La última línea de defensa de la ley de aborto se ha establecido en que "es necesario legalizarlo a fin de evitar muertes provenientes de abortos realizados en la clandestinidad". Aunque el resultado directo del procedimiento sea la eliminación de la vida del hijo, se trataría de un daño colateral, con variantes según la óptica de los diversos sectores partidarios de la ley.

Repasemos: tenemos un primer sector cuya finalidad es la reducción de la población mundial y para ello la plena accesibilidad al aborto es una prioridad estratégica, en tanto que la vida de los concebidos es apenas una variable estadística.

Un segundo sector, de carácter ideológico, cuya expresión política es el feminismo radical, justifica el aborto como un derecho a la libre determinación de la mujer, encarando el problema de la vida del niño de diversos modos: i) dejando de lado la cuestión; ii) haciendo depender la "personalidad" del niño de la voluntad de la madre; iii) sosteniendo la "progresividad" de la personalidad del gestado. Estos ensayos de justificación, no obstante, no encuentran consenso entre la gente con sentido común, ya que no se sostienen ni por la lógica ni por el derecho.

Pero existe un tercer sector conformado por gente que piensa que el aborto es un tema de salud pública que afecta a millares de mujeres; alegan que ninguna mujer se procura un aborto sin un motivo grave, y que en tal caso debe posibilitársele el acceso a una práctica segura y gratuita, llevando equidad social a los sectores más relegados. Esta posición es la más respetable desde el punto de vista político, pero no ha salido indemne del debate, por algunas razones que intentaremos sintetizar: i) la "visibilización" del niño por nacer, de sus derechos y la profunda razón antropológica por la cual la mujer, que es madre, se ve afectada por su eliminación: la ruptura violenta del vínculo la priva, sin vuelta atrás, de una existencia común con su hijo; ii) que la equidad social se priorice en el aborto, que es la cuarentava causa de muertes maternas, y no en el acceso a la educación, al agua corriente, a la nutrición adecuada o a condiciones obstétricas de excelencia, lleva a pensar que las verdaderas razones de la ley no son de justicia social, sino que radican en las motivaciones de los dos primeros sectores a que hiciéramos referencia; iii) que no se atienda debidamente la realidad de la mayor parte de las mujeres, que abortan motivadas por presiones que afectan su libertad, información incompleta que afecta su comprensión; condiciones de vulnerabilidad que limitan su capacidad de encontrar alternativas; en fin quieren abortar porque no ven otra salida.

Al término de las audiencias públicas los sectores partidarios del aborto han visto contestadas todas y cada una de las razones que han esgrimido para la defensa de la media sanción de Diputados, pero no han podido contestar por qué no les interesa la libre determinación de la mujer cuando está presionada de muy diversas maneras para requerir un aborto. ¿No se respetaría más su dignidad si se removieran las causas de los condicionamientos, aún las sociales, de manera que también pueda optar libremente por no abortar? ¿Por qué no se prevé en lo procedimental dar información veraz y accesible para la toma de decisiones, tales como ver en una ecografía los movimientos del embrión y su sexo, y escuchar los latidos de su corazón? ¿Qué problema tienen con que el embrión pueda ser "humanizado" por la madre? ¿Por qué no se le advierte que existen posiciones científicas que sostienen que el aborto trae consecuencias traumáticas para la mujer? ¿No hace a la dignidad de la mujer poder cambiar de opinión con base en un adecuado ámbito de contención, información veraz y sin presiones que condicionen su voluntad?

