La nueva revolución rural: es el momento de las pequeñas empresas asociadas

La explotación agrícola, desde hace dos décadas, está evolucionado desde una ubicación de autonomía a una de fuerte interrelación con otros sectores de la agroeconomía y de la economía en general. Hoy por hoy, no constituye un centro autónomo de decisión productiva y tecnológica; la estancia tradicional está casi desaparecida.

Por ello, el agro no está en condiciones de dar respuesta, con la operativa "tranqueras adentro", a la dinámica de la producción de materias primas, alimentos y productos elaborados. Etapas que antes no se conocían y nuevos agentes determinan la dinámica de todo el proceso productivo que, en rigor, arranca desde el final, es decir desde el consumidor, para llegar al principio, esto es el campo.

Este cuadro evolutivo se plasma en el desarrollo de redes empresariales mediante relaciones contractuales, para conformar una gran red de redes, como una telaraña.

Tras la escala y la especialización, las empresas rurales están menos interesadas en poseer activos fijos, que le quitan capital para acciones de rápido retorno. Claramente, prefieren activos menos tangibles.

Así, diferentes asociaciones, arrendamientos y sofisticadas relaciones contractuales conforman una actividad creciente, en donde incluso algunos de los propietarios no sólo entregan sus tierras en arrendamiento sino que también brindan algún servicio, incluso, en sus propias tierras arrendadas. Resulta, entonces, muy difícil definir qué es un productor agrario. ¿Acaso lo es un propietario de una cosechadora, o uno de un lote de hacienda vacuna, o uno de una fumigadora quienes no poseen ni una hectárea?

Esta compleja trama conlleva múltiples transacciones y, por tal motivo, la problemática contractual seguirá avanzando. Día a día nuevas redes empresariales crecen por una intensa interacción plasmada en el intercambio fundamentalmente de servicios. La empresa tiende a ser relativamente pequeña dentro de una gran dimensión, para hacer suya las ventajas propias de la grande, mediante la explotación de su actividad en conjunto con un gran número de empresas.

La cooperación interempresarial es un capital imprescindible para el desarrollo adecuado de las redes. Ello exige evolucionar desde la lógica "fordista", centrada en economías de escala, a la "toyotista", focalizada en la agilidad y en la cooperación entre agentes.

Las empresas se organizan a través de coordinaciones horizontales y verticales, así desarrollan una gran diversidad de cadenas de valor que, justamente, son disparadas desde el agro. Es un hecho que en el interior del país el agro es el eslabón que induce al desarrollo de cadenas. Al haber tierras aptas, se construyen cadenas de valor donde en cada eslabón surgen redes. "Las empresas que producen alto valor – escribe Robert B. Reich- no necesitan manejar muchos recursos, contar con las tropas disciplinadas de trabajadores de producción, ni imponer rutinas predecibles"

En tanto más coordinadas están, las empresas agrícolas menos disposición tienen en la posesión de activos fijos que les quitan capital para acciones de rápido retorno.

El ambiente social propio de la vida rural es propicio para entender más cabalmente la importancia de hacer crecer el capital social en la comunidad, como factor de producción imprescindible en una economía basada en las redes.

El Estado debe velar para que las cadenas se desarrollen en las propias áreas rurales mediante el establecimiento de nuevos eslabones más próximos al consumidor y nuevos eslabones dirigidos a satisfacer las necesidades de la tierra. Se requiere el desarrollo de cadenas lo más completas posibles que se instalen en el área rural. No en las ciudades. En tal caso, la demanda de mano de obra crecerá con nuevas oportunidades de trabajo y consecuentemente deberá llegar el resurgir de pueblos y ciudades pequeñas.

Ahora bien, para que así sea, es necesario que el Estado promueva la construcción de una infraestructura adecuada que alcance también el plano social. La pregunta, en tal caso, es ¿existe una política de Estado para ello?

(*) Manuel Alvarado Ledesma es economista y profesor de UCEMA