La defensa en Argentina tiene que modernizarse, no politizarse

Rut Diamint

La función de las Fuerzas Armadas es aniquilar al enemigo. Este concepto que retrotrae a malos recuerdos, es una noción militar que significa anular la capacidad de daño de una fuerza enemiga. Paralizarla. Para ello, los militares se preparan con un entrenamiento específico, utilizando un armamento especial y organizándose de forma peculiar para alcanzar efectos estratégicos.

Por su parte, la función de las fuerzas de seguridad es imponer la ley. Un papel bien diferente del que cumplen las Fuerzas Armadas.

La reforma del instrumento militar es una tarea pendiente de la democracia. Es adecuado y pertinente rectificar el rumbo de las instituciones del sistema de defensa en concordancia con los objetivos que tienen actualmente las democracias occidentales: conocer, anticipar, prevenir, disuadir, proteger e intervenir. Esas funciones les permiten a los militares cumplir con los objetivos fijados por el Poder Ejecutivo Nacional.

La evaluación presidencial sobre una reforma de las Fuerzas Armadas es una propuesta plena de sentido. Tres fuerzas separadas, incomunicadas y en ocasiones contradictorias no son eficientes para proveer la defensa. Sin embargo, de este diagnóstico no hay una derivación, ni lógica ni argumentativa, que avale dotar a los militares de funciones policiales. Narcotráfico, terrorismo, contrabando no requieren de un ejército equipado con aeronaves de combate, misiles de aires corto, fusiles M16 o buques de guerra. Tampoco será útil para esas tareas utilizar fuerzas adiestradas operacionalmente para morteros pesados, optimización de tiro o el trasbordo de submarinos.

Los países tienen Fuerzas Armadas para proteger el territorio nacional y a sus ciudadanos, y preservar la continuidad de las funciones esenciales de la nación. En tiempos en que ha mejorado sustancialmente la imagen que la ciudadanía tiene de sus Fuerzas Armadas, disponer que realicen tareas de seguimiento de habitantes del país, que neutralicen actividades comerciales ilegales o que persigan a sospechosos inmiscuyéndose en asuntos que deben dirimirse en la Justicia, diluirá los beneficios de esa imagen positiva y generará el riesgo de eventuales violaciones de los derechos humanos, que sería letal para la reputación tan arduamente forjada en estos años de democracias de las Fuerzas Armadas.

En el país hay una sólida base jurídica de la función militar. Ella preserva los roles militares, así como el particular estatus de los soldados. Los militares han aprendido que no deben acatar órdenes injustas. Se les demanda lealtad al Estado y al interés público de acuerdo con los preceptos democráticos y constitucionales. Si los militares actuaran en disposiciones contrarias a la ley que los rige, sería el mismo gobierno quien los impulsa a la ilegalidad. Se estarían diluyendo los valores fundamentales de la función pública. Los márgenes borrosos de acciones vinculadas con el exterior, en las cuales el gobierno considera que sería correcta una intervención militar, es un límite arbitrario, queda sujeto a evaluaciones subjetivas y, en muchas ocasiones, infundadas. Mucho más si conducen a cumplir con actos contrarios a la ley.

La defensa en Argentina tiene que modernizarse, no politizarse. La defensa en Argentina tiene que adecuarse en movilidad, disponibilidad, interoperabilidad, no policializarse. Una fuerza moderna polivalente y rigurosamente entrenada es el elemento de disuasión que un país como el nuestro necesita. No las queremos para emparchar el déficit de otras instituciones.

La autora es profesora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. Experta en temas de Seguridad y Defensa.

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