La Justicia a tres años de la primera marcha Ni Una Menos

Hace tres años ocurrió una explosión social. La convocatoria iniciada por un grupo de periodistas y multiplicada a través de redes sociales y de un boca en boca feminista, desencadenó una marcha multitudinaria que tuvo como consigna central decir "basta de femicidios".

Se inició entonces un proceso interesante desde muchas aristas, germinado en el terreno del feminismo, que viene atravesando luchas en etapas desde hace muchísimos años. Lo que en principio fue un estallido de sentidos, un grito colectivo, se ha ido complejizando, sofisticando en su contenido, en sus expresiones, en sus impactos, y hoy tiene un volumen político cuya expresión más nítida, o una de ellas al menos, ha sido lo que se ha puesto en escena en el Congreso de la Nación durante el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, enarbolado por mujeres de todo el arco político, de la academia, de la cultura, de las organizaciones sociales. A aquella consigna inicial se ha ido sumando un entramado de avances en todos los órdenes sociales, institucionales, comunicacionales y políticos.

El sistema de Justicia no ha permanecido ajeno a ese vendaval de sentidos y reformulaciones. Quienes acceden a él como víctimas de violencia de género, aquellas que no pueden acceder, quienes son expulsadas, y también quienes lo conformamos sabemos que el sistema de Justicia tiene una matriz patriarcal. Por eso el trabajo de muchas mujeres que formamos parte de él es protagonizar y accionar su deconstrucción y su reconstrucción hacia una lógica no patriarcal, una lógica que internalice la mirada de género. El camino es largo y la reforma es multifacética. Es preciso cambiar leyes, modificar el modo de organización del sistema y transformar también la mirada que jueces, juezas, fiscales, fiscalas y demás integrantes del sistema tienen sobre su propio rol y sobre qué significa impartir justicia con perspectiva de género.

Ha habido muchos avances en ese sentido. Desde el primer Ni Una Menos hasta ahora hemos presenciado grandes transformaciones. Algunas vinieron de adentro y otras son transformaciones producidas por la pulsión externa. Aunque la mayor parte de las veces son fuerzas recíprocas, que van y vienen entre su gesta y su consumación. Desde entonces hasta ahora se han producido reformas legislativas, modificaciones institucionales, creación de áreas especializadas, avances notables en la jurisprudencia en materia de criminalidad de género.

Por dar algunos ejemplos, cada vez más sentencias contemplan la calificación de femicidio (homicidio agravado por ser cometido por razones de género), lo cual resulta una acción determinante para visibilizar este fenómeno complejo y extendido en Argentina y en toda la región, que es el asesinato sistemático y generalizado de mujeres por el hecho de ser tales —un fenómeno que no ocurre con los varones, que son asesinados por numerosos motivos, pero no por su género. La emergencia de este fenómeno y las dimensiones que tiene son absolutamente novedosas, porque hasta poco tiempo antes no había en Argentina un delito específico de femicidio (se incluyó en el Código Penal en el año 2012) ni existían registros oficiales (el primero se originó en 2014, luego de la base sentada por la ONG La Casa del Encuentro, tomando como fuente las noticias periodísticas desde 2008). Es decir, los femicidios eran invisibles.

Hemos asistido al primer juicio oral por travesticidio en nuestro país, tras el proceso que investigó el asesinato de Diana Sacayán, una activista y defensora de los derechos humanos de las travestis. Este juicio ha sido y será un emblema para comenzar a revertir las numerosas exclusiones y violencias que aún sufre toda la población trans y travesti. Esas vulneraciones muchas veces terminan en asesinatos violentos sin que hasta la fecha exista en nuestro país una sentencia condenatoria que contemple su agravamiento por prejuicio y discriminación de género.

Los casos de criminalización de mujeres que se han defendido de violencia de género, de mujeres perseguidas por no honrar los mandatos de femineidad o maternidad, de las que son utilizadas aprovechando sus vulnerabilidades, o bajo amenazas u otras violencias en el marco de estructuras criminales, han comenzado a ser expuestos y cuestionados por el movimiento de mujeres y la demanda es cada vez mayor para que esa violencia no sea reproducida y continuada desde el sistema judicial.

Estos avances, entre muchos otros, son el resultado de un proceso por medio del cual la administración de Justicia está siendo permeada por el discurso y la lógica de género, producto de los avances públicos, comunicacionales y políticos del movimiento de mujeres. No sin resistencias, claro. Un sistema de Justicia con enfoque de género no implica solamente tener dispositivos de atención a víctimas de violencia con personal especializado (los cuales, por cierto, distan mucho de funcionar en buenas condiciones en todo el país). Por el contrario, implica entender que las violencias contra las mujeres y contra todas las personas por su identidad o su expresión de género, o por su orientación sexual, son estructurales y atraviesan todos los fenómenos criminales y los conflictos sometidos al sistema de Justicia. Como esa violencia está enquistada en la desigualdad entre varones y mujeres, impartir justicia de manera igual, neutral, "ciega" frente a las desigualdades, es un modo de sostenerlas y reproducirlas, y de perpetuar las condiciones para el desarrollo de las violencias.

El camino que falta es muy largo, es hostil, es sinuoso, va a estar lleno de obstáculos y partidos difíciles. Sin embargo, las transformaciones operadas en estos tres años han sido tantas que su mera existencia es, en sí misma, un dato esperanzador. El entusiasmo, de todos modos, no puede opacar la necesidad de intensificar las acciones de parte de cada organismo y cada integrante de la administración de Justicia. Solo así será posible avanzar en este camino y profundizar el proceso en el cual, en sororidad, continuamos trabajando colectivamente las mujeres.

La autora es titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Publico Fiscal de la Nación.