El bilateralismo en acción

La imposición de aranceles extraordinarios a las importaciones provenientes de China por 34 mil millones de dólares forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump de implementar una política comercial basada en principios de bilateralidad y reciprocidad. El proyecto de ley elaborado por la Casa Blanca para otorgarle al Presidente nuevas prerrogativas para modificar los aranceles ejemplifica el intento de romper con las reglas del comercio multilateral. El borrador conocido con el nombre de "Comercio Recíproco y Equitativo" deja de lado el principio de nación más favorecida (NMF) concebido para evitar la discriminación y la obligación de respetar los aranceles máximos comprometidos en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con la excepción de los aranceles negociados dentro de los acuerdos de integración o libre comercio.

La difusión del borrador a través de la prensa tuvo impacto político porque implicaría una importante concesión del Congreso al Presidente para modificar los aranceles y quebrar así el equilibrio institucional. Pero, en la práctica, ni el Partido Demócrata ni el Republicano quieren aparecer oponiéndose a una política presentada en defensa de las empresas y el trabajo nacional en momentos en que faltan menos de seis meses para la elecciones de medio término. También se sugirió que esta filtración prematura constituyó un intento para aumentar la presión en las complejas relaciones con China, Canadá, México, India y la Unión Europea, que hasta el momento se encuentran empantanadas por el rechazo de esos países a las medidas unilaterales adoptadas bajo una supuesta amenaza a la seguridad.

La actitud displicente del Congreso quedó confirmada al aceptar sin objeciones la solicitud de la Casa Blanca de extender la Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por sus siglas en inglés), conocida como "Fast Track", por un período adicional de tres años a partir de julio de este año. El TPA habilita al Presidente a negociar acuerdos comerciales y someterlos a la aprobación del Congreso a libro cerrado; el único requisito es informar al Congreso de la marcha de las negociaciones.

La Casa Blanca tiene una firme convicción en la utilidad de la coerción. El representante comercial, Robert Lighthizer, sostuvo en defensa de su posición que los aranceles fueron aplicados según el artículo XXI del GATT, que autoriza a tomar medidas para proteger intereses de seguridad esenciales. En esa línea argumental afirma que los países que tomaron medidas de represalia "ignoraron las reglas de la OMC" y muestran "la hipocresía que rige en el sistema de comercio multilateral". La declaración de Lighthizer termina con la frase: "Enfrentados con estas tarifas injustificadas, los Estados Unidos tomarán todas las medidas necesarias según la ley y las normas internacionales para proteger sus intereses".

Los Estados Unidos tuvieron oportunidades de negociar con sus aliados europeos en el marco del acuerdo transatlántico (TTIP), y con países como México, Canadá y Japón en el acuerdo transpacífico (TPP). La relación con China pareció encaminarse en un diálogo constructivo con los encuentros Trump-Xi Jinping en los Estados Unidos, primero, y Beijing, después. La Conferencia de la OMC fue también una oportunidad para encaminar las negociaciones paralizadas de la Ronda de Doha y plantear la reforma de las reglas de la organización dentro de un marco multilateral donde hubiera contado con el apoyo de la Unión Europea y Japón. Todas estas posibilidades fueron desestimadas. Los Estados Unidos no podían ignorar que sus medidas unilaterales serían recusadas por el simple principio de países soberanos de rehusar negociar bajo presión.

El presidente Trump ha hecho de la agresión su política para golpear primero, ganar espacio e imponer condiciones. Hasta el momento este objetivo está muy lejos de plasmarse y, por el contario, está sirviendo para amalgamar a sus adversarios y poner en peligro un sistema de comercio que durante los últimos treinta años coadyuvó para mejorar las condiciones de vida de millones de personas y acelerar el progreso de los países en desarrollo. Hoy existen pocas esperanzas para que esos líderes reflexionen y comprendan que el bienestar de los Estados Unidos depende también de la prosperidad de los otros.