Urge despolitizar el debate sobre la nueva reglamentación de la ley de Defensa

Continúa generando una heterogénea gama de reacciones la reciente reforma de la reglamentación a la ley de Defensa nacional, a través de la cual deja de atarse la misión de las Fuerzas Armadas exclusivamente a agresiones de origen externo protagonizadas por actores estatales e instrumentadas a través de instituciones militares regulares. Entre esas reacciones se incluyen actitudes de desconfianza por parte de importantes sectores de la población civil, que rechaza una eventual intromisión castrense en asuntos domésticos.

Una preocupación infundada, pues las actuales instituciones castrenses son republicanas y democráticas, plenamente subordinadas al poder político. No existe absolutamente ningún episodio o declaración que sustente esa preocupación, y los únicos casos en que los uniformados han salido de los cuarteles ha sido en ocasión de catástrofes naturales.

Por otro lado, nada indica que sea intención del Gobierno abrir las puertas a una injerencia de ese tipo, que además está impedida por las leyes vigentes de Defensa, seguridad interior, reestructuración de las Fuerzas Armadas e inteligencia. Lo que sí parece querer la Casa Rosada es emplearlas en tareas que pueden desempeñar con eficiencia (como lo han demostrado reiteradamente en numerosas operaciones de paz de las Naciones Unidas) y que llevan adelante ejércitos de otras partes del mundo, incluyendo de los países vecinos, pero que aquí le estaban vedadas. La protección de objetivos estratégicos e infraestructuras críticas, y el control de fronteras, son ejemplos claros.

Sin duda las mayores controversias giran en torno al eventual involucramiento militar en la lucha contra el narcotráfico. Ahí es donde ha cargado sus tintas la oposición, con cierto grado de razón si se tienen en cuenta las declaraciones confusas y ambivalentes del ministro de Defensa. En un país con la séptima extensión territorial del mundo, espacios marítimos tres veces mayores, grandes espacios vacíos, una generosa dotación de recursos naturales (algunos, estratégicos), una población menor a cincuenta millones de personas, con reclamos soberanos sobre la Antártida y parte de su territorio usurpado (Malvinas), sostener que la principal función de los militares se vincula con el combate al narcotráfico sería una grave muestra de desconocimiento.

Pero es imperativo ser sinceros y recordar que el empleo de las Fuerzas Armadas en esa cuestión figuraba en las agendas de las principales fuerzas políticas. Hace escasos tres años, el líder del Frente Renovador "le declaró la guerra al narcotráfico" y propuso militar las fronteras. La novedosa idea se sustentó en una propuesta de seguridad ampliada que incluso habilitaba a los militares a realizar ciertas tareas de inteligencia interior. Por la misma época el candidato presidencial Daniel Scioli hablaba públicamente de "blindar" las fronteras con las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico.

Estas aparentes contradicciones se explican a partir de la politización del debate, al calor de las posturas ideológicas, abandonando los cauces del debate desapasionado y objetivo. Un excelente ejemplo lo proporcionó en estos días la ex ministra Garré al acusar al Gobierno de seguir los dictados de Washington en materia de "nuevas amenazas" al reformar la reglamentación de la ley de Defensa, omitiendo que la nación latinoamericana donde las instituciones militares tienen mayor poder y autonomía, con absoluta participación en los avatares políticos (incluyendo la represión a la oposición), es en la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Urge entonces despolitizar el debate sobre la Defensa y analizar con objetividad los alcances de la nueva reglamentación de la Ley de Defensa.

El autor es profesor del Doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador.