El ingreso básico universal: desafíos frente al modelo finlandés

Es extraordinaria la decisión de Finlandia de cancelar su programa titulado renta o ingreso básico, ello demuestra su capacidad de cambio y reacción. La reacción de Finlandia es correcta, porque no reducía impuestos generales y no eliminaba las cargas al trabajo, no obligaba a utilizar esa ayuda pública con fines específicos y en realidad destinaba fondos públicos para una información estadística de consumos a fin de saber en qué gastarían dinero un reducido número de desocupados. Era un gasto sin ninguna obligación específica en un país que ya brindaba una seguridad social de salud, educación gratuita y generosos subsidios.

Las estadísticas de consumo básico ya son conocidas, inclusive sus porcentajes por ingresos, edades o género: alimentación, salud, vivienda, educación, comunicación, transporte, servicios públicos, vestimenta, esparcimiento.

Pero la mayor confusión es que no era una asignación universal porque se destinaba a un segmento poblacional (amplitud: dos mil personas, segmento: desocupados y edades: entre 25 y 58 años) y, por lo tanto, no comprendía a toda la población sin distinción de género, edad, capacidad económica, situación social o ubicación geográfica.

La asignación universal, el crédito universal u otras denominaciones es la consecuencia inevitable de reformas estatales sobre impuestos y seguridad social que llevan a la unificación de las distintas ayudas públicas.

La discusión se amplía por el tratamiento de temas centrales como la eliminación de los impuestos al trabajo y la reducción significativa de todos los impuestos y, por otra parte, como consecuencia de esos menores recursos se impone la necesaria eficiencia estatal en la distribución tecnológica de los recursos con destino social.

Si el trabajo es importante para las personas y la sociedad, se lo está alterando al imponerle impuestos específicos al trabajo, ya que el sueldo de bolsillo no es igual al sueldo nominal. La seguridad social en casi todos los países recibe cada vez más impuestos generales para cubrir los déficits de caja, pero cada vez son menores los beneficios recibidos.

Un tercio aproximado de los impuestos recaudados es destinado a administración pública, seguridad, Justicia, pago de deuda y promoción de la economía, y el resto tiene destino social.

Aún existen pobreza y limitaciones al desarrollo en personas de menores recursos, a pesar del esfuerzo que se realiza con los miles de programas, planes y acciones que se instrumentan en los ámbitos nacional, provincial, municipal e incluso de las empresas y los entes estatales.

La reducción de los impuestos va a imponer un único sistema de distribución eficiente para todos los titulares de documento de identidad, con una o dos acreditaciones mensuales para abarcar consumos básicos ya establecidos.

La ayuda estatal o seguridad social es para toda la población, que tendrá los beneficios de una muy pequeña acreditación bancaria pautada para los consumos determinados y el inmediato doble efecto personal por la reducción de impuestos a los ingresos personales y por la reducción en el precio de adquisición de los bienes o los servicios.

Esperemos que en breve plazo exista una verdadera asignación universal.

El autor es presidente de la Fundación Milenio Sin Pobreza.