Un proyecto ineficiente para una problemática compleja

"No es 'aborto, sí' o 'aborto, no'. El aborto ya existe". Sin embargo, votar en contra de un proyecto de ley que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico un derecho a abortar en forma irrestricta no significa que estemos negando la realidad. Significa manifestar nuestro desacuerdo con la forma en que propone dar solución a esta triste realidad que nos convoca.

En primer lugar, debemos ser muy claros sobre lo que se está debatiendo con este proyecto de ley: si el Estado debe permitir y garantizar en forma gratuita que las mujeres accedan a abortos libres y a petición. No olvidemos que los casos más extremos ya están contemplados. No hace falta sancionar esta ley para que una mujer acceda a un aborto si su embarazo fue producto de una violación o para evitar un peligro para su salud o su vida.

Desde el comienzo de este debate, se repitió incansablemente que criminalizar a la mujer y tratar al aborto como un delito fracasó. Sin embargo, este proyecto de ley propone: mantener la penalización a los profesionales de la salud que practiquen un aborto sin consentimiento de la mujer o con su consentimiento después de la semana 15 de gestación (artículo 85); incorporar un nuevo artículo que establece una pena de prisión e inhabilitación para quienes dilataren, obstaculizaren o se negaren a practicar un aborto (artículo 85 bis); mantener las causales de aborto no punible, incorporando la inviabilidad de vida extrauterina del feto y estableciendo que no es delito el aborto hasta la semana 14 (artículo 86); y mantener una pena a la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo cause cuando este fuera realizado a partir de la semana 15 del proceso gestacional (artículo 88).

Esto significa que este proyecto propone seguir manteniendo esta problemática dentro de la órbita del derecho penal. Y, especialmente, propone seguir penalizando a las mujeres que aborten después de la semana 15. ¿En esos casos el sistema penal sí va a funcionar? ¿Quieren dejar de criminalizar a las mujeres o pasar de la protección del niño por nacer desde la concepción a la protección desde la semana 15?

Otro de los argumentos esgrimidos para buscar la aprobación de este proyecto es la autonomía de la mujer. Lo primero que debemos establecer, para que el debate sea sincero, es que en el caso de una mujer embarazada la decisión ya no es únicamente sobre su propio cuerpo, sino que también está decidiendo sobre el cuerpo —sobre la vida— del niño por nacer.

En nuestro país, el 58% de los embarazos terminados en parto fueron no planificados. Si queremos que todas las maternidades sean elegidas, el Estado debería estar poniendo todo su esfuerzo en lograr que todos los embarazos sean planificados. Debemos buscar políticas públicas que resuelvan la cuestión de fondo trabajando sobre las situaciones que llevan a la mujer a abortar. Este proyecto propone un camino fácil e ineficiente para una problemática compleja.

Nos pidieron a quienes estamos en contra de este proyecto que no nos dejemos guiar por nuestras convicciones y que hablemos de políticas públicas que garanticen la vida de las mujeres. Y es eso a lo que apuntamos. Este proyecto de ley solo garantiza un derecho a abortar en forma irrestricta; no garantiza reducir la mortalidad materna. La mortalidad materna no se reduce con soluciones mágicas, sino con prevención, educación y acceso a la salud pública.

Aunque el aborto sin causa se convierta en legal y gratuito, si el Estado no logra primero garantizar los mismos índices de seguridad sanitaria para todos, las mujeres pobres seguirán accediendo a abortos más inseguros que las mujeres ricas. Las mujeres con menos recursos son las que seguirán muriendo por las principales causas de mortalidad materna como hemorragias, infecciones o hipertensión gestacional, así como también por abortos químicos "seguros", si siguen sin contar con un centro de salud cercano en el cual hacerse los controles posteriores.

El aborto es la última causa de muerte materna. Esto no significa que no debamos ocuparnos del tema; una muerte por razones evitables es suficiente para que el Estado intervenga. Pero en un país con tantas necesidades respecto de la calidad de vida de su pueblo, se impone el establecimiento de prioridades.

Legalizar el aborto irrestricto no garantiza reducir la mortalidad materna, sino que ello se logra ejecutando políticas públicas de manera integral para combatir todas las causas. Las mujeres en Argentina mueren por no acceder a tiempo a los servicios de salud, y sancionar esta ley no garantizará un acceso real y cercano a ellos.

Si queremos convertirnos en un país desarrollado, trabajemos primero en garantizar el acceso a la educación y a los servicios de salud. Si queremos saldar la deuda con las mujeres, hagamos cumplir las leyes que ya tenemos.

El aborto legal irrestricto no libera a la mujer, sino que institucionaliza condiciones de desamparo y profundiza las desigualdades. Debemos avanzar hacia una legislación moderna, inclusiva, amplia y respetuosa de los derechos humanos de todos los miembros de una sociedad, y en ese camino no podemos dejar de lado los derechos de los niños por nacer.

La autora es diputada nacional por Buenos Aires (Coalición Cívica ARI-Cambiemos).