Las razones de un voto

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Diputados y funcionarios de Cambiemos que apoyan la despenalización del aborto posan para una foto frente al Congreso (Foto: NA)
Diputados y funcionarios de Cambiemos que apoyan la despenalización del aborto posan para una foto frente al Congreso (Foto: NA)

Toda la polémica acerca del aborto descansa sobre una -y solo una- cuestión: ¿qué es un ser humano? Inútil es argumentar que se trata de una cuestión de salud pública. Quien cree que un óvulo apenas fecundado es ya un ser humano, una persona, un sujeto de derecho, objetará con excelentes razones que una buena política de salud pública no puede fundarse en el asesinato de inocentes. Tampoco sirve insistir en que siempre ha habido abortos, que siempre los habrá y que penalizar esa conducta no sirve ni servirá para evitarla. El antagonista convencido sostendrá que también ha habido y habrá siempre homicidios, y no por eso los legalizamos. Tiene razón.

Sin embargo, el argumento de quienes se autodenominan "antiabortistas" (antiabortistas somos todos, a favor de la vida estamos todos, lo que se discute es si el aborto es una conducta criminal, o no) es espectacular pero débil, hasta el punto de que la mayoría de quienes lo esgrimen no creen verdaderamente en él. Si creyeran, si pensaran que un óvulo apenas fecundado adquiere instantáneamente el carácter de persona y todos los derechos consiguientes; si realmente estuvieran convencidos de que un aborto es un asesinato y de que su legalización equivale a un genocidio, entonces se comportarían de manera diferente a la que lo hacen. Si sus esposas, amigas o hermanas les contaran que alguna vez se practicaron un aborto; ¿los tratarían los "antiabortistas" de la misma manera que tratarían a una asesina? ¿Actuarían igual frente a una hija que les dijera que ha abortado que si les confesara que asesinó a una compañera de colegio? ¿Se niegan acaso a viajar a París porque en Francia se realizan casi 600 abortos diarios, y a Nueva York porque en Estados Unidos se practican más de 2.500, de la misma manera que no viajarían -digamos- a la Venezuela de Maduro por "apenas" 150 muertos políticos anuales? Desde luego que no. No lo harían, ni lo hacen. Y es porque las prácticas de vida de los "antiabortistas" reconocen lo que su ideología niega: un óvulo fecundado no es un embrión; un embrión no es un feto, y un feto no es un recién nacido. Por lo tanto, un aborto no es un asesinato.

Pero no es solo cuestión de coherencia entre conductas individuales y propuestas legislativas. Es la legislación ya vigente en Argentina la que niega en la práctica las igualaciones "embrión = bebé" y "aborto = asesinato". El aborto se pena en nuestro país con de uno a cuatro años de prisión, mientras que el asesinato agravado por el vínculo (madre-hijo) está penado con prisión perpetua. Es una enorme diferencia. El aborto está permitido, además, en los casos de violación y cuando están en peligro la vida o la salud de la mujer. Y bien, ¿permite la ley que se cometa un asesinato para preservar la salud de alguien o para evitar las consecuencias de una violación? Por supuesto que no; lo que demuestra que nuestra legislación no considera equivalentes al aborto y al asesinato ni, por lo tanto, a un embrión y a un bebé.

Agrego: la recientemente sancionada y multitudinariamente aplaudida Ley de Reproducción Médicamente Asistida prevé la fecundación in vitro, y por lo tanto, la manipulación y descarte de embriones; procedimiento cuyas consecuencias no difieren de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Propondrían, los "antiabortistas", que una mujer violada fuera obligada a parir?, ¿prohibirían abortar a una cuyo embarazo pone en serio peligro su vida?, ¿forzarían a llegar hasta el parto a la portadora de un feto anencefálico? Aún más, ¿denunciarían y pedirían prisión perpetua para cualquier mujer que se encontrara en una de estas situaciones si decidiera practicarse un aborto? Quiero creer que no. Y es porque también ellos saben que un aborto no es un asesinato y un embrión no es un bebé.

Lejana de las polémicas sobre constitucionalidad y convenciones internacionales, la legislación vigente en nuestro país reconoce de varias maneras que un embrión no es equivalente a un ser humano. En otras palabras, que la gestación de una persona es un proceso evolutivo que recorre varias etapas y que cada una de ellas comporta una serie diferente -y creciente- de derechos; es decir: reconoce y legisla reconociendo el carácter progresivo e incremental de los derechos humanos, que avanza a medida que el proceso biológico de gestación se desarrolla. Y no. No hay nada que la ciencia pueda decirnos sobre el tema ya que no se trata de un asunto científico sino filosófico, ético, moral, político, antropológico y religioso; motivo por el cual las opiniones de los científicos respecto al tema están tan divididas. Es que la ciencia puede decirnos cuál es la carga genética del cigoto, a partir de qué semana se desarrolla el sistema nervioso central y cuándo un feto es viable; pero no puede decirnos nada sobre cuál es el parámetro suficiente para considerar que estamos en presencia de un ser humano, de una persona, de un sujeto de derecho. Para decirlo con claridad: se trata de un tema opinable en el que no es posible hacer juicios objetivos.

