Propuestas para estabilizar la economía

Daniel Oks

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La lógica macroeconómica del plan del Gobierno para recuperar una senda de crecimiento sostenido está basada en el programa fiscal-monetario-cambiario acordado con el FMI.

El programa de balance fiscal primario en 2020 es consistente con un tipo de cambio real competitivo que impulse las exportaciones y la sustitución de importaciones, con impacto favorable sobre las economías regionales y sectores como la construcción y el turismo. La regla de no financiamiento al Tesoro augura estabilidad de precios en el mediano plazo.

El programa requiere estabilidad financiera, sin lo cual será difícil superar los problemas de la cadena de pagos y lograr la recuperación de la demanda agregada doméstica. La combinación de un tipo de cambio real competitivo y tasas de interés reales positivas estimularán el ahorro privado permitiendo financiar inversiones sin recurrir al ahorro externo. Son a su vez consistentes con una reducción significativa del déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos.

La credibilidad del programa fiscal resulta esencial para la estabilidad financiera. Para ello, el Gobierno planea proseguir con el programa de reducción de subsidios, de la inversión pública y de las transferencias discrecionales a las provincias. Planea asimismo la reducción del plantel de empleados mediante la suspensión de nuevas contrataciones, retiros voluntarios, cierre de cargos no prioritarios y topes de revisión salarial. En dicho contexto de mayor confianza de los mercados y favorecida por una mejor cosecha se anticipa una recuperación de la actividad económica hacia fines de 2018.

Para ayudar a la recuperación de la confianza, el Gobierno ha encarado un conjunto de medidas de carácter microeconómico, entre ellas la recomposición automática del 5% de los salarios y la reapertura de paritarias; el fortalecimiento del programa de asistencia social (0,2% del PBI); la sanción de las leyes de financiamiento productivo, defensa de la competencia y reforma del Estado; y una línea de crédito de 26 mil millones de pesos para el capital de trabajo de las pymes. En particular, la ley de financiamiento productivo apunta a desarrollar el financiamiento para pymes mediante el descuento de la factura electrónica, la simplificación de las obligaciones negociables, el pagaré negociable y la eliminación de la doble imposición sobre los fondos cerrados de inversión.

Por otro lado, la ley de defensa de la competencia adhiere a las mejores prácticas internacionales para desincentivar la colusión y fortalecer la independencia, la transparencia y la eficiencia de la defensa de la competencia.

Finalmente, la ley de reforma del Estado permite la creación simplificada de empresas, la digitalización de los libros de contabilidad, simplifica el proceso de otorgamiento de patentes, vuelve más expeditivo el establecimiento de los puertos, unifica el control del tráfico aéreo, remueve restricciones al transporte terrestre de mercadería y a la circulación de maquinaria agrícola y remueve barreras al acceso a servicios financieros.

Tales medidas ayudarán a mitigar la contracción económica iniciada en el segundo trimestre de 2018.

A efectos de estabilizar expectativas y facilitar una más rápida recuperación económica —y teniendo en cuenta la restricción macroeconómica— se propone un conjunto de medidas o políticas adicionales de carácter microeconómico-financiero, regulatorio y social: Estas están orientadas a aliviar la restricción de financiamiento de las pymes, y a reducir el costo social y económico de los sectores más vulnerables.

Desde el punto de vista de los mercados de capitales, es prioritaria la reglamentación de la ley de financiamiento productivo. Los fondos comunes de inversión cerrados podrían ser una valiosa opción de financiamiento para emprendimientos inmobiliarios, y la factura electrónica podría abaratar el capital de trabajo de las pymes.

El Gobierno también podría otorgar beneficios tributarios a instrumentos como obligaciones negociables o fondos de inversión en sectores con importantes externalidades como el sector tecnológico o de energías alternativas —ambos con gran potencial de exportación o sustitución de importaciones. Ello tendría resultado fiscal neutro, dado que son sectores que por lo general no reciben financiamiento local.

