Represión en Nicaragua: urge la reacción de los países latinoamericanos

Nicaragua enfrenta un cuadro de estallido social y grave debilitamiento del sistema democrático con una represión gubernamental y de paramilitares afines que merece la mayor condena internacional. La violación de los derechos humanos es diaria. En los últimos noventa días el saldo es de 300 muertos, que incluye 20 niños, 700 personas heridas y numerosos presos políticos y desaparecidos.

La iglesia católica, a través de Monseñor Silvio Báez, denunció brutales torturas a personas detenidas en dependencias estatales. También el estado de derecho y la libertad de expresión han ido desapareciendo en una sociedad sacudida por un espiral de violencia y medidas de gobierno de neto corte autoritario que criminaliza las legítimas y espontáneas protestas sociales.

En este contexto, resulta urgente la reacción de la comunidad internacional, en particular de los países de América Latina, para poner freno a una delicada situación que hoy parece encaminarse a escenarios más dramáticos en la vida institucional de Nicaragua. Es necesario una acción más decida por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) en virtud que el diálogo que había establecido el Secretario General no ha merecido, quizás por falta de transparencia, mayor confianza y credibilidad.

Sin embargo, los resultado del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), que acompañó a la Comisión de Verificación y Seguridad (CVS), instituida en el marco del acuerdo de diálogo, deja en claro que la crisis política de Nicaragua necesita de actitudes más firmes para prevenir desbordes trágicos. También lo hace el contundente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Es hora de evitar que Nicaragua evolucione a situaciones más críticas. En este contexto, parecería urgente implementar las recomendaciones de la CIDH sobre las violaciones a los derechos humanos, el desarme de los paramilitares, el fin del terrorismo de estado y el esclarecimiento de los asesinatos. También profundizar el mandato de MESENI y crear las condiciones para pacificar el país a través de un llamado más efectivo al diálogo y eventualmente a elecciones generales anticipadas.

Otro camino, ante los desilusionantes resultados diplomáticos del Secretario General de la OEA, es la intervención directa del Consejo Permanente. El artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana señala una primera acción para adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento. También los artículos 20 y 21 legislan en torno al tema de la ruptura del orden institucional e indican que hacer en ese caso.

Lamentablemente en el caso de Nicaragua, la OEA enfrenta una situación de parálisis casi similar a la de Venezuela en la que tardó un año en adoptar una primera resolución. Otra vez un pequeño grupo de países, mayoritariamente del Caribe además del caso particular de Costa Rica, bloquean cualquier medida preventiva respecto a Nicaragua. Es hora que la OEA resuelva el dilema cíclico que enfrenta en la toma de decisiones. Las tragedias de Venezuela y Nicaragua aconsejan acción para evitar que el máximo organismo hemisférico caiga en la irrelevancia. Sería triste, para la salud diplomática del Continente, que eso ocurriese.

El autor es ex vicecanciller de la Nación.