No puede dejar de llamar la atención la forma en que determinados sectores políticos y sociales de nuestro país lograron instalar, con bastante éxito, la idea de que la legalización del aborto constituye una demanda mayoritaria e incontenible de la sociedad argentina. Una suerte de clamor generalizado.

Claramente, al observarse que ese colectivo de actores tan diversos cuenta con el inestimable apoyo activo de casi todos los medios de comunicación y del fervoroso mundo de exponentes del espectáculo y la farándula, se encuentra gran parte de la explicación respecto del impacto y la dimensión que ha logrado. Más aún cuando se repara en que aquellos grupos han hecho de la movilización y la persistente presencia en las calles, muchas veces de manera violenta, su forma de acción recurrente.

Entonces el punto es, ¿verdaderamente la legalización del aborto constituye un reclamo mayoritario de la sociedad argentina?

Ante el ostensible desprestigio y la falta de confiabilidad que vienen arrastrando las encuestas desde hace tiempo, una alternativa necesaria para tratar de dilucidar el interrogante y dimensionar mejor las posiciones de la ciudadanía ante el tema en cuestión consiste en examinar variables que sean efectivamente verificables. Por ello puede resultar de utilidad recurrir a un enfoque basado en el comportamiento electoral, a partir de considerar el nivel de relevancia que demuestra tener para los argentinos la legalización del aborto desde la perspectiva del voto ciudadano y la representación política, en cuanto pilares del sistema democrático representativo.

Así es que, en este sentido, un primer antecedente válido se encuentra en las últimas legislativas de octubre de 2017. En esas elecciones, los partidos que llevaron la legalización del aborto en su plataforma electoral, es decir, las fuerzas de izquierda, obtuvieron el 5,97% del total de votos en todo el país. En las PASO de agosto habían obtenido el 7,48 por ciento. Si se retrocede hasta la elección nacional de 2015, los partidos que se declararon en favor del aborto fueron el GEN de Margarita Stolbizer y el Frente de Izquierda. La sumatoria de ambas fuerzas captó el 5,74% del total de votos nacionales. Porcentajes similares se dieron en 2013, y se podría seguir. Es decir que, como mínimo, la legalización del aborto no resultó un tema prioritario para el votante argentino contemporáneo de acuerdo con los últimos procesos electorales.

Contra lo antedicho podrían esgrimirse algunos reparos. Por ejemplo, que esos espacios políticos que proponían la legalización del aborto no tenían candidatos ni propuestas integrales mínimamente aceptables para el sistema democrático (esto aplicaría a la izquierda). O que los perjudicó el voto útil (para el caso de Stolbizer). Pero nada de ello invalidaría el mencionado argumento central: si legalizar el aborto fuera un tema de alta prioridad para la ciudadanía, ¿sería lógico que, elección tras otra, quienes lo promueven fueran merecedores de tan solo el 5% de los votos?

Es cierto que también podría señalarse que, dentro de los partidos mayoritarios, las posturas en relación con el aborto están divididas. Esto queda visiblemente expuesto con el actual debate en el Congreso. Sin embargo, este punto también deja en evidencia la falencia de representatividad de la postura pro aborto, más allá de registrarse una cierta paridad general según los números que se están barajando en la Cámara de Diputados de cara a la votación del próximo miércoles. Al analizarse cómo están configuradas las posiciones de cada bloque, se aprecia que dentro de la fuerza con más representantes (Cambiemos) más de dos tercios de sus integrantes son contrarios al proyecto de legalización. Algo similar se da en el bloque del Peronismo Federal y del Frente Renovador. Por el contrario, la gran mayoría de diputados del kirchnerismo, los 4 de Evolución y los 3 de la izquierda están a favor.

Es decir que, siguiendo la lógica del nivel de representatividad parlamentaria según la dimensión de los bloques, prevalece la oposición al aborto. Lo que equilibra la balanza en la sumatoria general es que dentro del bloque del FPV casi la totalidad de sus miembros votarían a favor del aborto. Lo cual no deja de representar un contrasentido, ya que Cristina Kichner, gracias a cuyos votos ingresaron al Congreso la mayoría de los legisladores de esa fuerza, se manifestó siempre en contra del aborto y, cuando gobernó el país, nunca habilitó su tratamiento legislativo.

Al mismo tiempo, en sintonía con esa línea de razonamiento, en lo que tiene que ver con el nivel de representatividad parlamentaria según la relevancia de cada legislador, tampoco se desprende que la postura pro aborto tenga sustento popular. Y esto se vuelve mucho más evidente aún al compararse el nivel de representatividad de los legisladores de Cambiemos que están a favor y en contra del proyecto. Allí contrastan claramente, por un lado, las principales figuras de ese espacio, que son quienes encabezaron las listas y resultaron decisivos en la obtención de los votos. Es sabido que estos referentes se oponen a la legalización del aborto. Y, por el otro, están los partidarios de legalizarlo, que son en general poco conocidos para gran parte de los electores, pero que, al integrar la misma lista que los otros, se vieron beneficiados e ingresaron al Congreso. Difícilmente estos últimos hoy serían diputados o senadores de no haber estado en una lista encabezada por Elisa Carrió o Esteban Bullrich —o, en su momento, de no haber figurado en algún lugar de la boleta de Mauricio Macri, Gabriela Michetti, María Eugenia Vidal u Horacio Rodríguez Larreta—, todos contrarios al aborto.

Por supuesto, son las reglas de la democracia y cada legislador puede y debe votar de acuerdo con sus convicciones (y a lo que la Constitución establece, hasta tanto se la reforme en caso de que ello se decida). Pero resulta incuestionable que, a la luz de cómo se expresan electoralmente los argentinos, el aborto carecería del mínimo consenso social.

Más allá de todo lo expuesto, es importante señalar que, en última instancia, si existe o no consenso social no es lo más relevante, cuando lo que se discute es un tema tan esencial como el derecho a la vida. Y es así ya que la defensa de la vida, sobre todo de los más indefensos e inocentes, constituye un bien supremo que no debiera estar nunca sometido a la voluntad de mayorías circunstanciales.

Sin embargo, resulta más que pertinente dejar en evidencia la falacia del eslogan respecto a la voluntad mayoritaria pro aborto que quienes promueven su legalización han utilizado, junto a otros tantos argumentos falsos —como el de la "grave problemática de salud pública", basado en estadísticas inventadas sobre el número de abortos—, a fin de sostener una postura que no tiene sustento científico, jurídico ni moral.

Sobre todo dado que en los próximos días la sociedad argentina, por medio de sus representantes, estará ante una de las instancias de mayor trascendencia en su historia contemporánea. Porque, a pesar de las enormes falencias estructurales del país en materia institucional, política, económica, social y cultural, se pondrá en juego la excepcional oportunidad de demostrar al resto del mundo, incluso a algunos de los países más desarrollados, que la defensa del derecho más fundamental, que es el derecho a la vida en su sentido pleno, está resguardado por el Estado argentino como un principio irrenunciable, que resiste ante la amenazante lógica del descarte.

El autor es politólogo, Diagnóstico Político.