Proyecto de ley IVE: moderno, justo y necesario

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(Foto: Julieta Ferrario)
(Foto: Julieta Ferrario)

El Senado se dispone a tratar, en algunos días, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que ya tiene sanción de la Cámara de Diputados. Llegamos a esta instancia tras un debate maduro, argumentativo y, en general, respetuoso. La discusión suele resumirse en la consigna "estar a favor" o "en contra" del aborto. Un eslogan más extremo se posiciona "a favor de la vida", infiriendo que la despenalización implica lo opuesto. Estas opciones son falaces. Nadie, salvo quienes lucran clandestinamente con esta práctica, está "a favor" del aborto. Esta iniciativa debería convertirse en ley por tres razones.

Es una ley moderna

El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo se inscribe en las llamadas "políticas de género": paridad en materia salarial entre mujeres y hombres, extensión de licencias para víctimas de violencia y para trámites de adopción, ampliación de la licencia por paternidad. Se trata de un enorme cambio social y cultural en nuestro país.

La sanción penal ha fracasado: pertenece al siglo XIX y no ha hecho sino fomentar la clandestinidad y, con ella, negocios viles y la mortalidad materna. La ley de interrupción voluntaria del embarazo pondrá a la Argentina en el grupo de naciones más desarrolladas que ha logrado reducir la tasa de mortalidad materna por aborto y la cantidad de abortos en términos absolutos.

Es también una ley moderna porque tiene sus raíces en un reclamo genuino y profundo de la sociedad civil, en particular, de las mujeres. Han sido sobre todo las más jóvenes, quienes, a través de organizaciones, campañas, marchas, recolección de firmas, dieron visibilidad pública a un tema hasta entonces soterrado. Es una ley generacionalmente joven, para el siglo que estamos transitando y para una sociedad muy diferente a la que punía el aborto. Una sociedad en la que la mujer ya no es obligada a hacer —y a ser— lo que no desea, que por fin le restituye su pleno derecho a decidir sobre su vida y sus elecciones.

Es una ley justa

En nuestro país, el aborto es la principal causa individual de mortalidad materna. Pero no solo eso: golpea sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad. Es, otra vez, el resultado perverso de la punición penal. Paralelamente, la legalización del aborto en más de sesenta países muestra que las muertes maternas por esta causa son evitables cuando se hace en condiciones de seguridad e higiene. En estos países, la mortalidad materna se ha reducido y las tasas de aborto disminuyen en términos absolutos y relativos (no hay que irse muy lejos: es lo que ha ocurrido en Uruguay).

La sanción penal es una solución profundamente discriminatoria hacia los sectores más desprotegidos de la sociedad, aquellos que tienen un acceso limitado, cuando lo tienen, a una adecuada educación sexual y a métodos anticonceptivos, y se ven, de ese modo, condenados a esta práctica sin las más mínimas garantías de higiene, salubridad y contención psicológica. La sanción penal ha agravado el problema, añadiendo la persecución de la ley al daño psicológico, al potencialmente físico y a la condena social que implica de por sí recurrir a una práctica clandestina e ilegal.

Es una ley necesaria

Nuestro criterio, a la hora de fijar una posición sobre el asunto, puede estar regido por consideraciones de índole moral, religiosa, legal, ideológica, de bioética y también de salud pública. Pero la obligación del Estado es darse normas que garanticen la integridad de cada una de esas esferas. Este proyecto cumple perfectamente con aquellas exigencias y debería ser aprobado por el Congreso Nacional. En efecto, respecto de las consideraciones morales y religiosas, esta ley no supondría ninguna obligación a actuar en contra de las convicciones de nadie, al tiempo que tampoco se impondrían las convicciones religiosas o morales de unos (unas) sobre otros (otras).

La legalización del aborto conlleva la responsabilidad del Estado de desarrollar políticas integrales de educación sexual y reproductivas, de salud que provean la información adecuada, el acceso gratuito y en condiciones de igualdad a métodos seguros para la interrupción del embarazo, y asistencia psicológica previa y posterior a la intervención. Como en tantos otros aspectos, la única manera de empezar a solucionar nuestros problemas es reconociendo su existencia, analizando y debatiendo sobre ellos.

El Congreso debe aprobar esta ley de interrupción voluntaria del embarazado si verdaderamente quiere dotar a la Argentina de instrumentos legales más modernos y adecuados con los que enfrentar esta dolorosa realidad, más justos, no discriminatorios, más tolerantes y seculares, auténticamente inclusivos.

El autor es secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda de la Nación.