Interrupción legal del embarazo, entre la sociedad civil y la institucionalidad

La sociedad civil argentina es históricamente fuerte y esa sociedad civil se identifica cada vez más con el movimiento de mujeres. Vemos años a año cómo la indignación ante los femicidios, los reclamos por equidad de género y la tan postergada interrupción voluntaria del embarazo ocupan cada vez más espacio de la discusión pública. Estas causas, que se propagan de forma imparable en las redes sociales desde el primer #NiUnaMenos, parecen ser más fuertes en las personas más jóvenes, lo que da la sensación de que no habrá mucho lugar ni para la defensa del statu quo ni para las posturas conservadoras en el futuro de Argentina. En este sentido, fue impactante la participación de las jóvenes Juana Garay y Milagros Peñalba en el Senado, pidiendo legislar para las mujeres jóvenes, mirando a la realidad y de cara a un mundo que ya cambió.

La interrupción legal del embarazo es una de las deudas más grandes de la democracia argentina y un elemento central de una agenda de las libertades para el siglo XXI. Muchas veces nuestro país es contradictorio: llama la atención la convivencia de un avance pionero en matrimonio igualitario o en identidad de género con la dificultad que tenemos a la hora de legislar sobre aborto. En las últimos meses escuchamos excelentes argumentos a favor del proyecto de ley, tanto desde el punto de vista de la política pública, siendo particularmente relevantes los brindados por el ministro de Salud de la Nación, como desde la filosofía y los estudios de género. En pleno siglo XXI, no queda claro que sea posible sostener a la par el desarrollo de la libertad e igualdad de las personas y dejar al aborto en la ilegalidad y la oscuridad. De hecho, suena cada vez más ajeno y extraño que la maternidad pueda no ser algo estrictamente elegido por la mujer.

Para que estos argumentos lleguen a ocupar la conversación cotidiana fue fundamental el marco republicano y democrático del Congreso Nacional. La sociedad civil pudo dar lo mejor de sí y exponer toda su fuerza al encontrarse con una dinámica institucional a la altura de las circunstancias. En Argentina, el feminismo es centenario y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito tiene más de diez años, pero la discusión respecto de la interrupción legal del embarazo fue mantenida en la marginalidad por motivos centrados en creencias personales y no en cuestiones de política pública. No es casualidad que esto cambie con un marco institucionalista y políticamente más liberal. Tampoco que suceda cuando el Presidente argumenta que el lugar para debatir los temas de interés público es el Congreso y no su fuero íntimo. La sociedad, aparentemente, sí estaba preparada para dar la discusión.

En este sentido, un Congreso que varias veces cayó en un oportunismo poco útil para el país y la ciudadanía nos mostró todo lo bueno que puede pasar cuando se da un debate serio. Quienes son menos institucionalistas podrán pensar que lo único relevante es tener una ley lo antes posible y que poco importa el camino hasta ella, pero a la luz de lo que vivimos los últimos meses esto se vuelve difícil de sostener. El trabajo en comisiones permitió que el tema sea discutido casi a diario, que ocupe espacio en medios y en redes sociales, y que lleve a tomas de posición por parte de la enorme mayoría de la sociedad y del espectro político. En épocas de cinismo global sobre las instituciones democráticas y republicanas esta experiencia nos muestra algo esperanzador: el Congreso puede ser un verdadero constructor de ciudadanía. La distancia entre el país que somos y el país que queremos ser se acorta cuando nuestra sociedad civil se encuentra con los mejores elementos de nuestro sistema de gobierno.

Desde el retorno de la democracia, Argentina es un país con un compromiso intrínseco con los derechos humanos. Una sociedad civil inquieta y demandante obliga a revisar y actualizar ese compromiso una y otra vez y, para ello, se vuelve necesaria una dinámica institucional a la altura de las circunstancias. En el debate por la interrupción voluntaria del embarazo vemos que el país muestra su mejor cara cuando instituciones y sociedad civil van de la mano. Ojalá el 8 de agosto este camino democrático nos dé una ley que nos debemos como país y como sociedad.

El autor es secretario ejecutivo de Argentina 2030, jefatura de gabinete de ministros.