de La marroquinería política en el año 2006 y que incluye hasta un libro del propio Diego Cabot, titulado Hablen con Julio, editado en 2011. La única novedad políticamente relevante es que el gobierno de entonces perdió el poder y, como suele suceder en la Argentina, tiene ahora que rendir cuentas de sus actos.

Otro dato significativo es que esta investigación judicial iniciada por el juez Claudio Bonadio, vinculada con anteriores causas penales que ya llevaron a la cárcel al ex ministro de Infraestructura, Julio De Vido, y a sus ex secretarios de Transportes, Ricardo Jaime, y de Obras Públicas, José López, a quienes acompaña ahora el ex secretario de Energía, Roberto Baratta, no son simples casos de corrupción individual, donde un grupo de funcionarios se enriquece ilícitamente, sino parte de una estructura y de una estrategia de acumulación de poder político y económico llevada adelante sistemáticamente desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional.

La figura de asociación ilícita constituye en este caso la versión procesal de un mecanismo de corrupción sistémica derivado de la naturaleza misma de un fenómeno político cuya base fundamental es la simbiosis entre la idea de un "partido del Estado", cuya condición de posibilidad surgió del vacío de poder y la disolución del sistema partidario tradicional ocasionados por el colapso de diciembre de 2001, y las prácticas tradicionales del denominado "club de la obra pública", antes llamado "patria contratista", centrado principal pero no únicamente en la industria de la construcción, cuya figura emblemática en la década del 80 fue, paradójicamente, Franco Macri.

Es una casualidad cargada de sentido el hecho que de Wagner sea un protagonista y un testigo principal en los episodios que están bajo la lupa judicial y ponen de relieve cómo los sobrecostos de la obra pública en todas sus manifestaciones, en este caso en el sector energético, sirvieron para financiar al "partido del Estado", para beneficiar a las empresas contratistas y a enriquecer a un puñado de altos funcionarios, incluida la familia presidencial.

A riesgo de incurrir en una analogía histórica que provoque por igual el indignado rechazo de las dos partes involucradas, cabría decir que, por su naturaleza sistémica, este juicio presenta algunas similitudes formales con el proceso a las juntas militares impulsado por el gobierno de Raúl Alfonsín. La particularidad es que esta vez la lista de acusados incluye no solamente a la cúpula del Poder Ejecutivo Nacional sino también a la flor y nata del empresariado argentino. Dicha novedad genera graves "daños colaterales", entre ellos el aumento de la tasa riesgo país, la caída de las acciones de las empresas argentinas, el encarecimiento del crédito externo y la amenaza de continuidad que pende sobre algunos proyectos pautados en el programa de participación público privada (PPP).

En este sentido, la utilización de la figura procesal del imputado colaborador, más conocido periodísticamente como "arrepentido", podría permitir separar la paja del trigo y evitar males mayores. En tren de comparaciones un tanto odiosas, el arrepentimiento empresario sería una suerte de adaptación a las presentes circunstancias de las figuras de "obediencia debida" o "punto final", acuñadas entonces por Alfonsín para acotar la onda expansiva de aquel juicio histórico. No está de más recordar la escasa suerte que acompañó a aquel intento.

Un elemento adicional, pero no menos importante para facilitar una explicación estructural, y no conspirativa, de lo que sucede en esta causa penal es que el cambio de gobierno operado en diciembre de 2015 significó no solo el reemplazo de Cristina Kirchner por Mauricio Macri, sino la reinserción de la Argentina en el sistema financiero internacional, del que había permanecido virtualmente marginada durante más de una década.

Esa reincorporación, instrumentada básicamente a través del levantamiento del cepo cambiario y el arreglo con los acreedores holdouts, tiene entre sus efectos que la Argentina vuelve a estar sometida a determinadas reglas internacionales de conducta empresarial. Sin ir más lejos, las negociaciones para avanzar en el ingreso en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el mayor club de los países económicamente desarrollados, están supeditadas al acatamiento de reglas de juego asociadas con la transparencia empresaria.

Al mismo tiempo, la internacionalización de las empresas argentinas, que se refleja por ejemplo en la cotización de sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, las somete al atento escrutinio de la SEC y demás organismos de estadounidenses de control. Esos compromisos implican también una paralela internacionalización judicial. Su impacto más inmediato es el casi inevitable entrecruzamiento de las investigaciones del "cuadernogate" con las ramificaciones argentinas del Lava Jato brasileño.

Esta historia recién empieza. ¡Teléfono para Netflix!

El autor es periodista, vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico y cofundador del centro de reflexión para la acción política Segundo Centenario.