Hay tres afirmaciones respecto de realidades que no se pueden detener:

1. Agua, montaña hacia abajo.

2. Fuego, montaña hacia arriba.

3. Una investigación judicial con empresarios del sector privado que aceptan contar las coimas que pagaron.

Es imposible no comparar el Lava Jato en Brasil y el escándalo de corrupción en la Argentina, que perfectamente podría ser denominado también como "Lava Jato Argentina", merced de tener la misma operatoria en los dos países.

– Empresas de construcción de la obra pública con contratos con el Estado, que sobrefacturaban los acuerdos para devolver estos valores a funcionarios del poder de turno que se enriquecían ilegalmente a cambio de otorgar las referidas obras.

– Distribución ilegal de la obra pública entre las empresas del "club" para asegurarse la continuidad del modelo de recaudación ilegal.

– Un cabeza de la organización (jefe) que recibía la coima y, sin contacto directo con quien la pagaba, utilizaba intermediarios del propio gobierno para concretar los actos ilegales.

– Funcionarios del segundo y del tercer escalón del Gobierno que, sin ninguna experiencia en el área, eran designados en los cargos, no para aportar sus conocimientos para el bien común y sí para aportar su lealtad para el bien de sus jefes (y de ellos mismos).

– Participes necesarios (que se quiebran más fácil ante la Justicia) que en Brasil coordinaban los pagos de las transferencias en la Gerencia de Operaciones Estructuradas (me refiero a la secretaria de Odebrecht, Maria Lucia Tavares) y en Argentina eran los que llevaban los bolsos con millones de dólares del pagador al receptor de la coima.

– Empresas de enorme importancia en la economía del país que, afirmando su voluntad de colaborar con la justicia, le dan licencia o suspenden o directamente echan al ejecutivo que aparece en los registros como si la corrupción hubiera sido algo individual del ejecutivo y sin el conocimiento de la cúpula de la compañía.

– Un antes y un después en la investigación, desde el momento en que empresarios del sector privado fueron detenidos y tuvieron oportunidad de vivir en carne propia lo que es estar PRESO.

El juez Sergio Moro (AFP)
El juez Sergio Moro (AFP)

El juez Bonadio y el fiscal Stornelli aplicaron (desconozco si con intención o por pura estrategia judicial) el Dilema del Prisionero de Albert Tucker, al mostrarles a los empresarios que eran varios los que habían sido detenidos y que sería mucho mejor, para la realidad individual de cada uno, que colaboren con la Justicia.

No es casual tampoco que se haya divulgado que el chofer Centeno había sido liberado por colaborar contando lo que sabía.

Menos casual aún, que el primer empresario a colaborar con la justicia haya sido uno de los últimos en ser detenido (Juan Carlos de Goycochea de la empresa Isolux).

Tomando como ejemplo el perfil del arrepentido en Brasil, podemos citar las siguientes características:

1. Ejecutivo de vital importancia corporativa, de empresa privada, que puede haber sido despedido de la misma para evitar que la misma se vea involucrada en este escándalo.

2. Que sea casado y con hijos o nietos (mejor aún) en edad escolar

3. Que tenga patrimonio obtenido con recursos genuinos, y que su familia le recuerde que si no habla pueden perder todo.

4. Que guardó pruebas porque, sabiendo que algún día podría ser preso, precisaría de algo para ofrecer en el caso de firmar un acuerdo judicial como arrepentido.

5. Que guarde en alguna parte de su interior un concepto de la ética (que no tuvo) y el que debió contrariar para mantener su empleo y su status económico.

6. Que suponga que su situación pueda generar un problema judicial para alguien de su familia (si se enriqueció, es más que probable que haya colocado bienes a nombre de terceros). Si el riesgo familiar involucra esposa o hijos, la predisposición a colaborar aumenta exponencialmente.

El juez federal Claudio Bonadio (CrŽdito: Adrian Escandar)
El juez federal Claudio Bonadio (CrŽdito: Adrian Escandar)

No obstante que la Ley del Colaborador Premiado en Argentina no es de las mejores, no será ninguna sorpresa que la cantidad de arrepentidos (yo los llamaría de imputados protegidos) aumente considerablemente al observarse que quien ayuda obtiene ventajas procesales y sobre todo que quien demore a colaborar tendrá muy poco para aportar respecto de lo que la Justicia no sepa.

