Los cuadernos de la corrupción: dudas y certezas

Juan Carlos Vega

Con gran inteligencia, los empresarios investigados han diseñado una estrategia de defensa para "bajar el precio" a sus delitos. Dicen que sus pagos no fueron sobornos pagados para ser adjudicatarios en obras públicas con enormes sobreprecios, sino que ellos son víctimas inocentes de extorsiones y que sus pagos estuvieron dirigidos exclusivamente para financiar campañas políticas del Gobierno.

Esta defensa que claramente es una obra maestra de cinismo político puede llegar a funcionar en el proceso penal argentino y lograr que en unos años los empresarios sean declarados como simples víctimas de abusos del poder político.

El divorcio del derecho con la realidad

Basta leer el informe de la Comisión de Expertos del Colegio de Abogados de Córdoba del año 2017 para ver el resultado de tres encuestas realizadas en 20 años que muestran que el 82% de los argentinos declara tener escasa, baja o nula confianza en la Justicia argentina. Que la Justicia argentina conjuntamente con los sindicatos son las instituciones argentinas con menor prestigio social.

Este divorcio entre el derecho y la realidad y entre la Justicia y la sociedad es el que se va a poner a prueba en la investigación judicial de "los cuadernos de la corrupción". De manera particular la Justicia argentina va a tener que decidir sobre premisas centrales en el proceso penal.

En primer lugar, decidir si se está frente a hechos delictivos aislados e independientes o frente a una trama o una red de corrupción que ha funcionado de manera integral y ordenada a lo largo de años.

Nuestra posición ya fue expresada en ocasión del proyecto de reforma del Código Penal en el año 2010. La corrupción en Argentina, y el caso Odebrecht lo demuestra, es una estructura integrada por tres subsistemas: el poder político del Estado, el poder económico —principalmente de la Cámara argentina de la Constitución— y, en tercer lugar, el Poder Judicial argentino que nunca investigó y que nunca controló el funcionamiento de esta estructura.

Estamos frente a un sistema de poder ilegal y no frente a delitos aislados e independientes. En la medida en que el derecho recepte esta realidad, tendremos decisiones justas y legales.

Esa red de corrupción exigía necesariamente sobrecostos en las obras públicas, porque los empresarios que reconocen haber pagado sobornos buscaban recuperar esos dineros pagados de su bolsillo con los precios de las obras públicas adjudicadas. Estos son los sobreprecios de toda la obra pública argentina y también de los contratos de servicios.

En el informe del Colegio de Abogados de Córdoba del año 2017 se estiman razonablemente estos sobreprecios en la obra pública argentina en la suma de 2 mil millones de dólares anuales tomando como pauta de medida el 15% del presupuesto de obras públicas en Argentina. Este sería el costo directo de la corrupción. Pero existe también el costo indirecto que se estima en otros 2 mil millones de dólares anuales.

Lo tercero que está en juego en esta investigación judicial son los derechos de la víctima de los actos de corrupción, que es la sociedad en su conjunto. En el proceso penal argentino los derechos de las víctimas de la corrupción son inexistentes. Y la sociedad como víctima de la Corrupción tiene dos derechos: que se sancione a los responsables y que se recuperen los dineros robados. Hasta ahora, ni la Procuración del Tesoro ni la Oficina Anticorrupción han pedido participación procesal en estos juicios, y es dudoso que la logren.

Estos procesos también van a definir la verdadera dimensión que deben tener en una democracia los derechos del imputado. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8, p. "h", consagra a la segunda instancia como un derecho humano esencial en materia de garantías judiciales. Pero resulta que, en el proceso penal argentino, se ha llegado a la deformación de sostener que una sentencia firme es solo aquella que ha llegado a tener decisión final de la Corte Suprema de Justicia. Es decir que los derechos del imputado implican en Argentina tres instancias recursivas y no una sola como lo consagra la Convención Americana. Esta deformada concepción de los derechos del imputado nos ha llevado a que en Argentina un proceso judicial por corrupción dure 14 años y en un 96% termine en prescripciones liberatorias.

Esta deformación de los derechos del imputado no es inocente, porque se hace siempre el perjuicio de los derechos de la víctima, que es la sociedad. Con una duración de 14 años la víctima no tiene ninguna posibilidad de que se garanticen sus derechos. Un proceso judicial por corrupción que dura 14 años necesariamente anula todo derecho de la sociedad a recuperar los bienes robados y el derecho a que se sancione a los responsables.

Es decir que en el proceso judicial abierto con los cuadernos de Centeno, lo que se debe buscar es desmontar una estructura de poder económico, político y judicial que ha funcionado alegremente durante el terrorismo de Estado y durante los 34 años de la democracia. Este será un caso testigo en este punto.

Hará falta un gran esfuerzo intelectual, moral y político para desmontar esa estructura de poder que es la corrupción en Argentina. En el fondo, lo que está en juego aquí es la credibilidad social de la Justicia y la credibilidad social en la norma jurídica.

El argentino ha visto en vivo y en directo cómo se contaban millones de dólares en la Rosadita fumando cigarros y tomando whisky de 18 años. Y ninguno de esos ciudadanos nunca estuvo un día preso, y ese dinero mostrado por televisión abierta nunca fue recuperado por la sociedad. Con los cuadernos de Centeno puede pasar lo mismo. Es decir, 14 años de proceso judicial y finalmente prescripciones liberatorias que quiere decir declaración de inocencia.

El gatopardo

En esta hermosa obra del siglo XX, el príncipe Fabrizio enseña a su sobrino Tancredi las claves de la política. Para mantener el poder, no hay que oponerse al cambio de manera frontal. "Para que todo siga igual, es necesario que algo cambie".

Ninguna modificación aislada al Código Penal servirá de nada para desmontar esta estructura de corrupción que viene funcionando en la Argentina livianamente desde hace más de 50 años. Sin duda que hay que reformar el Código Penal, pero de manera integrada con el Código Procesal Penal, con la ley del Ministerio Público, con el Consejo de la Magistratura, con el privilegio de los jueces de no pagar impuestos a las ganancias. Y la técnica legislativa de integración normativa debe ser la de los tratados supranacionales de derechos humanos. Medidas aisladas son gatopardistas.

El autor es ex presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación y nominado para presidir el Grupo de Trabajo de lucha contra la Corrupción de la OCDE en el año 2013.