Con frecuencia casi cotidiana se observan en nuestro país, y de manera particular en la Ciudad de Buenos Aires, situaciones que parecen haberse naturalizado y que resultarían inverosímiles en cualquier lugar del mundo: cortes de accesos neurálgicos, autopistas, calles y avenidas céntricas, por parte de grupos que consideran que su reclamo es lo suficientemente legítimo como para interrumpir la circulación de todo el resto. En esas circunstancias el caos y el desorden se apoderan de la vía pública ante la impotencia de la mayor parte de la ciudadanía, que se ve afectada en un derecho tan básico como la libertad para movilizarse.

Tanto en esta semana como durante la anterior, y como de costumbre en los últimos años, sobraron motivos para manifestarse en las calles. Reclamos de las organizaciones sociales por las tarifas y la inflación, de los gremios docentes por el salario, de la izquierda en contra del ajuste y del acuerdo con el FMI. Sumando a todo eso los recurrentes paros de subtes realizados por los Metrodelegados, quienes también consideran a sus reclamos sectoriales de tal validez como para impedir que cientos de miles de personas puedan viajar, la Ciudad volvió a resultar intransitable.

La situación y las perspectivas de conflictividad en las calles para el presente año son preocupantes. El último informe de Diagnóstico Político da cuenta de que por segundo mes consecutivo se registraron más de cien piquetes en la Ciudad de Buenos Aires. Si a los contabilizados en abril se suman los del primer trimestre, se llega al alarmante número de 330 cortes en lo que va del 2018 (a razón de casi tres por día). Es decir, el inicio de año con más cantidad de piquetes en la ciudad desde 2009. Esta escalada, a su vez, no fue producto de un pico de conflictividad excepcional, como ocurrió, por ejemplo, en marzo del año pasado, cuando confluyeron una serie de marchas masivas que hicieron que el número de bloqueos de aquel mes contrastara con el de los meses previos y los sucesivos. La progresión durante 2018 más bien muestra que todos los meses tuvieron un alto caudal de piquetes. Enero y febrero, meses por lo general calmos en las calles, este año más que duplicaron la cantidad de cortes de los años precedentes. Y la tendencia es creciente. Es decir que, lejos de estar apaciguándose, la cultura del piquete en la capital del país parece cada vez más afianzada.

Más aún, adquirió una preponderancia inusitada una de las facetas que caracterizó al fenómeno de los piquetes en los últimos dos años, y que tiene que ver con su creciente nivel de politización. A tal punto es así que las principales organizaciones sociales (Barrios de Pie, CCC y CTEP), que junto a los gremios estatales son los actores con mayor nivel de participación en los distintos cortes, recientemente anunciaron el lanzamiento de un espacio político de “clara oposición al macrismo”. Se formaliza así la politización partidaria del piquete, que hasta ahora se intentaba camuflar bajo consignas de índole social.

Ante el cuadro descrito, sigue siendo un gran interrogante si las actuales autoridades están dispuestas a dar algún tipo de respuesta consistente para enfrentar el problema. Hay un lógico consenso generalizado respecto a que interrumpir el tránsito en la vía pública constituye un acto de ilegalidad manifiesto, y mucho más cuando opera, de manera tan flagrante, como mecánica extorsiva. Incluso en el nuevo proyecto de Código Penal que se enviará al Congreso se han incorporado penas severas para quienes realicen piquetes. Sin embargo, hasta el momento ha prevalecido la inacción política, no dando cuenta del hartazgo de la sociedad, ni tampoco dimensionando los evidentes costos que esto ocasiona para el país en general, considerando el impacto de los piquetes en términos económicos, institucionales, ambientales y de credibilidad política.

Esto deja en una posición de difícil justificación al Gobierno porteño, ya que, durante los años del kirchnerismo, uno de los principales argumentos de la inacción de la Ciudad respecto a los cortes de calle era el hecho de no contar con los efectivos policiales para intervenir. Luego, a principios de 2016, ya con un gobierno de igual signo político en la nación, era atendible un período inicial de formación de la policía local para un tipo de acción a la que no estaba habituada. Al mismo tiempo, el temor a posibles desbordes que pudieran afectar la gobernabilidad, en el contexto de la compleja situación socioeconómica, obró como justificativo para que primara una actitud cautelosa de las autoridades locales, en consonancia con la Casa Rosada.

Transcurridos casi dos años y medio del traspaso de las fuerzas de seguridad, y con Cambiemos afianzado políticamente luego de la clara victoria electoral de 2017, no parece haber argumentos sostenibles para que aún no haya una política clara orientada a garantizar un orden razonable en la vía pública. Es cierto que el Gobierno de la Ciudad ha intervenido con acciones preventivas junto a otras medidas tendientes a ordenar y contener el caos resultante de las marchas y los cortes, y que como resultado de ello en algunas ocasiones se ha podido mitigar su impacto, por ejemplo, disminuyendo la cantidad de carriles afectados y reduciendo la prolongación de los piquetes.

Pero las estadísticas son categóricas, y la sensación generalizada de una ciudad en caos permanente es incuestionable. La frase de hace unos días del jefe de Gobierno: “Estoy hinchado… de estos cortes, pero trabajo mucho para evitarlos”, demuestra con crudeza la percepción oficial respecto a la gravedad del asunto y la dificultad para encontrarle la vuelta.

¿Estará de una buena vez el Gobierno de la Ciudad dispuesto a enfrentar con decisión esta cuestión? Es de esperar que sí. Esto probablemente conllevará pagar determinados costos. Pero la acción política, cuando parte de la convicción de hacer lo que es correcto, justifica asumir riesgos. Además, como ya se hizo referencia en los párrafos precedentes, también existen costos por no actuar, y están a la vista. Son concretos, no potenciales.

Por otro lado, la Ciudad ya dio muestras de antecedentes exitosos en lo que refiere a la restauración del orden en el espacio público, como exponen, por ejemplo, los casos de los manteros de Florida y de Once, o como ocurrió con la recuperación del Parque Centenario. Situaciones en las que hubo que atravesar turbulencias y desmanes múltiples, y doblegar resistencias de todo tipo. Porque, como es sabido, la lógica del piqueterismo en la Argentina ha calado en vastos sectores de la sociedad, y cuenta con fervientes sostenedores políticos, mediáticos y hasta judiciales.

Pero como demuestran aquellos antecedentes de éxito mencionados, o también los sucesos del martes en las vías de la Línea H, si pueden conjugarse una decisión política firme y un uso sensato de las fuerzas del orden, cabe esperar que el Estado de derecho prevalezca por sobre los intereses partidarios y corporativos de determinados sectores que apelan a formas de expresión tan antidemocráticas como la violencia y la extorsión.

El autor es politólogo, analista jefe en Diagnóstico Político.