Con la reglamentación de la ley de víctimas, el Estado argentino dio un paso definitivo hacia un nuevo paradigma: las víctimas pasan al centro de los procesos judiciales. Hasta hace poco, estas observaban desde afuera cómo abogados, fiscales y jueces determinaban si habría justicia por hechos que, en ocasiones, habían transformado profundamente sus vidas. Su impotencia se agravaba por discursos y tendencias judiciales que miraban todo desde el punto de vista de los victimarios. Hace dos años, esta situación comenzó a revertirse.

En 2016, las víctimas volvieron a estar presentes en el discurso de un gobierno nacional y desde Justicia 2020 se generaron reuniones a fin de presentar la agenda y los proyectos del Ministerio para escuchar y tener en cuenta sus propuestas. El 2017 marcó otro hito, al sancionarse la ley que convertía a las víctimas en protagonistas de los procesos judiciales.

Entre otras cosas, la ley de víctimas otorga representación, protección y contención a las víctimas de un delito. Dispone que estas o sus familiares directos puedan participar como querellantes en el proceso penal y sean escuchadas e informadas del estado del proceso; refuerza las medidas de seguridad sin afectar su intimidad, y les acerca profesionales para que retomen el curso normal de sus vidas sin miedos ni otras consecuencias traumáticas que pudieran haber provocado el delito.

Para entender el enorme giro que se está produciendo por iniciativa del gobierno nacional, repasemos un poco de dónde veníamos. La Argentina tiene un sistema judicial heredado del Virreinato del Río de la Plata, que poco ha cambiado desde entonces, inspirado por un régimen político centralizado en la figura del rey. En las monarquías, quien era acusado de cometer un delito no era procesado por agraviar a la víctima, sino al garante de la ley. Es decir, al Estado. Es decir, al rey. En esta relación entre el acusado y el Estado, la víctima no tenía nada que hacer ni decir.

La lógica del sistema se mantuvo hasta 2017. La ley de víctimas representó una señal valiosa y muy importante, porque mostró que, al contrario de lo que mucha gente piensa, los políticos también tienen un diagnóstico de que las mejoras en la Justicia son necesarias y trabajan para hacerlas realidad. Asimismo, mostró que existe un cambio hacia la dirección que la sociedad ha elegido: la impunidad de los delitos que promovió el garantismo en la primera década de este siglo empieza a ser revertida. La reglamentación hace que esa ley se concrete y empiece a generar efectos positivos.

Es difícil dar dimensión del cambio de paradigma que supone el reconocimiento de los derechos de la víctima. Más aun cuando venimos de gobiernos donde los principales dañados por el delito eran tratados con sospecha o desdén, o revictimizados a través del discurso oficial. Por eso estamos ante un paso inédito, concreto y sustancial, que colaborará con la reparación de las víctimas sin poner en riesgo el debido proceso.

La ley de víctimas es un avance que forma parte de un programa mucho más amplio de reforma judicial: Justicia 2020. Es un cambio que no alcanza para recuperar la confianza de los ciudadanos en la Justicia, que en la actualidad es muy baja, pero es un paso adelante y la voluntad de este Gobierno es seguir avanzando con pequeños pasos para alcanzar el objetivo de contar con una Justicia democrática, moderna y transparente.

El autor es jefe de gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.