Se agrega, como forma de confirmar esta teoría, que el empresario que pagó coimas no tiene ninguna estructura de lealtad política que el ex funcionario sí tiene, merced la condición de agradecimiento por no ser nada y pasar a ser alguien y sobre todo un alguien con mucho dinero (esto explica por qué varios empresarios surgidos en el gobierno Kirchner no delataron a nadie hasta el momento).

Hay mucho más dinero en casos de corrupción dando vueltas

Sería iluso pensar que un solo auto del Gobierno "recaudaba" la coima de las empresas privadas para pagarles a los ex funcionarios, como iluso es pensar que la empresa Odebrecht, que hacia obras públicas en Argentina por medio de consorcios con otras empresas, pagaba solamente ella las coimas para que todos se beneficien por igual.

En Brasil, TODAS LAS EMPRESAS vinculadas al cartel de la obra pública procesadas inicialmente en el caso Petrobras tuvieron participación en los pagos, como también en otros casos de corrupción (sector de Petróleo, Marítimo, Energía, Transporte, etc).

Tal vez no aparezcan otros choferes que hayan escrito con tanto detalle el recorrido de la coima, pero seguramente habrán otros choferes, probablemente compañeros de Centeno, que participaron de las recaudaciones.

Centeno tendrá que contar todo lo que sabe y es allí donde se abre el abanico en las etapas que seguramente tendrá la investigación a partir de ahora.

La pieza fundamental en el proceso, será el instrumento financiero del lavado del dinero: las "cuevas" por donde pasó coima para ser enviada al exterior.

En el Lava Jato de Brasil, de hecho, la investigación se inició por medio del dueño de una cueva que funcionaba en una estación de servicio en que había un lavadero de autos, que en portugués se dice "lava jato".

El fiscal Carlos Stornelli
El fiscal Carlos Stornelli

Riesgos en el horizonte

El éxito judicial obtenido en Brasil se debió a:

Leyes que incluían corrupción en su contenido (Ley del Colaborador premiado y Ley de Leniencia, -extinción de dominio– ambas de agosto del 2013). No es casual que Lava Jato en Brasil se inició el 17 de marzo del 2014.

Un sistema judicial que permitió aplicar esas leyes. El juez Sergio Moro en Curitiba no es el único que ha destrozado a la corrupción brasileña. Marcelo Brettas en Rio de Janeiro y Ricardo Leite en Brasilia sirven como ejemplo de la amplitud federal en la investigación.

Un Código de Procedimiento que impide que imputados entreguen escritos sin relación con la causa, en lugar de declarar efectivamente ante el juez. En Brasil existe el derecho constitucional a negarse a declarar, pero de aceptar declarar debe responder las preguntas del juez, del Ministerio Público y de los abogados de defensa de todos los procesados

– No existe jurisprudencia de jueces próximos al gobierno que está siendo investigado que dificulte la acusación del juez que está a cargo del proceso

– Juzgados especializados en temas de corrupción (los tres jueces citados solo participan de casos de corrupción que involucren al funcionarios del Estado, y cuentan con fiscales igualmente dedicados, y policía judicial que trabaja en equipo con jueces y fiscales)

El fiscal Stornelli y el juez Bonadio deben trabajar también en procesos de los más diversos delitos, como narcotráfico, asaltos, prostitución, secuestros, violencia de género Y TAMBIÉN en casos de corrupción.

Además, según informaciones judiciales, en las dos Secretarías del Juzgado del Dr Bonadio existen 1200 casos. Este de los cuadernos es apenas uno de estos 1200 procesos en curso.

Ambos integrantes del Poder Judicial tienen la enorme oportunidad (a pesar de los detractores sobre la labor de ambos) de devolverle la esperanza a la población sobre nuestro sistema judicial para que, en caso de encontrarse culpables, los responsables paguen por los delitos cometidos con el dinero público.

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