En su última sesión del miércoles 4 de julio, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley destinado a la regularización dominial y la integración urbana. Como todos conocemos, durante los años 2016 y 2017 se llevó a cabo un Relevamiento Nacional de Barrios Populares, cuyo resultado arrojó que existen en la República más de cuatro mil barrios populares, en los que viven hoy personas que integran más de ochocientos mil hogares.

En la Ciudad de Buenos Aires, según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), para 2010 se encontraban reconocidos 38 enclaves entre villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios. Actualmente, serían unos 55. Según datos del censo 2010, la población total de esos barrios era de 163.587, representando un crecimiento del 52,3% con respecto al censo anterior. En el año 2014 la Secretaría de Hábitat e Inclusión estimaba que habitaban en esos barrios 275 mil personas. Algunas aproximaciones sostienen que el 40% de la población de villas alquila sus viviendas en el mercado informal, en el que pagan precios muy cercanos al del mercado formal de alquileres y donde no reciben contratos o documentación que les provea de seguridad en su tenencia.

La urbanización no es novedad en la Ciudad de Buenos Aires. Desde hace años, el Gobierno porteño emprendió una política de asfaltar calles, abrir pasillos, reconstruir viviendas y poner cloacas en parte de los 55 asentamientos que tiene la Capital. Así, para muchas de las más de 82 mil familias que viven allí, el paisaje mutó en un espacio donde conviven las carencias históricas con excavadoras, pavimento fresco y casas recién revocadas. De a poco, esos barrios precarios van mejorando el vínculo con la ciudad y también, gracias al ingreso del Estado, superando la dependencia exclusiva del puntero ante las necesidades del barrio.

Sin embargo, ¿es suficiente urbanizar para poder sumar los asentamientos al tejido urbano? Según los expertos y los mismos funcionarios que hoy se ocupan del tema, definitivamente no. La palabra clave es integrar. Se trata de una política que demanda un trabajo más profundo, que ha de llevarse a cabo mientras se colocan los ladrillos.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a la hora de integrar este tipo de barrios debe buscarse un alto nivel de participación vecinal, articulada por los agentes públicos; los programas deben ir mucho más allá de los problemas de hábitat; y deberá haber un intenso trabajo social tanto antes como después del proceso de urbanización. Además, es fundamental tener en cuenta las particularidades del lugar, su historia y su población.

No hay que olvidar que las villas y los asentamientos son la emergencia en el territorio de muchas circunstancias que preceden a su formación. Expresan de modo categórico tres fracasos: a) en el desarrollo de todas las zonas del país, b) en el modo de planificar las ciudades y c), por supuesto, también en la desigualdad.

La integración socio-urbana mejorará la vida en las ciudades, hará más funcionales las pautas de movilidad, perfeccionará el mercado formal de vivienda, impactará positivamente sobre el mercado de trabajo, estimulará la inversión de las familias y mejorará la situación transgeneracional de nuestros niños más vulnerables, entre otras virtudes. Semejante iniciativa necesita ser encarada con todos los cuidados y con un amplio respaldo social que debemos construir dando todas las explicaciones del caso.

Solo con una mirada inclusiva será posible lograr cambios significativos. Las numerosas políticas habitacionales que por décadas se reprodujeron bajo diferentes formatos, a través de la financiación focalizada de vivienda o aquellas basadas en construcción de conjuntos habitacionales y viviendas "llave en mano", más que resolver la problemática integralmente, generaron nuevos guetos.

En conclusión, abordar la compleja problemática instalada en torno a las villas y los asentamientos implica adentrarse en una serie de medidas que deben estar dirigidas a mejorar la calidad del hábitat urbano, atendiendo cuestiones sociales, económicas y espaciales. Un primer paso lo constituye la elaboración de un plan urbano de ordenamiento de cada asentamiento.

Luego, es necesario iniciar procesos de regulación dominial para consolidar el hábitat generado y relocalizar aquellas viviendas en situación edilicia crítica. También se requiere la mejora de las condiciones deficitarias de las viviendas, la recuperación de las condiciones ambientales, la dotación de infraestructura de servicios urbanos básicos y la provisión de equipamiento comunitario.

Es necesario, pues, recuperar ese tejido social y urbano mediante políticas sostenidas que tiendan a consolidar un proceso gradual de integración y que favorezca el acceso de los sectores populares a un ambiente digno y sano. Pensar en urbanizar los barrios populares en nuestro país constituye un desafío posible. Pero es necesario para ello un fuerte compromiso político.

En la misma sesión se aprobaron otras leyes de enorme significación social, como la llamada ley Justina, que facilita la donación y el trasplante de órganos; la ley Brisa, que otorga ayuda económica a los hijos de víctimas de femicidios; o la ley que establece el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos.

Son todas normas de hondo contenido social, que en muchos casos se aprobaron por unanimidad y, en otros, por amplias mayorías. Es la forma constructiva de trabajar en el Congreso, deponiendo las legítimas particularidades ideológicas en aras de alcanzar acuerdos dirigidos a la consecución del bienestar general.

Así se demuestra una vez más que el estereotipo de neoliberal no le cabe al presidente Mauricio Macri. Todo lo contrario. Mal que les pese a quienes desearían que el gobierno dejara en libertad de morirse de hambre a millones de argentinos, Cambiemos fomenta al mismo tiempo la inversión privada como fuente imprescindible de empleo genuino y las políticas sociales que impulsen la igualdad de oportunidades, con asignaciones de recursos inéditas en nuestra historia. Queremos libertad y progreso, sí, pero para todos.

El autor es diputado nacional por CABA (Cambiemos- PRO).