Todos coincidimos en que un espermatozoide y un óvulo separados no constituyen un ser humano. Coincidimos, también, en que un recién nacido sí lo es. Entre ambos extremos se desarrolla el complejo proceso de la gestación, cuyo desarrollo es incremental. No encuentro buenas razones para creer que se pueda identificar el momento de la fecundación como un absoluto del que se desprendan todos y cada uno de los derechos inherentes a todo ser humano de manera súbita y automática. Aún más, creo que quienes así lo sostienen incurren en contradicciones y me parece evidente que la legislación vigente así lo reconoce en la práctica. Ahora bien, vivimos en una sociedad pluralista en la cual es mi obligación aceptar que haya una parte importante de la población -y de los diputados que la representan- que sí cree que un espermatozoide y un óvulo apenas unidos poseen los mismos derechos que un adulto o un bebé. Pregunto ahora: ¿vale esta misma tolerancia para quienes creemos que la atribución de derechos es incremental y que la interrupción voluntaria del embarazo debería, por lo tanto, ser permitida hasta la semana 14, o el pluralismo opera en una sola dirección? ¿Tienen derecho quienes creen que el embrión es un ser humano pleno a imponer esta idea opinable, para decir lo menos, al resto de la población?

Mi respuesta es "NO". Mi respuesta es que vivimos en una sociedad laica y pluralista en que las cuestiones opinables que dependen de las concepciones éticas y religiosas individuales no pueden ser saldadas mediante la criminalización de las conductas disidentes ni por la imposición legalizada del poder estatal. Mi respuesta es que si queremos vivir en una sociedad laica y plural donde nadie puede imponerle a otro que aborte tampoco es aceptable que se obligue a alguien a llevar hasta el fin un embarazo contrario a su voluntad. Dentro de límites razonables, desde luego, que deben fijar la ley y su reglamentación; por definición: imperfectas y perfectibles.

Así sucede en la mayoría abrumadora de los países desarrollados del mundo a los que personalmente quisiera que Argentina se pareciera al final del mandato de Cambiemos. Y así no sucede en Latinoamérica y África, los dos continentes que "casualmente" detentan las mayores tasas de violencia y de desigualdad social del planeta. Los resultados de ambas estrategias legislativas son concluyentes. Un informe del Guttmacher Institute realizado sobre datos de la Organización Mundial de la Salud que compara los períodos 1990–1994 y 2010–2014 señala:

– La tasa de aborto disminuyó de 46 por mil a 27 por mil en las regiones desarrolladas pero permaneció casi sin cambios en las regiones en desarrollo.
– El número anual de abortos disminuyó de 12 millones a 7 millones en las regiones desarrolladas pero aumentó de 38 millones a 49 millones en las regiones en desarrollo.
– La proporción de embarazos que terminaron en aborto disminuyó de 39% a 27% en los países desarrollados mientras que aumentó de 21% a 24% en los países en desarrollo.
– La segunda tasa anual de aborto más alta del mundo fue la de América del Sur, donde 48 mujeres abortaron cada mil en edad reproductiva. Y las tasas más bajas ocurrieron en América del Norte (17/1000) y Europa del Oeste (16/1000) y del Norte (18/1000).

No todos estos resultados pueden atribuirse enteramente a la legalidad del aborto, desde luego. Pero, precisamente, los demás factores solo tienen lugar en países desarrollados, donde el aborto es legal. Que quienes por años se opusieron a la educación sexual temprana en nuestro país la reclamen ahora como método de prevención del aborto es una de las buenas noticias que trajo el debate. En cuanto a la reducción de la mortalidad materna, los datos son claros: según el anuario del Ministerio de Salud de la Nación de 2016 (último dato disponible) murieron 245 mujeres embarazadas en total. Entre ellas, 43 defunciones (17,6%) se produjeron por "embarazo terminado en aborto", lo que convierte al aborto en la principal causa de mortalidad materna en nuestro país. "En los países que legalizaron el aborto, la mortalidad materna bajó drásticamente", sostuvo nuestro ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, uno de los setecientos oradores que participaron en los debates informativos en el Congreso; durante el cual, además, declaró: "No tiene sentido la división, esto no es un partido de fútbol. Todas las posiciones son respetables y atendibles. Estamos todos a favor de la vida: los que están a favor de la despenalización y aquellos que están en contra".

En todo esto he pensado durante estas semanas en las que el debate sobre el aborto monopolizó buena parte de la actividad de la Cámara de Diputados. En todo esto he pensado sabiendo que cualquiera sea mi voto de mañana aproximadamente la mitad de mis electores estará en contra de mi decisión. Y he pensado, también, que me votaron para que decidiera siguiendo mis convicciones y no para que los obedezca (lo que sería, además, imposible). Es la diferencia entre ser un representante y ser un delegado; y está en todos los manuales elementales de ciencia política.

En todo esto he pensado en estos días, y mi conclusión es esta: votar por la legalización del aborto es votar contra la criminalización de mujeres que están atravesando un período de fragilidad y de dolor. Es, también, votar por la disminución de la mortalidad materna, por el derecho de las mujeres a ejercer el control sobre sus propias vidas y por la igualdad de derechos entre quienes hoy pueden procurarse un aborto clandestino seguro, y quienes no. Y es, sobre todo, votar por la pluralidad de la República, para que nadie pretenda imponer sus creencias en asuntos opinables en los que es legítimo y hasta inevitable discrepar.