Por todas estas razones las argumentaciones en pro del aborto se han replegado a una última línea defensiva: "Hay que legalizarlo para evitar muertes por abortos clandestinos", obviamente, manteniendo el aura de progresismo, de moda, y hasta de transgresión que pareciera implicar esta opción ("ignorando" su coincidencia estratégica con el establishment del poder global). En definitiva, la consigna es "clandestinidad = muerte". Pero es fácil advertir aquí un uso estratégico del lenguaje con fines de manipulación. En efecto, la gran mayoría de los abortos "clandestinos" se hace en el ámbito hogareño mediante la ingesta del famoso medicamento; cualquier complicación sobreviniente —la misma que si la pastilla hubiera sido tomada en un consultorio— puede ser subsanada en el sistema público, contando para ello con el total compromiso de todos los médicos para restablecer la salud en crisis. ¿Cuándo se va a entender, dicho sea de paso, que los objetores de conciencia no quieren verse involucrados en la producción del aborto pero están a absoluta disposición para salvar la vida de la mujer que ha abortado o que cursa un aborto incompleto?

Sigamos con nuestro razonamiento. Tampoco ingresarían en la clandestinidad aquellas mujeres que hoy abortan porque creen que "no tienen otra opción", en virtud de que mediante una política pública integral y consistente se le facilitarían las opciones al aborto. Que en definitiva es lo que este debate ha puesto en claro: dicha política brilla por su ausencia y las mejores energías del Congreso y del Ejecutivo deberían dirigirse a materializarla.

También deberían restarse de la clandestinidad los abortos no punibles en virtud de las excusas absolutorias que trae el Código Penal para los casos de violación y de peligro de vida de la madre. Pero todavía quedaría la clandestinidad para un grupo minoritario de mujeres que quisiera abortar en ejercicio de su libre determinación y no porque "no tienen otra opción". Siendo mayoritario al apoyo a la ley de aborto en el sector social ABC1 y minoritario entre los sectores marginales, no es aventurado pensar que gran parte de este grupo pertenecería a sectores de clase media y media alta. Ahora bien, una cantidad infinitesimal de los abortos efectuados en la clandestinidad terminan en la muerte de la madre, análogamente a que los que se realizan en la "legalidad". Clandestinidad es clandestinidad, no muerte. ¿Una muerte por un aborto clandestino justifica o compensa decenas de miles de niños abortados como primera opción en un sistema destinado a producir el aborto como resultado, tal como el que se propicia en la media sanción? En esta perspectiva la consigna de "clandestinidad = muerte" se relativiza hasta difuminarse. La única manera de que no haya clandestinidad en absoluto sería la de aborto libre hasta los nueve meses, es decir, iría más allá en su "liberalidad" de la media sanción de Diputados, la cual es ya sumamente permisiva.

Veamos en este último reducto de la clandestinidad una elemental cuestión de proporcionalidad: el aborto quita la vida de un ser distinto de la madre, que técnicamente es hijo de esta y tiene derechos. En la confrontación entre el derecho a vivir y el derecho a la autodeterminación, es obvio que en el primero de las casos no tenemos flexibilidad posible, o se vive o se muere. En tanto el derecho a la autodeterminación es restringible por naturaleza, la vida social restringe todos los días nuestra autodeterminación y siempre en virtud de la existencia del otro, o de los otros. Bien, el niño por nacer es otro y estando en juego su vida tiene derechos que justifican una restricción temporaria de la autodeterminación de la madre. Dejándolo nacer.

Véase nada más el artículo 75, inciso 23 de la Constitución: el niño en situación de desamparo es titular del derecho subjetivo a los beneficios de un régimen de seguridad social durante todo el embarazo hasta el término de la educación elemental. Cualquier modo de legalización del aborto implica una conducta contradictoria con la conducta que prescribe la norma constitucional citada. ¿Se acuerdan quienes estudiaron Introducción al Derecho que la validez material de la ley, norma inferior, depende de la adecuación, y no confrontación, de la conducta prescripta por dicha ley al orden de conductas que emanan de la Constitución Nacional (norma superior)? Claro como el agua clara. Aquí se da el núcleo innegociable de quienes defendemos las dos vidas: es inaceptable el derecho a la supresión de una vida inocente, hasta por su propia madre.

El autor es abogado, profesor universitario, exlegislador provincial.