Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación será el epicentro de una lucha ideológica sin precedentes en lo que va del siglo XXI.

De un lado, se enfrentará el pensamiento humanista, que, tanto en su vertiente cristiana como atea, defiende la vida como bien supremo. Del otro, un liberalismo economicista, que, tanto en su variante libertaria como socialista, es la ideología que inspira el proyecto de "interrupción voluntaria del embarazo".

A decir verdad, los cientos de expositores que pasaron durante más de dos meses por el anexo de la Cámara baja a exponer sus posturas, las coloridas marchas verdes y celestes que inundaron las calles de las principales capitales del país, como también las interminables horas de debate en medios, escuelas, universidades y en la intimidad de los hogares, dan cuenta de una gran discusión nacional como no se ha visto, por lo menos, desde la revuelta del campo del año 2008.

En este contexto, debo reconocer que el valor "vida" no es absoluto. Sin embargo, la restricción de un derecho no puede ser arbitraria. El aborto, al igual que el homicidio y la eutanasia, son formas de atentar contra la vida. En los primeros dos casos, ambos están permitidos por nuestro sistema jurídico, para supuestos excepcionales y siempre en miras a conservar otra vida puesta en juego de manera injusta. Por consiguiente, el aborto legal, sin necesidad de invocar causa alguna, implica apartarse de este principio. Una ley que permite terminar con una vida humana en gestación "porque tengo ganas", como es este caso, repugna nuestro ordenamiento constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a esta y, por ende, debería ser desechado por los parlamentarios, el Presidente y los jueces. Esto se debe a que nuestro sistema impone el deber de examinar la constitucionalidad de las leyes, de manera preventiva, en primer término al Congreso, a través de la enmienda o el rechazo, y en segundo lugar al Presidente de la República, a través del veto, que puede ser total o parcial. El control judicial es posterior y no elimina una norma del sistema jurídico, sino que la declara inaplicable en un caso concreto, aunque pueda tener efecto general, es decir que exceda a las partes en contienda.

Al final de cuentas, quienes abogan por la legalización del aborto terminan teniendo como único pretexto las diferencia entre ricos y pobres. Además, quienes lo impulsan coinciden de manera unánime en que "no están a favor del aborto en sí", entre otras causas, por los altos índices de depresión y suicidios que le siguen a esta práctica. Dicho esto, me pregunto: ¿La desigualdad de poder económico, político y social no está presente frente a todos los delitos del Código Penal? ¿Acaso no tiene un pobre ladrón de celulares menos recursos que un empresario como Cristóbal López? No hay Estado en el mundo, a excepción de los países nórdicos, Suiza, Nueva Zelanda y Australia, en el cual la ley no caiga con todo su peso sobre los pobres, mientras que, con un poco de suerte, quizás roce a las élites. Este es el orden de las cosas. A pesar de ello, no es conveniente distraer esfuerzos en combatir las consecuencias de la desigualdad, como es esta despenalización, y no para revertir sus causas.

En efecto, hemos sido testigos de un festival de falacias y sofismas entre quienes pretenden barnizar con un halo de lógica y sensatez lo que es simplemente injustificable. "Todos los países desarrollados han legalizado el aborto", claro ejemplo de argumento ad populum: falacia de mayoría, que implica responder a un argumento o a una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión que de ello tiene la gente en general, en lugar de al argumento por sí mismo. Como la teoría de que, lejos de constituir una vida independiente, el cigoto implantado en el útero "es parte del cuerpo" de la madre, no resiste análisis; es el eslogan de la misericordia frente a la pobreza de las mujeres que deseen terminar con la vida de sus hijos para no morir el que más personas sensibles y bien intencionadas ha logrado persuadir.

Afirmar que cada vida humana es sagrada ha sido el mayor legado del estoicismo y del cristianismo a nuestra cultura. Desde sus inicios, fue el cristianismo el movimiento político —no religioso— que estableció la igualdad de todos los seres humanos, no solo de aquellos considerados personas, en un mundo de amos y esclavos. Fue también el primer responsable en postular la separación entre el orden temporal del orden celestial. Esto no ocurrió en Oriente. Así es como, en esta parte del planeta que conocemos como Occidente, han germinado las semillas de igualdad, libertad y prosperidad.

Quienes militan este proyecto, aun quienes no son conscientes de ello, buscan subvertir este orden de valores. Así también, habrán claudicado frente a la teoría darwinista de la supervivencia del más apto. Esta idea, llevada a la forma más inhumana y extrema de la sociología por el inglés Herbert Spencer, legitima el descarte de los débiles y de todo agente considerado antieconómico como algo necesario y positivo.

Cuando el liberalismo pierde el sentido de humanidad, pierde su esencia emancipadora. Por lo tanto, se vuelve una ideología profundamente reaccionaria, en puro egoísmo despojado de todo sentido de responsabilidad. Cómo llamar si no a la convalidación del descarte de aquellos indefensos que todos alguna vez fuimos.

El autor es abogado y dirigente de la Coalición Cívica ARI.