Disparates en el debate por la legalización del aborto

Rubinstein fue impugnado sin éxito en el Senado. Y trataron de centrar el tema en el impacto presupuestario, que desacreditó. ¿Puede atarse un tema de salud pública a una cuestión de costos? Y además, ¿alguien piensa en desandar cien años de legislación?

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(Fotos: Juan Carlos Cárdenas / Comunicación Senado)
(Fotos: Juan Carlos Cárdenas / Comunicación Senado)

La legalización del aborto ofrece capítulos al menos llamativos. Ayer, en el Senado, Adolfo Rubinstein buscó centrar su intervención en el renglón de la salud pública, pero la carga en su contra derivó no sólo en polémicas sobre las cifras que relejan la gravedad del cuadro, sino sobre todo en dardos sobre los costos para el Estado, que el ministro también desacreditó. No se trata de una pura inquietud presupuestaria: las preguntas apuntan a descalificar el proyecto poniendo el acento en el "gasto". ¿Alguien diría lo mismo frente a cualquier otra atención vinculada, precisamente, a la salud pública?

La de ayer fue la quinta entrega de exposiciones organizadas por el plenario de comisiones a cargo del tema. Es un trámite breve pero denso. Esta etapa concluye el martes que viene y un día después será el turno de los dictámenes, que llegarán al recinto el 8 de agosto. A pesar de lo ajustado de la agenda, resurgió también otro tema significativo: además de la cuestión referida, la insistencia de los sectores que se oponen al proyecto con la invocación a la defensa de "las dos vidas". Si se impusiera ese criterio, el Congreso debería darse a una enorme e inesperada tarea: debería reformar los códigos Penal y Civil.

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Hubo más. La presentación del ministro de Salud en el Senado fue precedida por un intento de impugnarlo. El planteo fue hecho por la salteña María Fiore Viñuales, del partido Renovador, y el jujeño Guillermo Snopek, del PJ, pero resultó rechazado rápidamente por las autoridades de la comisión de Salud, cabecera del plenario. No se había visto nada similar –a medio centímetro de la censura- hasta ahora, ni siquiera en cruces ásperos, en el Senado, y en polémicas indirectas, en Diputados.

Rubinstein buscó centrar su exposición en datos estadísticos y proyecciones, pero lo hizo bajo la consideración general de que se trata de un problema de salud pública "que genera muertes". Es conocida la posición del ministro, favorable al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Y podrá decirse, con razón, que esos datos sustentan en buena medida su posición personal. Con todo, evitó salir del área que lo cuenta como especialista desde hace rato y como funcionario desde no hace mucho.

El ministro presentó una serie de cifras orientadas a explicar la gravedad de la cuestión, fruto del aborto clandestino. Y apuntó además a desarmar la idea de que el Estado debería enfrentar una nueva y pesada carga presupuestaria, en caso de ser aprobada la ley. Por el contrario, sostuvo que disminuiría. Los cuadros específicos fueron difundidos ayer mismo.

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Se ha dicho: entender el tema como una cuestión de salud pública, grave, es uno de los dos pilares fundamentales en que se apoya el impulso a la legalización. El otro tiene que ver con los derechos. En esa línea, la posición del ministro, también la de otros como Ginés González García, está a la vista. En sentido contrario, las alusiones a los costos parecen una diagonal para alertar especialmente a los gobernadores, en tiempos de caja pública ajustada. Parecido fue lo de la CGT, algunos de cuyos referentes se han pronunciado en contra del proyecto: advirtió sobre los costos para las obras sociales.

La primera señal en esta dirección había sido dada en el arranque del trámite legislativo. Hubo intentos de sumar la comisión de Presupuesto al plenario encargado de tratar la iniciativa y definir dictámenes. Ocurrió en Diputados y después en el Senado. Fue, podría decirse, una señal. Algunos pronunciamientos llegaron al extremo de preguntar no sólo cuánto impactaría la ley desde el punto de vista presupuestario, sino además por qué el Estado debería hacerse cargo del resultado de un acto personal "irresponsable". Patético. Y vuelta a la pregunta inicial: ¿alguien se atrevería a decir algo parecido frente a otras asistencias de salud?

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No es el único punto llamativo. La otra cuestión de similar importancia, y tal vez menos ruidosa en el Senado que en Diputados, tiene relación con la cuestión jurídica. Es un territorio que puede parecer difícil de abordar y más aún de difundir, pero en estos meses de debate hubo exposiciones que trascendieron la academia, entre ellas las de Andrés Gil Domínguez y Ricardo Gil Lavedra: uno estuvo en la apertura y otro en el cierre de las audiencias en Diputados. En el medio, también pasaron expertos que cuestionaron o rechazaron el proyecto.

Con todo, aún en días de polémica, existe un dato central que no puedo pasar inadvertido. Desde hace casi un siglo, la legislación argentina contempla de manera parcial la no punibilidad del aborto. Es un punto que merece al menos dos lecturas. Aquella reforma al Código Penal, en 1921, fue una señal de avanzada, aunque la pieza central seguía siendo la penalización. Hubo pasos posteriores, legales y de interpretación de la Corte, pero seguía adeudado el debate de estos días.

Vale también una reflexión seguramente elemental. Visto desde la posición más cerrada en contra de la legalización, el aborto sería equivalente a segar una vida. Entonces, ¿por qué desde hace décadas es admitido para casos como el de víctimas de violación? ¿Se estaría atendiendo a la víctima de un delito con la comisión de otro delito, un crimen? Si se extrema ese argumento antilegalización, habría que desandar algunos caminos, reformar los códigos Penal y Civil. Como dicen algunos expertos, armar otra biblioteca. Más oscura.

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