La responsabilidad de optar: progreso normativo o mantenimiento de la clandestinidad

Estamos a pocas horas de lo que será un arduo y largo debate muy esperado por el movimiento de mujeres de nuestro país: el debate por la despenalización y la legalización del aborto. Es un hecho político notable, no solo porque se discute un problema que nos afecta a todas las personas gestantes (las que parimos y las que abortamos), sino porque por primera vez se ha habilitado la discusión y podemos estar presentes con nuestras razones y experiencias en el ámbito de pluralidad partidaria del Congreso.

Que los cuerpos sexuados son territorios de disputas políticas y no meros cuerpos naturales lo pusimos de manifiesto las feministas desde el surgimiento del Estado moderno. Que el lugar de lo privado, el rol de género de mantener la legitimidad de la progenie para garantizar la herencia, la disposición pública de los cuerpos en la prostitución, la negativa al acceso al protagonismo político y la educación eran abusos de poder de quienes tomaron en sus manos y voces decidir por nosotras, fueron certezas de nuestra lucha de tres siglos. Las limitaciones de la representación política fueron estudiadas profundamente, y logramos medidas para modificar poco a poco el androcentrismo del Estado.

Cuando el aborto se legisló, en 1921, éramos consideradas menores de edad perpetuas y pasábamos de la tutela del padre a la del marido. Hoy se trata de subsanar esa falta de autonomía, dejando en manos del Estado brindar una pluralidad de políticas de prevención del embarazo forzado, y en manos de las mujeres la decisión de continuarlo o interrumpirlo. Es difícil un diálogo y la búsqueda de consenso cuando se ponen en discusión aspectos que no hacen a la ley y su asunto. La pertinencia es una regla básica del diálogo. Mucho más difícil cuando se niegan los datos proporcionados por las más altas responsabilidades ministeriales, tanto en salud como en Justicia, por los propios diputados oficialistas. En este clima enrarecido por presiones y amenazas denunciados por los propios legisladores, tendrá lugar en el recinto esa discusión y esa votación.

El día después es una incógnita. Nos asomaremos a un progreso normativo hacia la autonomía personal que según todos los indicios bajará el número de abortos y el de muertes maternas, o nos asomaremos a un mantenimiento de la clandestinidad de una práctica que, sin ser riesgosa, se lleva la vida de muchas y la salud de miles de mujeres. Esa es la opción. Y nada menos que esa la responsabilidad.

La autora es doctora en Filosofía (UBA). Directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.