Las regulaciones del sector bancario podrían asignar un porcentaje mínimo de la capacidad prestable a las pymes (a cambio del privilegio regulatorio de poder recibir depósitos del público general); el foco en pymes se debe a que estas están particularmente golpeadas en la coyuntura actual y son fuertes generadoras de empleo. También los reguladores podrían considerar menores previsiones y afectación de capital en la actual fase baja del ciclo económico —dicha regulación anticíclica permitiría contrarrestar la naturaleza procíclica del crédito bancario.

En un régimen de alta inflación y de transición gradual a baja inflación, los créditos y los depósitos en UVA reducen significativamente el riesgo y costo de la incertidumbre inflacionaria.

Los bancos podrían extender crédito al sector PYMES con ajuste UVA a mediano plazo cubriendo los descalces de plazo con los depósitos en UVA (a plazos menores) y una garantía de refinanciamiento otorgada por sociedades de garantía recíproca —para lo cual se debería ampliar los fondos de garantía. Asimismo los bancos podrían intermediar líneas de largo plazo para inversión con ajuste UVA fondeándose con la Corporación Financiera del Banco Mundial o del BID; el riesgo cambiario (dólar-UVA) podría ser cubierto mediante instrumentos en mercados futuros domésticos o externos.

En general, resultaría beneficioso acompañar el proceso de desinflación con una mayor utilización del coeficiente de ajuste UVA en los contratos de alquiler o compra-venta de propiedades, incluyendo la fijación de precios de propiedades en UVA. Para ello, el Gobierno debería explicar los beneficios de fijar precios de la propiedad en UVA, es decir, mayor estabilidad de los precios en relación con el poder de compra de los adquirentes, y promover incentivos para que dichas propiedades puedan acceder al crédito ajustable en UVA. Ello permitiría la profundización del mercado financiero y reactivar el mercado inmobiliario mientras la inflación desciende.

La estabilidad financiera contribuirá a la recuperación del crédito hipotecario en UVA. Pero los bancos están naturalmente descalzados en plazos para seguir otorgando créditos de largo plazo. Para descomprimir dicha situación se debería tomar medidas para agilizar la estandarización de hipotecas en UVA y promover, en paralelo, reformas que faciliten su securitización (permitiendo a los bancos calzar mejor los plazos de activos y pasivos) y fomenten la demanda por compañías de seguro e inversores institucionales (permitiendo computarlas como capital exigible).

Más generalmente, el Gobierno debe cumplir en tiempo y forma con los compromisos de pago con sus proveedores, de modo de no ser un factor disruptivo en la cadena de pagos. La Comisión de Defensa de la Competencia debería monitorear abusos de posición dominante en empresas terminales que fuerzan atrasos en las cadenas de pago.

Finalmente, se deberían considerar reformas en los ámbitos regulatorio y social.

Estas podrían potenciar la recuperación económica y atenuar el impacto social del ajuste: i) ajuste por inflación para las nuevas inversiones de pymes industriales; ii) extensión del régimen de trabajo temporario con aportes mínimos y sin costo de indemnización en la actual fase del ciclo; iii) gradual sustitución del régimen indemnizatorio actual por un seguro de desempleo fondeado por privados (ello dinamizaría la demanda de empleo); iv) creación de plataformas digitales abiertas, interactivas y transparentes, y fijación de plazos máximos, para proyectos de compras-contrataciones públicas y aprobaciones de proyectos privados municipales; v) pasaje de la ley de extinción de dominio destinando fondos para protección social; y vi) revisión de las tarifas de energía reguladas (incluyendo la social) reduciendo asimetrías, teniendo en cuenta mejoras de productividad en las tarifas reguladas, y eliminando subsidios a productores por encima del precio de mercado.

Es de esperar que la complementación con estas propuestas se logren los objetivos de estabilización con el menor costo posible en términos de empleo y nivel de actividad.

El autor es economista. Ex economista líder del Banco Mundial y gerente del BCRA. En la actualidad se desempeña como desarrollista inmobiliario.